Sin duda, debe existir mayor conciencia y sensibilidad en la población acerca de los problemas que pueden aparecer durante el embarazo, parto y puerperio respecto de la salud mental. También es preciso mejorar los recursos destinados por los gobiernos a prevención, detección y tratamiento.
Ciertamente, salud mental y maternidad son dos esferas de la vida humana atravesadas por grandes prejuicios.
Imaginemos la siguiente situación: una persona gestante transita su embarazo con una red de afectos sólida, desea traer ese hijo/a al mundo y puede, además, ofrecerle una vivienda digna, acceso a la educación y a la salud.
Obsérvese que en la situación planteada no estamos imaginando mucho. Sin embargo, no es lo más frecuente en la Argentina actual.
Podría suceder que esta mujer, que ha pasado su embarazo en condiciones favorables, atraviese su posparto con grandes dificultades, se encuentre triste, no pueda conectar con su bebé como quisiera y la lactancia le resulte un desafío con el que le cuesta lidiar.
Imaginemos que, además, su círculo niega su padecimiento: ¿De qué te quejás? ¡Tu bebé es sano! ¡Todo salió bien!
Bajo estas condiciones, sabemos que si cambiamos nuestra mirada como sociedad y alojamos las distintas experiencias, extirpamos de raíz los preconceptos sobre una maternidad rosa para que cada persona pueda encontrarse con su maternidad de la manera en que esto le sea posible, y acompañamos ese proceso desde las familias y –en caso de ser necesario– desde los equipos de salud de manera respetuosa, la historia sería otra.
La situación en los últimos años ha mostrado un avance, ya que se ha trabajado fuertemente en ello con normas como la Ley de los Mil Días (número 27.611), la cual se ocupa de fortalecer y acompañar la atención y el cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia, o la Ley de Parto Respetado (número 25.929), que reconoce y amplía los derechos de las personas gestantes, los bebés y sus familias.
Pero, aun así, hay mucho camino por recorrer. Si a la mujer del caso presentado le negamos que muestre su padecimiento, es más, le decimos que no puede padecer, ¿qué haremos con esas otras maternidades atravesadas por diversas condiciones de vulnerabilidad? ¿Qué trato les daremos, qué atención? A esta altura, la prevención ha caído en el olvido.
Si bien la situación hipotetizada se encuentra cristalizada en el imaginario colectivo como universal, no es representativa de todas las mujeres.
No todas las maternidades se producen en un contexto de estabilidad económica; no todas tienen red de contención alguna; no todas desean el embarazo; no todas cuentan con atención médica de calidad ni con licencias laborales. Tampoco todas son mujeres. La lista sigue.
Visibilizar estas realidades es necesario. Y si de salud mental se trata, hablemos puntualmente de aquellas mujeres que transitan su embarazo, parto y puerperio en un contexto de atención por salud mental.
Resulta imprescindible visibilizarlas, porque en ellas ha recaído históricamente la mayor de las violencias.
Muchos países, incluso el nuestro, han documentado cómo el manicomio arrasó con todos sus derechos civiles y, en ese sentido, los derechos sexuales y reproductivos fueron absolutamente violentados: esterilizaciones forzadas; violencia obstétrica de la más cruda (partos con anestesia total y separación del hijo desde los primeros días, etcétera); acceso limitado a anticonceptivos; inaccesibilidad a productos de gestión menstrual; atención ginecológica sólo ante la sospecha de enfermedad o embarazo.
Es también por ello que muchos países del mundo han dejado atrás el manicomio y otros tantos transitan ese camino.
En este sentido, se vuelve fundamental la plena implementación de la Ley de Salud Mental (número 26.657) en nuestro país. No se puede pensar a un sujeto del padecimiento psíquico sin pensar a un sujeto de derecho.
El instrumento jurídico brinda las coordenadas para establecer los criterios en la toma de decisiones y señala cuál es la responsabilidad profesional, en tanto delimita nuestra obligación de proteger los derechos de las pacientes.
Estas son las directrices que hemos postulado como sociedad para entender nuestros problemas.
La Ley de Salud Mental vigente ha sido gestada a partir de un gran trabajo colectivo y con apoyo comunitario. Resulta vital que a nivel nacional se instrumenten los recursos necesarios para que pueda ser implementada plenamente en todo el territorio.
Docente de la Licenciatura en Psicología e investigadora en Psicología Sociocomunitaria de Uade
