El mercado laboral argentino enfrenta una situación de desigualdad nunca vista: el ingreso de los trabajadores informales alcanzó una distancia sin precedentes respecto de los formales –exactamente la mitad–, a lo que se añade que casi el 50% de quienes cuentan con empleo se encuentran en modos precarios de trabajo y que sólo el 32% de los trabajadores del sector privado poseen relación de dependencia, según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).
¿Qué hacer cuando nuestra pobreza ha alcanzado récords históricos, los índices de desempleo son alarmantes y lo mismo ocurre con las pérdidas de fuentes de trabajo formales? ¿Cómo recuperar la inserción laboral en el mercado formal de trabajo, siempre defendiendo los derechos de los trabajadores, representando una solución o atracción para los empleadores y buscando un consenso rápido y ágil de los distintos partidos políticos y de todos los actores involucrados?
Para dar respuesta a todas estas preguntas, he presentado un proyecto de ley con el objetivo principal de promover la inserción laboral formal y de reducir el desempleo en la Argentina.
El proyecto –que de convertirse en ley beneficiaría a 3,5 millones de personas y daría también un marco legal a los planes provinciales Primer Paso (PPP)– se basa en una modificación del régimen actual de contratos a plazo fijo, pues crea un marco jurídico con un nuevo tipo de contrato temporal para grupos específicos, como jóvenes en pasantías, beneficiarios de programas sociales, personas con discapacidad, exintegrantes de las Fuerzas Armadas y personas en recalificación para nuevos oficios.
El proyecto también prevé incentivos para la contratación mediante reducciones temporales en cargas sociales para las empresas, especialmente beneficiosas para las pymes –el primer año sólo se paga ART y obra social; el segundo, el 50% de las cargas sociales–, y ofrece asimismo contratos a plazo para jubilados, con el objetivo de que, por su experiencia, capaciten a los nuevos empleados.
Con esta ley, se esperan beneficios tan decisivos como la creación de más empleo formal, la inserción laboral de grupos vulnerables y la ya mencionada reducción de los costos laborales, todo ello salvaguardando los derechos laborales básicos, reduciendo a sólo dos años los contratos temporales limitados (ahora duran hasta cinco) y, por último, promoviendo la equiparación salarial de los beneficiarios de la ley con los trabajadores permanentes. De modo que que a todas luces se trata de una iniciativa que moderniza la legislación laboral y promueve el empleo formal sin desproteger a quienes lo desempeñan.
El trabajo se ha transformado profundamente. Así, según un reciente informe de la BBC, sólo se conserva el 1% de los puestos de trabajo que había a comienzos del siglo 20. Además, cerca del 65% de los niños que este año ingresaron a la escuela primaria trabajarán en puestos laborales que aún no fueron creados. Pero no podemos pensar el futuro desatendiendo el presente. Sería irresponsable. Sería insolidario. Sería, sobre todo, profundamente injusto. Y legislar hoy a favor de la inserción laboral es el nuevo nombre de la responsabilidad y de la solidaridad. Ese es mi trabajo; ese es mi compromiso.
- Senadora nacional por la provincia de Córdoba (PRO); presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la Nación
