Durante décadas, los argentinos con capacidad de ahorro -escasa o grande, ya sea de origen declarado o informal– han optado por resguardar su capital fuera del sistema financiero local. Bajo el colchón, en cajas de seguridad o en el exterior, se ha buscado escapar del riesgo intrínseco argentino, lo que ha privado al país de los recursos necesarios para alimentar una dinámica de inversión y crecimiento genuino.
La formación de activos externos –popularmente conocida como “fuga de capitales”– es una constante de la historia argentina. Este fenómeno, sin embargo, no constituye la causa de nuestros problemas económicos, sino su consecuencia. Esta distinción no es meramente semántica, sino que tiene importantes implicancias analíticas, ya que define el diagnóstico y la búsqueda de soluciones.
Cuando se interpreta como la causa de las crisis económicas, se construye una narrativa en la que la salida de divisas es la que genera inestabilidad cambiaria, caída de reservas, presión inflacionaria, retracción de la inversión y recesión.
Desde esta lógica, se responsabiliza a los actores económicos –personas o empresas–, lo que suele derivar en políticas restrictivas, como controles de capitales o cepos cambiarios, que buscan forzar la permanencia de los recursos en el país en lugar de generar las condiciones para que nuestro capital no quiera huir.
Por el contrario, si entendemos que la fuga de capitales es la consecuencia de los problemas estructurales que caracterizan a nuestro país, el foco se desplaza hacia las verdaderas causas: inflación crónica, déficit fiscal persistente, alta carga tributaria, inseguridad jurídica, desconfianza en las instituciones, inestabilidad política y nula previsibilidad.
Este segundo enfoque propone soluciones de mayor alcance: crear un entorno económico, político e institucional confiable, con reglas estables, disciplina fiscal y monetaria y un marco jurídico que proteja derechos y contratos. En lugar de perseguir al ahorrista, se trata de generar las condiciones necesarias para que el ahorro permanezca, se invierta y contribuya al desarrollo del país.
Blanqueos y amnistías fiscales
Al margen de estas posiciones ideológicas –donde los enfoques más intervencionistas tienden a abrazar la primera interpretación, y los más liberales, la segunda–, lo cierto es que, en la práctica, la política argentina ha oscilado entre dos acciones: controles para impedir la salida y blanqueos fiscales para incentivar la exteriorización de activos. Desde el retorno a la democracia en 1983, casi todos los gobiernos implementaron regímenes de amnistía fiscal.
El caso más emblemático de la historia argentina fue el blanqueo de capitales promovido por el gobierno de Mauricio Macri, que permitió blanquear más de U$S 110 mil millones. Sin embargo, la mayor parte de ese capital nunca ingresó al circuito productivo local.
Más recientemente, la administración de Javier Milei promovió un nuevo esquema de exteriorización que permitió ingresar unos U$S 30 mil millones al sistema financiero y mejorar así la posición de reservas del Banco Central, aunque luego una parte importante fue nuevamente retirada del sistema. La segunda edición viene con el “Plan de Reparación Histórica del Ahorro de los Argentinos”.
Estas iniciativas, aunque útiles en el corto plazo para mejorar variables de forma transitoria –como las reservas, los ingresos fiscales o el consumo, según el caso–, no han logrado revertir la tendencia estructural de desconfianza. La economía informal continúa en ascenso y el sistema financiero permanece débil, con una baja tasa de intermediación del ahorro.
El ahorro que se esconde, la inversión que no llega
Sin ahorro, no hay inversión. Y sin inversión sostenida, no hay crecimiento posible. La fuga de capitales en Argentina es un reflejo de la desconfianza sistémica. Revertirla exige una transformación profunda en el plano económico, político e institucional.
El gobierno actual parece estar decidido a buscar soluciones en el plano económico, garantizando disciplina fiscal y monetaria, fortaleciendo el Banco Central y promoviendo su independencia para defender el valor de la moneda.
Sin embargo, los desafíos pendientes son aún significativos: reformas estructurales (tributaria, laboral, previsional, educativa); un sistema cambiario coherente y sostenido con reservas internacionales suficientes, y un marco regulatorio que premie la inversión productiva y el empleo formal.
Cualquier esfuerzo será insuficiente si no se logra construir un marco de acuerdos políticos multipartidarios amplios y duraderos, a partir de los cuales se pueda garantizar la continuidad de políticas clave (fiscales, monetarias, cambiarias) más allá del signo político del gobierno de turno.
Revertir los procesos de formación de activos externos es un objetivo necesario para la construcción de una Argentina con desarrollo. Se trata de una batalla por la confianza de los ahorristas. Y, para ganarla, se necesita coherencia económica, fortaleza institucional y madurez política.
- Licenciada en Administración
