Recurrir a un decreto para modificar una ley nos muestra un grado de autoritarismo no deseado en un Estado de derecho. Ello apuntado a las formas.
Es el caso del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 941/2025, que se publicó en el Boletín Oficial el 31 de diciembre de 2025 y que introdujo cambios de contenido en el Sistema de Inteligencia Nacional. En cuanto a la magnitud del decreto, podemos afirmar que estamos a punto de ser espiados de un modo más arbitrario que con el vigente de la ley 25.520 y sus modificatorias.
Voy a proponer intenciones, es decir, elaborar conjeturas que surgen de la lectura del proyecto y de ciertas observaciones en la redacción de esta gigantesca creación burocrática, que busca la perpetuación burda de las autoridades gubernamentales.
Algunas disposiciones implican un decisionismo abusivo y despiertan sospechas sobre el destino de los fondos. Por ejemplo, el personal que puede ser cesanteado sin causa, claro está, por la naturaleza de la inteligencia.
Otra: la utilización del vocablo encubierto que tiene sinónimos que meten miedo: furtivo, disimulado, fingido, tortuoso, sibilino, doloso, fraudulento, escondido, etcétera.
Asimismo, este DNU contiene disposiciones de carácter procesal penal que obligan a los jueces a expedirse en un tiempo determinado, y otros artículos inconstitucionales o en la zona de penumbra.
Sobre la interpretación
Como todos sabemos, el Congreso de la Nación y las legislaturas locales tienen a su cargo la elaboración y la sanción de las leyes. Es evidente que para desempeñar esas funciones resulta indispensable el uso de palabras, frases y oraciones que reflejen la voluntad del legislador, del pueblo, en definitiva.
Estas normas jurídicas, expresadas por medio de la comunicación escrita, no pueden eludir los defectos propios de todo lenguaje natural: la ambigüedad (no se sabe bien a quién o a qué se refiere), la vaguedad (habilita la posibilidad de incertidumbre sobre sus límites), la textura abierta (propensa a admitir extensiones o restricciones), las palabras huecas (carecen de referencia fáctica), etcétera.
En el caso de las funciones del Poder Judicial y para asegurar pronunciamientos equitativos, existen las distintas instancias, y la comunidad jurídica percibe con claridad cuando la sentencia es justa. Ello genera el valor más apreciado para todo litigante: la predicción de lo que harán los tribunales.
Tal como afirma Hans Kelsen, cuando el juez interpreta, produce el sentido y el alcance de las normas que aplica. Ello es legítimo, aunque se pueda cuestionar. En pocas palabras, muestra los nervios de la gestión judicial. Derecho, entonces, es lo que los jueces dicen que es derecho.
El DNU 941/2025
Sin lugar a dudas, la Argentina viene transitando décadas de corrupción generalizada. Sin embargo, ello no autoriza a los actuales gobernantes a darse el lujo de ser poco transparentes mediante el dictado del DNU de referencia.
Oliver Wendell Holmes afirma: “Si queréis conocer el Derecho y nada más, mirad el problema con los ojos del mal hombre, a quien sólo le importan las consecuencias materiales que gracias a ese conocimiento puede predecir”. Con ese espíritu leemos la enmarañada organización de estructuras y funciones, en algunos casos con tareas superpuestas.
El cuantioso presupuesto asignado al Sistema de Inteligencia Nacional lo administrará Santiago Caputo, quien podría destinar los fondos para resolver cuestiones políticas (es decir, de conveniencia y oportunidad), o bien podría emplearlos para “disciplinar” personas o sectores parlamentarios. De cualquier modo, es imposible controlarlo.
El DNU incorpora la sospecha preventiva. Con ello, inteligencia, seguridad y coerción estatal vuelven a imponerse como en tiempos de la última dictadura y nadie puede establecer límites para denunciar las conductas dolosas.
En el capítulo vinculado a la obligación de informar las acciones y gestiones, por el carácter encubierto de sus actividades, es muy sencillo redactar extensas explicaciones mediante el uso de la falacia conocida como petitio principii, o argumento circular, que consiste en fundamentar la ejecución en premisas consideradas acertadas. Por ejemplo: después de un amplio desarrollo con ambigüedades y palabras huecas, se concluye citando algún artículo del extenso DNU 941/25 para cerrar el relato.
Conclusión
Frente al avasallamiento implícito, la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires tienen un reclamo común: no hay forma de saber cómo son usados los datos personales; nadie controla a los que controlan; los militares volverían a tareas de seguridad interior; la posibilidad concreta de una Side que te puede detener, y el regreso de la idea del enemigo interno.
Más de 20 organizaciones de derechos humanos, fundaciones y organizaciones no gubernamentales presentaron un documento conjunto en el que le reclaman al Congreso que rechace el DNU 941/2025, con el que el gobierno de Javier Milei transformó el Sistema de Inteligencia argentino en un instrumento de intimidación, contrariando principios constitucionales que protegen al ciudadano.
Desde nuestra perspectiva, el “secretismo” choca contra el orden democrático, sólo factible por vía de excepción y con una redacción e interpretación de carácter restrictivo, para evitar una tramposa justificación.
Doctor en Derecho
