Con el asalto a golpe de decretos con el cual el presidente Javier Milei decidió entrar finalmente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el horizonte institucional de la Argentina terminó de nublarse. Si el primer año de la gestión libertaria había sembrado dudas por el modo de resolución del bloqueo mutuo que tenía con el Congreso, ahora entra en riesgo el equilibrio con la Justicia, en el escalón más importante: el del control de constitucionalidad de los actos de gobierno.
Milei se aprovechó de una suma de atajos para imponer dos abogados de su confianza en el máximo tribunal de la Nación, con lo cual eludió el requisito del acuerdo con mayoría agravada del Senado de la Nación. Recurrió a una hendija del texto constitucional que faculta al Poder Ejecutivo a designar empleados en comisión durante el receso anual del Congreso.
Los empleados designados son, en este caso, Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla.
La norma habilita la designación de esos empleados cuando las vacantes ocurrieran durante el receso. Los cargos cubiertos son los que dejaron vacantes Elena Highton en noviembre de 2021 y Juan Carlos Maqueda en diciembre de 2024.
La designación de Lijo y García-Mansilla llegó tras un año de requerir el acuerdo del Senado, sin resultado favorable a los deseos del presidente Milei. El Senado tiene todo el derecho de ejercer un criterio propio para otorgar o negar su acuerdo.
Como la fisura del texto constitucional sólo habilita al Presidente a la designación excepcional de cargos en comisión, la Casa Rosada despachó los decretos a horas de que comenzara el período ordinario de sesiones del Parlamento. El fundamento del Gobierno es estrictamente político. Como no consiguió los votos en el Congreso, decidió violentar el requisito que ordena la Constitución.
Por ahora, la Corte Suprema le tomó juramento sólo a García-Mansilla, porque Ariel Lijo debería renunciar a su cargo de juez federal en Comodoro Py para asumir su vocalía. Lijo no quiere hacerlo porque la designación por decreto es una excepción que vence a fin de año.
Se ampara en un pedido de licencia común que le otorgaron sus superiores de la Cámara Federal, cuyas atribuciones de superintendencia jamás pueden exceder las de la Corte Suprema. El atajo de la licencia de Lijo es el eslabón avariento en la cadena de irregularidades desatada por el Gobierno nacional. Lijo teme quedarse en diciembre sin el pan y sin la torta.
Otro eslabón indigente le atañe a García-Mansilla: durante su comparecencia en el Senado, había dicho que no aceptaría jurar con una designación por decreto. Cambió de principios. A los originales los había expuesto en su tesis de posgrado en la universidad de Georgetown; tesis dedicada por completo a los desvíos inconstitucionales que han destrozado el criterio republicano de separación de poderes en la Argentina.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, aportó otro eslabón al justificar los decretos de Milei con una serie de antecedentes inservibles y una mentira. Los antecedentes que mencionó son todas las designaciones por decreto de jueces de la Corte realizadas en el pasado. Pero siempre antes del requisito constitucional del acuerdo senatorial prescripto por la Constitución vigente, que es la reformada en 1994.
La mentira fue la alusión al decreto 83/2015, del expresidente Mauricio Macri. Aquella designación por decreto de los jueces Carlos Ronsenkrantz y Horacio Rosatti que nunca se concretó, porque Macri retrotrajo a tiempo su decisión y ambos jueces fueron votados con un consenso inédito en el Parlamento.
Tendencia
El asalto a la Corte viene además a consolidar una tendencia preocupante. Durante el año pasado, Milei introdujo una novedad en el maltrecho equilibrio de poderes del sistema político argentino: potenció a niveles inusuales la utilización de facultades delegadas y decretos de necesidad y urgencia como recurso de gobernabilidad por el carácter ultraminoritario del oficialismo en el Congreso.
Son también hendiduras grises del texto constitucional las “prohibiciones habilitantes” de las que todavía se quejan algunos constituyentes de 1994. Milei las combinó con el ejercicio del veto, aprovechando el recurso de la sanción ficta que dejó como ominoso antecedente legal el kirchnerismo cuando se creía eterno. Pero la Corte Suprema estaba ajena a ese dispositivo de fortalecimiento presidencial por la vía del bloqueo cruzado con el Poder Legislativo; resguardaba una instancia de independencia institucional.
No toda la responsabilidad le atañe al titular del Ejecutivo. La calidad del sistema se mide por el umbral que fija la oposición y Milei llegó al poder con una oposición destrozada en la credibilidad pública. Que además apostó –en su componente mayoritario– a la destitución de Milei y al fracaso del gobierno votado por el pueblo, prácticamente desde el inicio de la actual gestión. Eso profundizó la crisis de representación y terminó favoreciendo la sumisión por veto que Milei puso en práctica para sostener su gobierno.
Caben dos ejemplos nítidos: Cristina Kirchner, que no pierde oportunidad de tutear al Presidente con acento villero cada vez que discrepa con el Gobierno, mantuvo un silencio sugestivo tras los decretos de jueces para la Corte. Mauricio Macri se pronunció en contra, pero no pudo alinear a su breve partido en esa decisión. El radicalismo navegó un año en la indefinición. Todavía no sabe.
Milei ha conseguido una oposición a su medida: tan andrajosa que antes que confrontarlo, prefiere huir. Pero en una perspectiva de más largo plazo, cada daño que se le hace por especulación personal al equilibrio de poderes, a la institucionalidad y a la salud republicana del sistema político termina conspirando contra el conjunto.
Hoy la Casa Rosada se satisface con la idea de una mayoría propia en la Corte. Degradar las instituciones con el péndulo de la arbitrariedad es un daño que siempre regresa en perjuicio de todos. Es como el cántico mordaz de los asturianos: “Ellos eran cuatro y nosotros ocho. Qué paliza les dimos... ellos a nosotros”.
