El homicidio del fiscal Alberto Nisman constituye un eslabón de una larga secuencia de sucesos desgraciados. A la manera de las mamushkas, o muñecas rusas, se va desencadenando un hecho tras otro comenzando por el tema que hoy nos ocupa: el atentado a la sede de la Amia en Buenos Aires.
Estas circunstancias delimitan el contexto en el que se produce la muerte violenta de Nisman. En la segunda parte de este relato me referiré al papel que me tocó en la investigación judicial del homicidio, en la marcha del silencio del 18 de febrero de 2015 y en el debate público sobre las causas de la muerte de mi colega.
Enumeremos esos acontecimientos preliminares. El primero es, sin duda, el propio atentado ocurrido el 18 de julio de 1994, que dejó 85 muertos y cientos de heridos. El segundo eslabón lo constituye el juicio llevado a cabo contra los posibles responsables y que fuera declarado nulo parcialmente por la justicia.
De allí se derivó el segundo juicio por el atentado (llamado “Amia 2″), con base en el encubrimiento de los hechos ilícitos, en el que fueron condenados algunos funcionarios de la Justicia y del Poder Ejecutivo.
Paralelamente, en 2013 se firmó el Memorándum de entendimiento entre nuestro país y la República Islámica de Irán (más conocido como Pacto con Irán) en el que, explicado sucintamente, la Argentina cedía las facultades constitucionales de sus jueces a mano de una Comisión de la Verdad compuesta por juristas internacionales, autorizaba al juez (Rodolfo Canicoba Corral) y al fiscal (el propio Nisman) a tomarle declaración indagatoria en Teherán a los iraníes que ya había señalado mi colega como posibles autores del atentado y, finalmente -quizá lo más importante del acuerdo- disponía la inmediata comunicación a Interpol de las negociaciones (punto 7).
Memorándum fallido
El Pacto se firmó bajo la excusa de que la causa no podía avanzar sin este mecanismo ya que Irán no extradita a sus ciudadanos (lo que impediría indagarlos en Buenos Aires), y la ley argentina no prevé el juicio en ausencia.
Sin embargo, el Memorándum no fue aprobado por el Parlamento iraní y en nuestro país fue declarado inconstitucional por los tribunales federales. Mientras tanto, el gobierno de Cristina Kirchner consiguió que el tratado fuera aprobado por el Congreso Nacional.
El peligro fundamental era la cláusula prevista en el mencionado punto 7, en el sentido de que la comunicación a Interpol pudiera considerarse una morigeración de los efectos de las alertas rojas de ese organismo internacional.
Conforme estas consideraciones, aparece la siguiente muñeca rusa que no es más que la denuncia de Alberto Nisman contra la entonces Presidente de la Nación y otros funcionarios y no funcionarios, por la firma del Pacto; es decir, por decidir, negociar y organizar la impunidad de los prófugos iraníes en la causa Amia.
Esta nueva investigación (una suerte de “Encubrimiento 2″) es el expediente que aún hoy espera una decisión judicial para ver si se inicia el juicio o si se mantiene el curioso sobreseimiento decidido por el Tribunal Oral interviniente.
Lo que sigue es lo más reciente y recordado con facilidad. Cuatro días después de la denuncia, el 18 de enero, Nisman apareció asesinado en su casa con un disparo en la cabeza, dando comienzo al siguiente expediente judicial -aún en trámite- donde se investiga su muerte, y a juzgar por las groseras irregularidades del inicio de la pesquisa en el departamento donde lo mataron, no debemos descartar que se inicie una causa por el encubrimiento del homicidio del fiscal.
Homenaje multitudinario
Formé parte del grupo de Fiscales que en 2015 decidió hacer un homenaje a nuestro colega asesinado, ya que nada se decidió al respecto ni por parte del Poder Ejecutivo ni de la Procuración General de la Nación, a cargo en ese entonces de Alejandra Gils Carbó. Pensamos en una modesta marcha de judiciales por la Avenida de Mayo, desde el Congreso hasta el edificio donde está la Fiscalía de la que Nisman era titular, en la Plaza de Mayo. Resultó una concentración de 400 mil personas debajo de una lluvia torrencial, incluidos los principales líderes de las fuerzas políticas de la oposición de aquel entonces.
En cuanto a la causa penal del homicidio, al año de la muerte estaba claro que lo habían matado y así lo dictaminé en el verano de 2016, constituyendo la primera declaración judicial sobre la causa de la muerte.
Al principio pareció que el gobierno lograría instalar la tesis del suicidio, pero con el correr de los meses y del expediente ya ningún argentino sensato piensa que Alberto Nisman se suicidó.
Esperemos que su muerte no haya sido en vano y que su denuncia llegue pronto a un juicio oral donde se deslinden las responsabilidades correspondientes a esta muñeca rusa, que deseamos que sea la última.
(*) Fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires.
