El estancamiento del mercado laboral argentino es un problema que nos afecta a todos. Con una alta tasa de informalidad y barreras persistentes para el ingreso, la urgencia de una reforma se impone.
Sin embargo, el camino por seguir no es la confrontación, sino la construcción conjunta de un sistema que funcione tanto para la empresa como para el trabajador. La clave es dotar a la ley de un nuevo espíritu: la creación masiva de oportunidades registradas.
El objetivo primario de cualquier cambio legislativo debe ser puramente pragmático: aumentar la cantidad de trabajadores formales. Hoy, esta necesidad se vuelve crítica, ya que la informalidad supera el 43% de la población activa.
El dato es demoledor: la informalidad golpea con más fuerza a la juventud (alcanza a casi seis de cada 10 jóvenes menores de 29 años) y se traduce directamente en pobreza, ya que el 42% de los trabajadores informales vive en hogares pobres.
Incentivar la contratación
Esto demuestra que la ley debe dejar de ser un factor de riesgo para el empleador y convertirse en un claro incentivo para la contratación.
Necesitamos un marco que reduzca de forma drástica la incertidumbre e impulse a las empresas a expandir su nómina y a incorporar activamente a quienes hoy están fuera del circuito formal, como así también que el Poder Judicial pueda resolver conflictos y proteger los derechos y las garantías constitucionales de los ciudadanos con celeridad y responsabilidad, con primacía a la igualdad de oportunidades.
Sin embargo, ninguna reforma será sostenible si no se acompaña de una estrategia de formación para la empleabilidad y la competitividad.
La productividad del país depende, en gran medida, de que los jóvenes adquieran las habilidades que el mercado laboral actual demanda: pensamiento crítico, trabajo en equipo, comunicación, tecnología y adaptabilidad.
Formarlos no sólo amplía sus oportunidades de inserción formal, sino que también potencia la competitividad de las empresas y del sistema productivo en su conjunto.
En este sentido, hay modelos que ya están demostrando resultados positivos, como los programas que se desarrollan dentro de las propias empresas.
Esta modalidad permite que los jóvenes aprendan en contacto directo con el mundo del trabajo, incorporen hábitos laborales reales y construyan redes de contacto que muchas veces se transforman en sus primeras oportunidades de empleo.
Además, los empleados de las compañías participan de manera activa como voluntarios y mentores, con lo cual se generan vínculos significativos y se derriban barreras simbólicas entre jóvenes y empresas.
Lo transformador de esta experiencia es que la mayoría de estos jóvenes proviene de familias en las que predomina el trabajo informal, por lo que su paso por una empresa formal no sólo impacta en su desarrollo personal, sino también en su entorno.
Cuando un joven conoce de cerca cómo funciona una organización, las dinámicas de cumplimiento, el trabajo en equipo y la posibilidad de crecimiento, ese aprendizaje se expande: se traduce en nuevas aspiraciones, en una comprensión diferente del valor del empleo registrado y, muchas veces, en un cambio de horizonte para toda la familia.
Los resultados de los programas de formación e inserción (PFI) de la Fundación Pescar confirman el impacto de este modelo: 84% de inserción laboral, 92% de terminalidad escolar y 70% de continuidad educativa.
Detrás de cada número hay un joven que logró integrarse al trabajo formal, una familia que mejoró su perspectiva y una comunidad que empieza a romper con el círculo de la informalidad.
Visión de futuro
Una reforma con visión de futuro debe tener como espíritu central la creación de oportunidades y la inversión en capital humano, beneficiando la eficiencia del sistema en su conjunto. Esto implica dotar al mercado de la seguridad y la predictibilidad jurídica que las empresas necesitan para invertir.
Las pymes, que representan el 99,3% de las firmas empleadoras y sostienen cerca del 50% del empleo registrado, son el motor clave para la formalización. No obstante, si el costo laboral es hasta un 40% superior al salario de bolsillo, la ley actual se convierte en una barrera insostenible.
Por último, la sostenibilidad del sistema requiere adaptabilidad. El dinamismo económico y tecnológico exige una legislación que no se petrifique.
La ley debe establecer un paraguas de protección general, pero con la inteligencia de permitir que los actores sociales (empleadores y trabajadores) encuentren, mediante el consenso y la negociación, las soluciones más adecuadas a las particularidades de cada sector y momento económico.
También es necesario un Poder Judicial y una Corte Suprema con jueces probos que garanticen la supremacía de la Constitución en estos temas.
La verdadera reforma no será solo legal, sino también cultural y educativa. La formalización del empleo debe entenderse como un acto de justicia y como el único camino viable hacia una economía más competitiva, inclusiva y sostenible.
Es tiempo de sentar las bases de un sistema donde el acceso al trabajo formal sea el motor natural de una prosperidad compartida.
Directora general de Fundación Pescar Argentina
