Para el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, un clavo siempre saca otro clavo. Él y su partido sobreviven como pueden: sin presupuesto, con imputaciones por corrupción, con proyectos envueltos en leyes ómnibus que fracasan y con aliados políticos más que alicaídos.
Frente a graves crisis abiertas –corrupción, vivienda, sistema ferroviario, red eléctrica, robo de datos personales en Hacienda– Sánchez ha cavado dos trincheras: el control de las redes sociales y la regularización exprés de inmigrantes. Vamos por la primera.
Regulación de las redes
A partir de la próxima semana el gobierno de Sánchez quiere prohibir el uso de las redes sociales para menores de 16 años. Nada extraño hay en ello a tenor de los datos proporcionados desde múltiples observatorios.
Ahora bien, el gobierno español sostiene que un enfoque combinado es necesario para contrarrestar el “discurso de odio, el material pornográfico y la desinformación organizada”, todos los cuales, según afirma, perjudican desproporcionadamente a los usuarios jóvenes. Aunque la protección a menores es legítima, el riesgo de control estatal es evidente.
El problema radica en que para validar la edad de los usuarios necesariamente requerirá de una verificación digital, dejándolos fuera del anonimato y expuestos a una fiscalía española sensible a los llamados “delitos de odio”.
La medida anunciada desde la World Governments Summit (Cumbre de Gobiernos Mundiales) de Dubái es una de las más radicales de Europa. Y lo es porque también pretende criminalizar la manipulación algorítmica y responsabilizar a los ejecutivos de las plataformas sociales frente a casos de “desinformación”.
“Las redes sociales se han convertido en un Estado fallido, un lugar donde se ignoran las leyes y donde la desinformación vale más que la verdad”, añadió Sánchez.
El presidente español acusó al propietario de X, Elon Musk, de usar una cuenta personal para difundir falsedades sobre la decisión de España de regularizar a 500 mil inmigrantes.
Las palabras de Sánchez soliviantaron al propietario de X, Elon Musk, que catalogó a “Dirty Sanchez” como “tirano” y lo llamó “fascista totalitario” —con emoji de excremento incluido.
En instantes, la etiqueta #DirtySanchez se hizo viral. Por otro lado, Pavel Durov, fundador de Telegram, difundió un mensaje a todos los usuarios españoles donde los instaba a “luchar por sus derechos”.
Entre la regulación y la libertad de expresión
España no está sola en esta nueva cruzada contra la libertad que gozan actualmente las redes sociales en gran parte de Occidente.
Países europeos como el Reino Unido, Francia, Italia, Grecia, Finlandia y Alemania están considerando mayores restricciones que conducen inevitablemente a un mayor control de la información por parte de los gobiernos.
Se pretende seguir el ejemplo de Australia, donde desde el 9 de diciembre de 2025 se aplica una regulación estricta de los usuarios de redes como Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Snapchat y Reddit.
En este país austral, las empresas se enfrentan a multas de hasta 33 millones de dólares por no eliminar a los usuarios menores de edad.
En paralelo al anuncio español, el pasado lunes 3 de febrero la policía francesa entró en las oficinas de X en París como parte de una investigación en curso sobre delitos cibernéticos y centrada en presuntas irregularidades en algoritmos y extracción no autorizada de datos.
Esta sincronía sugiere que existe una guerra nada camuflada por un mayor control estatal de las redes, vista la debilidad estructural que tienen los Estados con respecto al desregulado movimiento de información.
El control de la información, como sabemos, es poder; y ese poder construye marcos de pensamiento que en definitiva orientan el voto.
Regularización de inmigrantes
La segunda “trinchera” tiene que ver con la regularización extraordinaria de cientos de miles de inmigrantes propuesta por el gobierno español.
Esta regularización se haría por decreto-ley, lo que implica esquivar cualquier votación en el Congreso español. Naturalmente, esto ha generado críticas de la oposición y ha intensificado el debate.
Una de las más vehementes defensas de esta regularización vino del partido Podemos. Irene Montero, su secretaria política, aseguró en un mitin —y sin demasiada ironía— que “ojalá podamos barrer de fachas y de racistas este país con gente migrante, con gente trabajadora”.
El tema es espinoso en toda Europa. En el viejo continente existe ahora un fuerte rechazo a toda aquella legislación que se inauguró con la canciller alemana Ángela Merkel fruto de los desastres humanitarios de la guerra en Siria.
Una década después, podemos ver que la laxitud en el tema migratorio ha generado muchísimos inconvenientes.
En España, no son pocos los que piensan que abrir el país a medio millón de personas –y a sus familias– es un clavo más en el ataúd de los problemas.
Porque… ¿debería un país con desempleo estructural como lo es España –y con una tasa de desempleo juvenil del 25%– abrir la puerta a miles de brazos que competirán por esos escasos puestos de trabajo?
¿Puede un país con su sistema sanitario con evidentes síntomas de fatiga y estrés permitirse el lujo de añadir a miles y miles de beneficiarios? ¿Podrán las pensiones del futuro pagarse con lo que Marx catalogaría como mero ejército de reserva de capitalismo?
Solo la gran patronal, ávida de mantener salarios bien bajos, podría estar a favor de eso. Los partidos de izquierda españoles, sorprendentemente, también lo están.
Cortinas de humo
La lógica de Sánchez proviene de una apuesta en corto por el voto. El objetivo es alimentar la extrema derecha y polarizar para poner al grueso de la población entre el “fascismo” o “la democracia”.
En esa tesitura, se apelará al voto para Sánchez, el mal menor. Estas “trincheras” desvían la atención y centran el debate en los extremos, donde Sánchez juega a ser el baluarte del centro —un centro sumamente inefectivo, pero por lo menos “progresista”.
Los problemas de España son acuciantes. No sólo es la esposa del presidente español investigada por corrupción —al igual que su hermano, David Sánchez. Tampoco es que destacados miembros del PSOE estén en prisión por corrupción y que todo el partido enfrente múltiples casos relacionados con sobornos y prostitución.
El problema es que el país entero no funciona —Catalunya, gobernada ahora por el mismo partido socialista que gobierna España desde la Moncloa, estuvo recientemente cinco días enteros sin trenes.
Ante el desastre, Sánchez aprovecha las dinámicas del mundo a su favor. Si las grandes potencias utilizan la desinformación y el desplazamiento de masas migratorias como elementos de la guerra híbrida, Sánchez utilizará lo mismo, intramuros, como mera arma electoral. Si el pueblo no tiene trenes, que mire pasteles en Instagram.
Han transcurrido más de 77 años desde que George Orwell publicara, en 1949, su célebre novela 1984, y sin embargo asistimos a la incorporación –en distintos rincones del mundo– de muchas de las dinámicas que el autor describió con tanta precisión.
No obstante, Orwell escribió una advertencia contra el totalitarismo, no un manual de instrucciones. El tema no nos es ajeno: en Argentina, como en España, urgirá defender la libertad de expresión sin caer en cortinas de humo.
Historiador y docente
