A 12 años de los fatídicos días 2 y 3 de diciembre, días en que Córdoba se quedó sin policías como consecuencia de un motín, el abogado Miguel Ortiz Pellegrini, que actuó como vocero de los efectivos en huelga y defensor de los imputados en el juicio posterior, compartió sus reflexiones sobre aquel momento crítico en Córdoba.
Ortiz Pellegrini destacó la magnitud de las operaciones políticas y los altos costos involucrados en la crisis.
La situación salarial y la presión política
Ortiz Pellegrini señaló que la situación de acuartelamiento fue el resultado de la unión de dos circunstancias muy puntuales.
Primero, una situación de extrema necesidad del personal policial desde el punto de vista salarial. En ese momento, los uniformados ganaban 500 pesos, una suma que el abogado calificó de ínfima para sostener una familia.
Simultáneamente, existía una situación política donde el Poder Ejecutivo de la Nación mantenía diferencias con el gobernador José Manuel de la Sota y, según el testimonio de Ortiz Pellegrini, hizo todo lo posible por realizar una intervención rápida en la provincia.
Bandas, saqueos y el fracaso de la intervención nacional
El abogado confirmó que no solo intervino durante los días del acuartelamiento, sino también en el juicio posterior ante la Cámara 12 del Crimen, donde fueron juzgados unos 60 policías.
En el proceso judicial, él se encargó de probar que existían bandas que se ocupaban de levantar las cortinas de los negocios, romper ventanas y saquear. Estas bandas, que según Ortiz Pellegrini llegaron días antes en distintos ómnibus, tenían la intención de generar un caos mayor.
Mientras esto ocurría, las peticiones del Gobierno provincial a las autoridades nacionales caían en saco roto, existiendo una “desesperación” por resolver la situación rápidamente ante la inminente intervención.
Esta intervención finalmente fracasó, ya que el paro se levantó a las 24 horas y la actividad volvió a la normalidad.
Debido a estos hechos, la Cámara 12 del Crimen incluyó en su sentencia la necesidad de investigar a funcionarios nacionales, como el exministro Capitanich.
Las actuaciones fueron giradas a Comodoro Py en la Capital Federal, donde, con el tiempo y archivo de por medio, el caso fue archivado, sin que se realizara el juicio.
Qué rol tuvo Monteoliva en ese momento
Ortiz Pellegrini relató que comenzó a intervenir en la mañana del día 2, inicialmente contactando al jefe de policía.
Los interlocutores iniciales fueron él y Oscar González, quien se desempeñaba como ministro jefe de gabinete.
El contacto crucial ocurrió cerca de las 4 de la mañana del día 3, cuando el exgobernador De la Sota lo recibió en la Casa de Gobierno. La negociación entre las 4 de la mañana y las 11 o 12 horas de ese día permitió superar el problema.
Respecto a Alejandra Monteoliva, actual máxima autoridad en seguridad, Ortiz Pellegrini afirmó que no tuvo contacto con ella durante las negociaciones iniciales. Sin embargo, la vio en dos oportunidades: “Una vez en el despacho del gobernador y en una segunda instancia en un salón de la Casa de Gobierno, donde se encontraba junto a otros ministros, legisladores y autoridades eclesiásticas”.
El acuartelamiento fue de gran magnitud, involucrando a unos 5.000 policías, a sus familias y a policías jubilados.
Esta manifestación ampliada hizo que la negociación fuera particularmente difícil, obligando a Ortiz Pellegrini a organizar una representación “por ramas” (delegados por motos, caminera, infantería, automotores) para poder entender las peticiones.
Aprendizaje, comunicación y debate por sindicalización
Doce años después, Ortiz Pellegrini cree que esta situación generó una experiencia y que la historia enseña a no cometer los mismos errores. Subrayó que es fundamental que existan canales de comunicación más fluidos entre el personal de base y la jerarquía. “Si la presión aprieta y no hay una forma de que tenga salida, la situación explota, tal como ocurrió”, dijo a La Voz En Vivo.
El abogado aconsejó la creación de vinculaciones, y recordó que en su momento la Justicia emitió un fallo que admitía la sindicalización de la policía.
No obstante, la Corte Suprema de Justicia, por mayoría, no aceptó esta sindicalización. Ortiz Pellegrini considera que la discusión sobre la sindicalización sigue pendiente y que, aunque Argentina quizá aún no esté madura para ello, es necesario asegurar la fluidez en la comunicación para evitar que estas situaciones se agraven.
