En un país cambiante, Martín Llaryora nunca pensó que sucedería a Juan Schiaretti en el sillón principal del Centro Cívico en un contexto nacional tan adverso: recesión económica y el nuevo presidente Javier Milei que aplicó la motosierra sobre los fondos para las provincias.
En estos primeros 100 días de la gestión llaryorista, el mojón más importante es político, pero con impacto económico: los fuertes cruces del nuevo gobernador con el Gobierno nacional.
Si bien siempre fue tensa la relación, los cruces furiosos entre el jefe del Estado y el gobernador arrancaron a mediados del mes pasado, luego de naufragar en la Cámara de Diputados la aprobación de la “ley ómnibus”.
Aunque en la última semana hubo algunos guiños del gobernador hacia la Casa Rosada. Sus diputados dieron señales al oficialismo en el Congreso. Tal vez, este acercamiento tenga que ver con la intención Llaryora de salir a buscar financiamiento en el mercado interno, para pagar más de 360 millones de dólares que vencen este año.
El ajuste que aplicó el presidente libertario no tiene antecedentes, sobre todo en la relación del poder central con las provincias, incluso, sin cumplir leyes.
Casi en un mismo momento, Milei aplicó la motosierra sobre tres fondos que afectaron las finanzas de la gestión llaryorista: la eliminación de los subsidios al transporte público para el interior; la quita del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y la falta de desembolsos de la Anses a la Caja de Jubilaciones de Córdoba.
Las tres medidas tuvieron distintos impactos en los ingresos provinciales. Pero, sin dudas, que el mayor problema financiero que le generó a los números de la gestión llaryorista fue la drástica decisión del ministro de Economía Luis Caputo de no enviar un peso a la Caja de Jubilaciones. Hoy, la provincia debería recibir más de 10 mil millones de pesos mensuales –según admitió a La Voz- el extitular de la Anses, Osvaldo Giordano. Este incumplimiento de la Anses debe ser cubierto por el Tesoro provincial.
La Provincia presentó el año pasado dos demandas que están en la Corte Suprema de Justicia por los incumplimientos de la Anses.
El gobernador Llaryora dice en privado que está dispuesto a recurrir a la Justicia por los subsidios al transporte y el Fonid, de no mediar un acuerdo con la Nación.
Diferencias políticas
Más allá de la cuestión económica, en estos 100 días, Llaryora mantuvo una relación cambiante con el Gobierno nacional, en la cual predominó el enfrentamiento, hasta la última semana.
Lo que parece no cambiará en la estrategia política del gobernador de marcar diferencias políticas con el presidente libertario, más allá de su permanente apelación al diálogo.
“Puede tener razón en algunos temas, como buscar el superávit fiscal que Córdoba tiene desde hace años. Lo que está claro es que nosotros somos distintos en casi todo a lo que Milei pregona, empezando por la visión sobre el Estado. Eso no se modificará, más allá de que haya diálogo institucional”, suele argumentar un funcionario muy cercano a Llaryora.
El 14 de diciembre pasado, hubo un gesto de la gestión libertaria hacia Llaryora. Fue el primer gobernador en ser recibido en audiencia oficial por el ministro del Interior, Guillermo Francos, en la Casa Rosada.
Cinco días después, Llaryora conoció personalmente al Presidente, en la primera cumbre con todos los gobernadores.
Parecía que podía ser una “relación institucional madura”, como pregonaba el mandatario cordobés.
Todo voló por los aires, cuando Milei acusó a Llaryora de “extorsionador”, junto a otros mandatarios, por la caída de la “ley ómnibus”.
Durante una gira por Israel, el Presidente sorprendió al gobernador con una acusación fuerte: que gastaba fortunas en publicidad para comprar medios y periodistas.
Fueron días complejos, de cruces verbales permanentes, y las mencionadas medidas de ajuste para todos los distritos.
Aunque el 1° de marzo, el enigmático Presidente volvió a patear al tablero: en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso convocó al diálogo a los gobernadores. Primero para tratar la cuestión fiscal. El segundo tema puso a Córdoba en el candelero nacional: la convocatoria a firmar el Pacto de Mayo, en esta provincia, el próximo 25 de mayo.
Esta situación produjo que se aliviara la tensión entre el Centro Cívico y la Casa Rosada. A esto se sumó la necesidad de Llaryora de salir a buscar financiamiento en pesos, para pagar la deuda en dólares que le dejó Schiaretti.
Problemas propios
El recorte de la Nación y la recesión económica obligaron a Llaryora a aplicar su licuadora con el gasto salarial a los empleados públicos y jubilados provinciales.
El nuevo gobernador desconoció el acuerdo paritario que había firmado su antecesor. Subió los aportes personales para financiar la Caja de Jubilaciones y la Apross, y el nuevo acuerdo salarial con los estatales estipula reconocer la mitad de la inflación y sumas fijas.
Para los jubilados restableció el diferimiento, que Schiaretti había congelado hasta el 31 de diciembre.
A estas complicaciones que provienen del ámbito nacional, el nuevo gobernador le suma dos cuestiones locales: no tiene mayoría en la Legislatura y con el Tribunal de Cuentas provincial en manos del juecismo.
En estos primeros 100 días de gestión provincial, la norma más importante que pudo conseguir Llaryora fue la aprobación de la nueva Ley de Seguridad, que intentará ser un sello distintivo de su gestión.
Luego de una álgida discusión en la Legislatura, la norma fue aprobada el 21 de diciembre pasado, sólo 11 días después de la asunción del nuevo Gobierno provincial.
Aquella aprobación, por tratarse un tema sensible como la seguridad, marcó las complicaciones que tendría el oficialismo en estos 100 días para sacar leyes: el PJ aprobó la ley con algunos aliados, pero sin el grueso de la oposición en el recinto.
Las debilidad política en la Legislatura será duradera. Es una incógnita cómo evolucionará la relación con el impulsivo Presidente. Aunque como dicen los llaryoristas, las diferencias políticas con Milei persistirán.
Debilidad en la Legislatura
El gobernador Llaryora debió transitar estos primeros 100 días de gestión con una debilidad política que surgió de las urnas, en las elecciones provinciales del 24 de junio pasado: el oficialismo no tiene mayoría propia y para aprobar leyes debe recurrir a aliados, y en muchos casos debió desempatar la vicegobernadora Myrian Prunotto.
El nuevo gobernador debe afrontar esta situación inédita para el PJ en el poder de no tener los votos propios para sacar leyes.
Ni Juan Schiaretti, luego de su estrechísimo triunfo de 2007, por sólo 16.700 votos sobre el opositor Luis Juez, tuvo que gobernar con una Legislatura sin mayoría propia.
La buena cosecha de votos de la alianza opositora Juntos por el Cambio, que lideró otra vez Juez, consiguió una excelente cosecha de votos en el interior en las pasadas elecciones provinciales, en las que triunfó en departamentos en los cuales antes ganaba el peronismo. Esto produjo un empate técnico de 33 legisladores para el oficialismo y la misma cantidad para la oposición.
El PJ consiguió un voto más, por el pase al oficialismo de la macrista Karina Bruno, quien llegó a su banca por Juntos por el Cambio, pero saltó de vereda. Esto sucedió luego del acuerdo político que hizo el jefe político de la Legislatura villamariense, Darío Capitani, con Llaryora, para asumir como titular de la Agencia Córdoba Turismo.
Con dos opositores duros como el vecinalista Rodrigo Agrelo y Luciana Echevarría, de la izquierda, más la postura distante del peronista crítico Federico Alesandri, elegido por la lista del kirchnerismo, el oficialismo tiene dificultades para sacar leyes, cuando en años anteriores el Parlamento cordobés era una escribanía del Poder Ejecutivo.
No obstante, el oficialismo se las arregló para sacar algunas leyes sensibles para la gestión del gobernador Llaryora.
Consiguió aprobar la nueva Ley de Seguridad, con el grueso de la oposición fuera del recinto.
También logró un ajuste sobre los salarios de los empleados públicos, cuando se subieron los aportes personales para la Caja de Jubilaciones y el descuento para la Apross.
En todos estos casos, el oficialismo consiguió el respaldo del libertario Agustín Spaccesi, que llegó a la Legislatura con la boleta de la Libertad Avanza, pero que, aparentemente, se mueve con independencia, sin recibir indicaciones desde la Casa Rosada.
En estos primeros 100 días de gobierno, Llaryora sigue adelante con su proyecto político de ampliar la alianza Hacemos Unidos por Córdoba, con dirigentes de otras extracciones políticas.
Decidió cargos importantes para dirigentes como Pedro Dellarossa (ministro de Industria), el mencionado Capitani (Turismo) y Juan Pablo Quinteros (Seguridad), pero hasta ahora el oficialismo no logró romper la paridad en la Legislatura.
Salvo el mencionado caso de la villamariense Bruno, el resto de los legisladores del PRO se mantuvieron en el bloque opositor.
Hay diálogo con el Alesandri, pero el exintendente de Embalse viene de mostrarse con Cristina Kirchner y con Sergio Massa, lo cual lo aleja del oficialismo provincial.
De todos modos, ante cada ley sensible para el Gobierno provincial, Alesandri y el libertario Spaccesi son las únicas alternativas que tiene el PJ para al menos igualar una votación que siempre será reñida, para que luego desempate la vicegobernadora Myrian Prunotto.
