Argentina inicia 2025 en un escenario de claroscuros. Tras siete meses consecutivos de crecimiento —que permitieron que la economía saliera técnicamente de la recesión iniciada en 2023–, el país enfrenta un entramado de desafíos donde los avances en estabilidad macroeconómica chocan con fragilidades estructurales, un contexto internacional volátil y tensiones políticas de cara a las elecciones legislativas de octubre.
La actividad económica, que creció un 0,5% mensual en diciembre y acumuló un 7% de recuperación desde abril de 2024, aún se mantiene por debajo de los niveles prepandemia y lejos de los máximos históricos. Sectores como la industria manufacturera (+6,7% interanual) y la intermediación financiera (+18%) lideraron la reactivación, mientras que la construcción (-7,2%) y la pesca (-25%) exhibieron caídas que tensionan el resultado global.
Este repunte, sin embargo, coexiste con una inflación que, aunque desacelerada, mantiene brechas preocupantes. En enero, los precios subieron 2,2% mensual –el registro más bajo para ese mes desde 2018 –, pero la diferencia entre bienes (1,5%) y servicios (3,8%) refleja un desajuste persistente en los precios relativos.
Los servicios, sujetos a ajustes tarifarios y salariales, acumulan un alza interanual del 152,4%, frente al 64,5% de los bienes. Esta divergencia, amplificada por un crawling peg reducido al 1% mensual en febrero, plantea un dilema al Banco Central: cómo sostener la convergencia entre devaluación e inflación sin erosionar reservas.
Impuestos: Nación y provincias
En el frente fiscal, el gobierno de Javier Milei logró en enero un superávit primario de $ 2,4 billones, que continúa la tendencia positiva de 2024. Los ingresos crecieron 80,6% interanual, impulsados por impuestos ligados al consumo, pero los gastos primarios se dispararon 109,5%, con aumentos en jubilaciones (+112,5%) y salarios públicos (+94%).
La reducción de retenciones agropecuarias y la eliminación del impuesto Pais, aunque populares, tensionan la recaudación, mientras las provincias –como Córdoba– compensan recortes de transferencias nacionales con subas de impuestos locales.
En Córdoba, por ejemplo, la reforma del Impuesto Inmobiliario, indexada al Ripte (índice salarial del sector privado formal), generó protestas por excluir al 40% de la población con ingresos informales o públicos, cuyos salarios no siguen la misma dinámica. La oposición provincial intentó sin éxito revertir los aumentos –que alcanzaron el 240% en zonas rurales–, mientras el gobierno de Martín Llaryora buscó respaldo en intendentes del interior.
Esta tendencia no es aislada: Buenos Aires, Santa Fe y Caba también ajustaron tributos locales, ampliando su base impositiva ante la retirada fiscal nacional. El Ejecutivo nacional, sin embargo, contraataca: promueve la “competencia entre provincias” y llama a exigir rebajas a gobernadores, en un pulso que podría tensionar el plan de reactivación basado en el aumento del ingreso disponible.
Esta tensión se replica en el sector externo. La balanza comercial registró en enero su decimocuarto mes consecutivo de superávit (U$S 142 millones), pero el saldo fue el más bajo desde 2023, debido al repunte de importaciones (+24,6%).
El contexto internacional
Las exportaciones, aunque crecieron 9,1%, dependen cada vez más de commodities con precios internacionales bajos y de sectores como la energía (+23,7%) y la minería, cuya expansión –como el litio, cuya producción se multiplicó por 2,6 desde 2021– genera divisas, pero poco empleo.
China, tradicional socio comercial, redujo sus compras (-37,7%), mientras India (+109%) y Chile (+43,8%) ganaron terreno.
El desafío de diversificar la matriz exportadora, integrando industrias con mayor valor agregado, sigue pendiente.
El contexto global añade capas de complejidad. Las recientes medidas proteccionistas de la administración Trump –como aranceles del 25% a acero y aluminio– impactan directamente a la Argentina, que exporta U$S 600 millones anuales de estos metales a EE. UU.
La amenaza de aranceles recíprocos y una probable suba de tasas de la Reserva Federal podrían limitar el acceso a financiamiento para economías emergentes.
Además, la reconfiguración del comercio internacional en bloques geopolíticos exige una diplomacia ágil, especialmente cuando el país aún negocia un acuerdo con el FMI para reforzar reservas y estabilizar el esquema cambiario.
En el plano político, el Gobierno enfrenta su prueba de fuego: traducir los logros económicos –baja inflación, superávit fiscal– en respaldo electoral en octubre.
La estrategia combina incentivos al consumo, como créditos hipotecarios y reducción de impuestos para sectores medios y baja de inflación para sectores bajos, con una narrativa de “honestidad” frente a la “casta”.
Sin embargo, el escándalo de la criptomoneda $Libra es un llamado de atención para los observadores de la política. Si bien el Gobierno mantiene altos niveles de apoyo, la controversia es la primera fractura entre Milei y la opinión pública.
Por otro lado, la oposición, fragmentada y sin liderazgos claros, intenta capitalizar el descontento por ajustes provinciales y servicios públicos, aunque sin presentar una alternativa económica creíble.
La incertidumbre, en definitiva, es el telón de fondo de 2025. Si bien la desaceleración inflacionaria y el control fiscal son avances, su sostenibilidad depende de variables fuera del control local: precios internacionales de commodities, acuerdos con el FMI y la evolución de un mundo cada vez más proteccionista.
Internamente, el desafío es evitar que la coyuntura electoral descarrile el ajuste, mientras se responde a demandas sociales urgentes: recuperación del salario real, generación de empleo y reducción de la pobreza.
En este equilibrio inestable, cada decisión tendrá un costo y el margen para errores es mínimo. La pregunta que flota en el aire es si la frágil estabilidad alcanzada será el cimiento de un nuevo modelo o sólo un respiro antes de la próxima tormenta.
* Equipo Elysium Consultores
