En menos de una semana salieron a la luz hechos diversos y gravísimos que salpican al gobierno de Juan Schiaretti. Me refiero al hackeo del sistema del Poder Judicial, a la muerte de la maestra Karina Moyano y al suceso que nos conmociona a todos: la muerte, en circunstancias dudosas, de bebés sanos nacidos en el hospital Neonatal. Aunque a priori no se visualiza conexión entre ellos, debo decir que no se trata de acontecimientos aislados; por el contrario, tienen un común denominador: el cordobesismo.
Es decir, la estructura de gobierno verticalista del PJ, que en sus 23 años de mandato ha centralizado poder, sosteniendo en sus cargos ministeriales aun a los más inoperantes, tapando todo lo mal hecho hasta que explota y vulnerando derechos fundamentales de la población. Que además cuenta con la sumisión del conjunto de las instituciones provinciales: la Justicia, la Policía, la Legislatura se rinden ante el poder del Gobierno, en gran medida porque fueron puestos por él, a punto tal que replican al interior de sus dependencias las lógicas del PJ cordobés: autoritarismo, violencia y censura son parte del modus operandi.
Dos décadas en una semana
Esta semana negra no es un rayo en un cielo despejado. Hechos similares ocurrían antes. Pero que todo se haya dado junto en un período tan corto puso ante los ojos de miles lo que venimos denunciando hace ya mucho tiempo.
Se me viene a la memoria el caso de José Piñero, quien en 2020, mientras estaba a cargo de la Senaf, trató de mentirosos a los trabajadores que denunciaron las vulneraciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes tutelados por el Estado. Meses después, y luego de que saliera a la luz la violación de una menor dentro de una residencia, el funcionario debió renunciar.
Otro caso muy resonante fue el de Diego Concha, hoy imputado por el abuso sexual y la muerte de Luana Ludueña pero a quien antes sostuvieron e incluso premiaron, hasta que todo se hizo público y terminó renunciando y preso.
Ni hablar de la Policía, que cada día maltrata y persigue a pibes y con mucha frecuencia los mata. El caso de Blas Correas, el de Joaquín, el de Güere o, más recientemente, el asesinato de Jonatan Romo dentro de una comisaria son muestras de esto.
Bozales a la verdad
Por eso buscan todas las formas de callar a los únicos que verdaderamente quieren defender lo público, que de verdad quieren que los programas y servicios funcionen y sean de calidad: los trabajadores y usuarios.
Así, en 2018 el ministro Diego Cardozo firmó un memo donde prohibía a los agentes dar información sobre lo que ocurría en los hospitales y centros de Salud –claro que su situación objetiva no tiene nada positivo para ser contado–. Su pasado como policía explica parte de ese autoritarismo; la otra parte viene dada por el funcionamiento verticalista del Gobierno.
Sin dudas, el intento de ocultamiento de lo sucedido en el Neonatal fue enorme. No sólo el ministro ya sabía hacía rato lo que estaba sucediendo, sino que había dos denuncias radicadas en la Fiscalía de Distrito 4, a cargo de Jorgelina Gutiez y, casualmente, cuando se supo que iba a trascender, un ciudadano X presentó la denuncia en la Fiscalía de Distrito 3, para que la investigación quedara a cargo del fiscal Raúl Garzón, cercano al Gobierno.
Lo máximo fue la presentación del Gobierno como querellante en el caso. Casi tan ofensivo como si se hubiera presentado como querellante en el caso de Blas. No tengo dudas de que si no hubiese tenido el nivel de repercusión pública actual, Garzón hubiera admitido la solicitud del Gobierno provincial. En efecto, el comunicado oficial lo daba por hecho y por eso pusieron textualmente “el Gobierno se constituyó como querellante”, en lugar de decir que lo habían solicitado.
Otra provincia es posible. Hoy la verdad sale a la luz de una forma muy cruda y dolorosa. Nos provoca muchísima indignación y bronca, pero creo firmemente que esos sentimientos no deben paralizarnos. Por el contrario, nuestra tarea es transformarlos en acción para reclamar que desde hoy nada vuelva a ser como antes, que se terminen el autoritarismo y la violencia y que lo que hacemos y producimos se ponga al servicio de resolver todas las necesidades de nuestro pueblo y garantizar una vida digna para las y los cordobeses.
* Docente y legisladora por el MST en el FIT Unidad
