Horas complejísimas se han vivido durante el fin de semana largo en los despachos oficiales del Gobierno provincial. En el entorno de Martín Llaryora, sostienen que la crisis generada por Myrian Prunotto y su millar de contratados está encapsulada en el Poder Legislativo, pero lo cierto es que nadie puede asegurar que la mano suelta con la que la Legislatura maneja su gasto no se haya extendido a otras áreas del Estado.
Es el segundo traspié que en el peronismo le facturan a Prunotto: en el cierre de 2024, fueron escandalosos los detalles de legisladores que rindieron facturas de bicicletas, de cajas navideñas, de juguetes, de nafta, de almuerzos y de banderas, muchas banderas que se financiaban con cuentas bastante turbias del presupuesto legislativo. Apenas una rendición cerrada que describe “gastos varios”.
Esa vez, sin embargo, la displicencia afectó a todos los bloques por igual. Ni uno se salvó, aunque el despacho de la exintendenta de Juárez Celman cargó con buena parte de los costos.
También es cierto que los 1.043 contratados que declara tener la Legislatura no son de Prunotto; al menos, no todos. Es una cuenta en la que faltan los nombres de unas 700 personas, dado que de manera voluntaria los diferentes bloques han informado con cuánta gente trabajan.
Además, La Voz recopiló la cantidad de monotributistas (que la Legislatura se negó a informar): son 287, de los cuales 105 fueron nombrados por Prunotto. ¿Se podrá saber para qué? ¿Qué funciones ejercen 287 personas, que se suman a los 1.043 contratados, que se suman a los 389 agentes de planta? Son 1.719 personas en la Legislatura provincial, más que las que tiene la planta de Fiat en Córdoba. Obvio que no van; no alcanzan ni los escritorios.
Párrafo aparte merecen los seis en promedio que se reportan a cada legislador: se asemejan a una miniempresa. Hay 532 mil empresas en el país con menos de nueve empleados, responsables del 98% del empleo en la Argentina. Cada legislador tiene una mipyme a su cargo, aunque, claro, los sueldos corren por cuenta de los impuestos que pagan los cordobeses.
¿Para qué puede necesitar Prunotto 105 personas? ¿Cómo es que sólo en diciembre de 2024, último mes de actividad antes del receso, se contrató a 23 personas? ¡23!
Se invocaron razones de “privacidad” y se dijo que se “negociaba” con el gremio la difusión del famoso listado. ¿Acaso el gremio cogobierna? ¿Puede un gremio impedir que se cumpla una ley, como es la de conocimiento de los actos del Estado o de acceso a la información pública? Quien accede a un planteo gremial contra lo que impone la ley, ¿no incurre en incumplimiento de los deberes de funcionario público? ¿O en omisión de denuncia, por no poner en conocimiento de la Justicia las presiones que recibe? ¿Qué privacidad, si ni siquiera se pide el monto de lo percibido? ¿Vale discutir privacidad cuando los fondos son del erario?
Dilema oficialista
En el Panal, sí achacan a Prunotto haber dejado que el tema avanzara hasta niveles ahora imposibles de encauzar. Tarde. Será gravoso tanto si la lista se muestra como si no.
Si se sigue escondiendo la nómina, seguirán agigantándose las sospechas. Hasta ahora, el Gobierno cuenta con la mano amiga del fiscal Anticorrupción, Franco Mondino. La última jugada fue imputar a la presunta empleada Virginia Martínez por falso testimonio.
Mientras, Guillermo Kraisman sigue detenido y mantiene la amenaza de abrir la boca.
No hay que olvidar la génesis del escándalo: esto se conoció porque Kraisman se presentó en la ventanilla del Banco de Córdoba con el documento de Luciana Castro para cobrar el salario de Martínez. Ahora, Martínez dice que nunca firmó ese contrato y que jamás supo que había sido nombrada empleada.
Los cordobeses darán por sentado, entonces, de mantenerse escondida la nómina, que está lleno de casos de contratados truchos, a la manera de “Chocolate” Rigau en La Plata, además de hijos, amantes, novios, cuñados y yernos. Fulbito para la tribuna, a seis meses de las elecciones.
Pero si muestra la lista, también habrá problemas. La encerrona es fatal.
Si es la lista verdadera, será el pícnic colectivo, porque saltarán todos los acomodados, ñoquis y personas de ilustre apellido que tienen que reconocer el mal trago de haberse humillado con tal de obtener un cargo público. Hay nombres que serán imposibles de creer por haber caído tan bajo.
Obvio que agradecen (y cómo) una beca sin marcar horario ni ir a trabajar, pero el costo político y social sobrevendrá.
Puede pasar que muchos de esos nombres, ofendidos por el escrache, batan el parche. Que digan que le hicieron un favor a tal o cual o que admitan que esa plata no la cobran o cobran apenas una parte: una especie de robo para la corona. Un robo hormiga gigantesco, perpetrado para decenas de coronas. Patético. Será una gran prueba de lealtad la que se viene.
Y, obvio, se esperan novios/as, amantes, hijos/as, hermanos/as y cuñados/as varios, exasesores del Ejecutivo en las gestiones anteriores de Juan Schiaretti y de José de la Sota y muchos intendentes que se quedaron sin la “re-re”.
Pero peor será si la lista no es la verdadera. Desde hace varios días, está la versión de que la están “depilando”. Eso sería gravísimo. También hay que decir que no es fácil fraguarla: ¿mudar un ñoqui de la Legislatura, por ejemplo, al Ministerio de Educación? ¿Cuánto tardarán los compañeros de esa cartera en decir públicamente que no lo conocen? ¿Usar documentos de gente que desconoce haber sido nombrada, al estilo de Virginia Martínez? ¿Y que Bancor pague sin decir ni “mu”? Eso sería acudir a un delito para tapar una obscenidad fiscal. Tampoco sería fácil encontrar decenas de NN a quienes usarles el nombre.
Hasta hace tres meses, la Legislatura se ufanaba de ser un “modelo de austeridad” a nivel nacional. Una gacetilla del 4 de noviembre celebraba haber contado con un presupuesto de $ 18.123 millones en 2024, “apenas el 0,4%” del total del presupuesto provincial y muy por debajo de lo que gasta Santa Fe, por ejemplo. Si es poco o mucho, es anecdótico si está mal gastado. O si permanece en un cono de sombras que todavía no se ha podido explicar.
