La sociedad reclama que los corruptos sean castigados y que devuelvan el dinero, efectos, bienes o productos obtenidos de modo ilegal.
Con el objetivo de que los jueces, fiscales y el sistema judicial cuenten con una herramienta eficaz que sirva para colaborar en la lucha contra la corrupción y los delitos complejos, presentamos el proyecto que fuera aprobado el pasado 19 de diciembre en la Legislatura de Córdoba por una enorme mayoría de 58 votos afirmativos y tres negativos, conocida como ley del “arrepentido o delator”.
Nuestra provincia adhirió así a la ley nacional que fuera sancionada en 2016 por el Congreso de la Nación bajo el número 27.304.
Ingresar en la historia de este instituto en nuestro país llevaría muchas líneas y comentarios. Es por ello que consideramos más valioso detenernos en el funcionamiento de esta figura que fuera aprobada a nivel nacional y que hoy se aplica de modo positivo en la causa conocida como los “cuadernos de la corrupción”, que se tramita en los Tribunales Federales de la Ciudad de Buenos Aires.
Esta figura brinda hoy al sistema judicial resultados positivos en el avance y profundización de investigaciones complejas.
Ahora bien, nos parece correcto introducir modificaciones a la ley nacional, ya que la sociedad y el sistema judicial reclaman cambios en su implementación y funcionamiento.
Para ello, introducimos en el texto de la ley, referido al contenido del acuerdo de colaboración, que “el delator deberá ofrecer una propuesta concreta de reparación o restitución de los fondos, bienes, efectos, productos o ganancias del delito por el cual se brindare colaboración, con las que se hubiere beneficiado el imputado arrepentido”.
En síntesis, debe hacer una propuesta de devolución del dinero, bienes, efectos o ganancias mal habidos, tal como ya se encuentra legislado en otra ley nacional sancionada durante este gobierno: la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria, que impone como condición del acuerdo la restitución de las cosas o ganancias que sean provecho o producto del delito, artículo 18, inciso b, de la ley 27.401.
Otro aspecto importante de destacar es la corroboración provisional que debe hacer el juez de control respecto de la información proporcionada. Este tiene un plazo máximo perentorio de un año a contar desde la homologación, y debe establecer si se ha logrado razonablemente corroborar la veracidad, pertinencia y grado de relevancia conviccional suficiente en los dichos del arrepentido.
En correlación, se introduce una modificación en el Código de Procedimiento Penal en el instituto de la prisión preventiva, dentro de la causal del peligro de entorpecimiento de la investigación.
Así, se considera justificada la prisión preventiva cuando la información brindada no fuera admitida como provisionalmente corroborada con la pertinencia y grado de convicción suficiente.
De esta forma consideramos que estamos dando un paso institucional en la incorporación de este nuevo instituto a nuestro Código de Procedimientos, en la búsqueda de que se transforme en una herramienta útil para jueces y fiscales en la lucha contra el flagelo de la corrupción y de los denominados delitos complejos.
La corrupción atenta contra los ideales y exigencias de un Estado democrático y socava la credibilidad de las instituciones y fomentando la percepción social de impunidad.
A 35 años de la recuperación de la democracia, es responsabilidad de todos –y más aún de aquellos que ocupamos la función pública– aportar todas las herramientas que sean necesarias para la restauración de los valores esenciales que hacen al sistema democrático y a la defensa de los derechos humanos.
*Legislador provincial, bloque Cambiemos
