Son 1.800 las personas que cobran sueldos o son remuneradas de alguna forma por la Legislatura de Córdoba. Cuántos trabajan efectivamente, nadie lo sabe. Ni las autoridades tienen control de algo tan básico y elemental. En el ámbito privado, es impensado que alguien que no cumple tareas siga vinculado a una firma. Mucho menos que gane dinero. En el Estado, donde la plata la ponen los contribuyentes, la lógica es otra.
El desmanejo y la sobreabundancia de personal en el Poder Legislativo provincial quedaron expuestos por la investigación que llevó adelante La Voz como derivación directa del escándalo suscitado por el dirigente peronista Guillermo Kraisman. Ese histórico puntero cobijado por el PJ –al que hoy ninguna tribu interna reconoce como propio– quiso apropiarse de dinero que no le correspondía de la cuenta de Virginia Martínez, la “empleada fantasma”, quien a su vez asegura no haber pisado nunca la Unicameral.
La exhibición de ese descontrol, que no es nuevo pero que ahora sí quedó al descubierto como nunca antes, echa por tierra el discurso de supuesta austeridad que repiten los administradores de la Legislatura desde que se dejó la bicameralidad, en 2001. Ese argumento se sabía falso y ahora quedó demostrado. Deberán buscar otro.
Hay algo muy imponente que subyace de toda esta situación. Es notorio el contraste que existe entre la clase política y la gente de a pie, que es la que financia a aquella. Hasta el momento, nadie, absolutamente nadie, realizó una autocrítica sobre lo sucedido. No hay un replanteo ni nada que se le parezca. A la luz de las conductas, todo debe seguir igual. Hay un sentimiento de orgullo de ser casta. Allí se ve, con claridad, cuán enquistada está entre los políticos la idea del beneficio propio a costa de los otros. La “teta del Estado”, un término añejo pero siempre vigente, es la fuente de alimentación de los privilegiados de siempre.
En estas semanas de sobreexposición del tema, sobran los intentos de justificaciones, pero faltan explicaciones. También son nulas las rectificaciones. El propio sistema impone que nada cambie. ¿Esta exhibición de desmanejo de la cosa pública seguirá como si nada?
Por el momento, la principal apuesta de las autoridades es a que el tema vaya perdiendo peso en la agenda pública y la indignación de quienes están al tanto del escándalo baje por ese efecto. No hay un solo atisbo de modificar el actual funcionamiento. Si nadie renuncia ni se hace responsable significa que todo está bien y que la indignación en parte de la ciudadanía que provocó el tema sólo debe diluirse sin más. ¿Eso creerán las autoridades y los involucrados?
El valor de la decisión de La Voz de acudir hasta la instancia judicial para conocer datos que no se querían revelar radica en poner en la superficie un método conocido, pero que desde hace años surfea en las aguas turbias de la política y de la militancia rentada. Preocupa la reacción justificatoria y la nula perspectiva de cambio.
Responsables y socios
Con casi 26 años en el poder, es obvio que el peronismo cordobés es el principal responsable de aceitar los engranajes de un ecosistema que se fue perfeccionando y desperdigando en la amplia estructura de la administración pública.
Por supuesto que para que funcione, un esquema así necesitó de la silenciosa colaboración de la oposición, que nunca denunció este manejo impropio del que también es parte. Aquí le cabe responsabilidad al radicalismo. El caso puntual de la Unicameral está plagado de muestras de esa connivencia. Las fugas hacia el peronismo, los desprendimientos de bancadas y los sugestivos apoyos en el recinto a temas polémicos impulsados por el oficialismo tienen su compensación con nombramientos de contratados, asesores y monotributistas. Nadie puede hacerse el distraído. Cuando gobernó la Capital, el juecismo también aportó al engrosamiento del aforo estatal. El problema es sistémico.
La nómina de 85 exintendentes que cobran por supuestamente asesorar a los legisladores es otra de las tantas redes de contención que construye la política. Eso también quedó al desnudo.
El escándalo del abultado personal legislativo impactó de lleno en la vicegobernadora Myrian Prunotto, máxima autoridad de la Unicameral y principal responsable administrativa. La exintendenta radical obviamente tiene una gran cuotaparte de responsabilidad en este desmanejo. En el peronismo hablan de impericia y falta de muñeca durante la crisis. Otros señalan que “le pasaron factura” para que baje su perfil. Y hay quienes celebran que su figura haya quedado abollada como alternativa para integrar la lista del oficialismo en las legislativas de octubre.
Pero ¿es Prunotto la única responsable? ¿Fue decisión de la vice que los 85 exintendentes fueran cobijados por la Legislatura? ¿O esa cuenta que pagan todos los cordobeses es una orden de quienes decidieron cortar con el festival de “re-re” en el interior y ella sólo la ejecutó?
Como sucede al final de cada período, a finales de 2023, antes del cambio de autoridades, hubo un pase de decenas de contratados que hoy son planta permanente. La mayoría fueron oficialistas, pero también hubo radicales “blanqueados” para la eternidad. Esos nombres aún no fueron difundidos por la Unicameral. Allí también hay apellidos ilustres de la política cordobesa. Así funciona el sistema: sin vergüenza.
