Las crónicas y reportes oficiales sobre los homicidios perpetrados en la provincia de Córdoba durante 2025 dejaron como dato distintivo una marcada tendencia hacia la baja del número de casos de estas características respecto de años anteriores.
No se trata de retraerse frente a la gravedad que implica para la sociedad cada muerte violenta. Pero las estadísticas inmediatas llevan a preguntarse si la comunidad ha puesto bajo control las crispaciones cotidianas o si los grupos más insidiosos en los ámbitos familiares o barriales asumieron las consecuencias de llevar eventuales diferencias al extremo de la muerte.
Como informamos días atrás, 2025 dejó 90 personas fallecidas en episodios criminales, mientras que 682 resultaron heridas con armas de fuego y 705 fueron apuñaladas pero sobrevivieron.
Es decir, en un mapeo general de la dinámica criminal, Córdoba se mantiene por debajo de los promedios interanuales referenciados en la tasa de homicidios cada 100 mil habitantes que muestran las provincias de Buenos Aires y de Santa Fe.
Pero vale retomar los indicadores en Córdoba y cotejarlos con años precedentes para concluir en la citada merma de hechos. Si bien las 90 personas ultimadas en 2025 no deben dejar de preocupar a los organismos competentes del Gobierno provincial y de la Justicia, viene al caso enumerar que durante 2024 se cometieron 117 asesinatos; en 2023 otros 116 y en 2022, la cifra fue de 99 crímenes.
Y, como una referencia histórica que aún causa escozor, pero que por fortuna no se ha repetido, la crónica señala que en 2005 se perpetraron 132 asesinatos en Córdoba, al tiempo que en 2015 hubo 136.
En síntesis y sin exagerar los gestos de optimismo, es de destacar que el año pasado fue el menos cruento en esta problemática al cabo de dos décadas.
Violencia urbana, crímenes en ocasión de robos, ajustes de cuentas en el submundo del narcotráfico y episodios irreversibles en grupos familiares en descomposición de relaciones.
Y es en ese clima de convulsión donde se inscribe el drama de los femicidios. En este sentido, las cifras oficiales difieren en relación a los registros de La Voz: mientras a escala pública se dio cuenta de siete femicidios en 2025, este diario contabilizó 12. Esa diferencia puede obedecer a la calificación legal de esos crímenes, pero de ningún modo omite la gravedad de un modelo de conductas que debe mantener en alerta y vigilancia constante a los poderes del Estado.
Y, en términos generales, vuelve a ocupar un lugar preponderante la polémica nunca saldada del acceso a las armas de fuego por parte de las bandas delictivas que llegan a matar a las víctimas para sustraerles un celular o algunas pertenencias de módico valor.
Los antecedentes que nos muestran el descenso significativo en el número de asesinatos en la provincia deben redoblar los esfuerzos gubernamentales y judiciales en la prevención de desenlaces trágicos. No sólo con cargo en los malvivientes, sino en entornos sociales vulnerados y en riesgo permanente.
