Para celebrar sus 30 años de congresista, con una muy breve interrupción Miguel Ángel Pichetto dejó una frase que, pese a que el diputado se disculpó luego por la grosería, está mucho más destinada a la historia -por reflejar esta etapa de la realidad argentina- que a la efímera propagación en redes sociales: “Dejen de aplaudir; no sean pelotudos”.
Estaba orientada a una simple cuestión del trámite de una sesión en Diputados que ya lleva casi 40 horas, pero constituye una síntesis que puede leerse en muchos sentidos.
Es que Pichetto decía que no estaban en “una fiesta”. La imagen que reseña la situación argentina es lo más alejado de una fiesta. Por eso, nadie puede sentir que obtuvo un triunfo digno de festejo en estas condiciones.
Javier Milei está logrando una acotada victoria legislativa, clave para empezar una gestión de una atipicidad por dónde se la busque.
El Presidente y los suyos pueden tomar la votación en general que dio media sanción a su denominada “ley Bases“ más como un alivio de ciertas condiciones de gobernabilidad que como un triunfo político. Perdió en la negociación –por ambición excesiva, inexperiencia y debilidad de estructuras– la mitad de su proyecto original.
Puede seguir perdiendo cuando la semana próxima se trate artículo por artículo, pero ya tiene “media ley”, y no es un dato menor para un mandatario con menos de un tercio de parlamentarios.
Los otros desafíos
Le queda otro desafío no menor al libertario. La ratificación del megadecreto de necesidad y urgencia (DNU), tanto en el Congreso como en la Justicia, donde se lo están despedazando como hicieron los diputados con la “ley ómnibus”.
Tampoco pueden festejar demasiado los variopintos opositores dialoguistas que lograron esos cambios. Su protagonismo fue importante en estas semanas, pero nada garantiza que se mantenga en el tiempo.
La oposición kirchnerista sufrió una derrota mayor que la de perder por 35 votos en general, y es que el debate expone las condiciones en que dejaron el país, las cuales posibilitaron no sólo el triunfo de Milei sino el aval para su ambicioso plan de reformas.
Lo acotado de este triunfo parcial de Milei le enciende otras advertencias.
Necesitará aceitar la negociación política y tomar nota del amateurismo (que por ser debutantes puede ser entendible) con el que llevaron adelante el tratamiento de este proyecto.
Y, fundamentalmente, deberá cuidar las formas en el trato con sus aliados. Le faltan tres años y 10 meses de convivencia con quienes tienen la llave del Congreso.
Hace casi dos meses, el Presidente le dio la espalda simbólica al Poder Legislativo apenas asumió. El viernes, cuando faltaba menos de una hora para que le votaran la ley, los apuró con un comunicado en redes. El argumento es difícil de rebatir: mientras se aferran a prácticas institucionales más basadas en tradiciones que en normas, una buena parte de la Argentina se hunde en el atraso, la pobreza, la miseria.
Milei elige ese camino de no cuidar las formas en el razonamiento de que busca más respaldo en la sociedad que en la dirigencia. Pero quienes se sientan en las bancas no es la ciudadanía sino la dirigencia elegida por esa ciudadanía.
El interés cordobés
En ese contexto, la última concesión que hizo el Gobierno fue en el ambicioso capítulo de las privatizaciones, que había sido redactado con cierta torpeza y ponía a la venta todo tipo de empresas públicas, sin reparar en las características accionarias, la importancia estratégica y los resultados de cada una.
Por eso, en la compleja negociación de comisiones dieron de baja la venta de YPF y garantizaron el control estatal para Arsat y el Banco Nación.
Pero después, en la no menos compleja negociación ya en el recinto con la sesión en marcha, se redujo aún más la lista de empresas sujetas a privatización.
Se produjo una curiosidad que no pasó inadvertida. La mayoría de las tachadas son compañías con sede en Córdoba.
Fue parte de una negociación que involucró de manera directa al propio gobernador Martín Llaryora, ya que su mano derecha y amigo, el diputado Ignacio García Aresca, fue el encargado de hacerle saber al ministro del Interior, Guillermo Francos, el interés de la Provincia en algunas de las empresas que el Gobierno nacional ponía a la venta.
Una de ellas son los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba, con un déficit proyectado para este año de 5.000 millones de pesos.
La semana pasada, el rector Jhon Boretto reunió a su gente para analizar esos números. La coincidencia de lo insostenible de la situación fue amplia.
Llaryora ha puesto más de una vez como ejemplo cómo desde la Municipalidad de San Francisco tomó participación en emprendimientos como el gas o el parque industrial. Ahora, en su plan de acciones conjuntas en áreas clave con intendentes, el gobernador consiguió que el destino de las empresas públicas nacionales con sede en Córdoba se trate por separado en el Congreso, porque está interesado en algunas de ellas, como Fadea.
No está claro qué grado de participación imagina el mandatario cordobés para los estados provincial y municipales en esas compañías.
