Los casi 100 días que Javier Milei lleva en el sillón de Rivadavia encuentran al Gobierno ante el desafío de blindar el DNU 70/23 y sancionar la nueva ley “bases” para terminar de encauzar la gestión, en el marco de una tensa negociación con los gobernadores que tiene como horizonte la firma del Pacto de Mayo en Córdoba.
La relación del presidente con el Congreso ingresó en un círculo vicioso que va de las derrotas legislativas a los escraches y amenazas a través de comunicados y mensajes en redes sociales. Sucedió con la caída de la ley “ómnibus” durante las sesiones extraordinarias y continuó esta semana, como un dejavú, con el rechazo del DNU en el Senado.
Aunque en la Cámara de Diputados la oposición está más lejos del número para voltear el decreto de desregulación económica, el voto negativo del Senado no dejó de ser un golpe muy duro para una gestión que apenas arranca. La reacción inmediata de Milei sonó a extorsión: puso en duda el Pacto de Mayo y lo supeditó al DNU y la ley “bases”.
El presidente también sumó “likes” a escraches en redes sociales, entre los que figuró uno con los teléfonos de los despachos de los senadores que votaron en contra. No fue muy diferente a aquel posteo con los rostros de los diputados de la oposición dialoguista que rechazaron artículos de la ley “bases”.
El Gobierno ya emprendió el camino hacia la versión 2.0 del proyecto: negociará con legisladores y gobernadores durante la semana próxima y lo enviará a Diputados con la intención de un debate “exprés” en comisiones. Los aliados del PRO piden que se vote la primera semana de abril para poder empalmar la nueva fórmula jubilatoria de manera que los haberes no queden rezagados.
Como los tiempos apremian, no se descarta que el debate de la movilidad avance independientemente de la ley “bases”. La semana próxima se reunirán las comisiones de Presupuesto y de Previsión Social de Diputados para avanzar en el cronograma de trabajo que no pudo acordarse el último miércoles.
Desde que tomó el mando, Milei solo acumuló tragos amargos en el Congreso. Hasta el momento, La Libertad Avanza solo pudo aprobar una autorización formal al presidente para salir del país, una ley contra el lavado de activos impulsada en la gestión anterior y tres de cinco acuerdos internacionales sobre eliminación de doble imposición y promoción de inversiones.
El oficialismo adolece de su condición de minoría extrema en ambas cámaras. En el Senado tiene tan solo siete representantes sobre 72, y en Diputados, 40 sobre 257. Originalmente eran 38, pero esta semana sumaron formalmente a dos más: José Luis Espert y el mendocino Álvaro Martínez, quien responde al secretario de Relaciones Parlamentarias, Omar De Marchi.
La supervivencia de La Libertad Avanza en el Congreso se sostiene, en buena parte, en el PRO. El último viernes, Cristian Ritondo y algunos laderos llevaron tranquilidad a la Casa Rosada tras el tropiezo del DNU en el Senado: le aseguraron al ministro del Interior, Guillermo Francos, que es “poco probable” que la oposición consiga los votos en la Cámara baja.
De todos modos, el PRO quiere dejar a salvo el contenido del DNU y en los últimos días presentó proyectos para mantener la derogación de la ley de alquileres y capítulos de la reforma laboral suspendidos en la Justicia. También propondrá una ley para las sociedades anónimas deportivas, tema que también recibió un revés judicial.
Los diputados de Unión por la Patria, en tanto, se reunirán el martes próximo para definir su estrategia. “Queremos que se generen las condiciones de rechazo lo más rápido posible”, dijo el jefe del bloque, Germán Martínez, quien esperó a que el Senado desaprobara el DNU para mover sus fichas, a pesar de que también estaba habilitado para pedir el tratamiento en Diputados.
Además del kirchnerismo, se anotarían por el rechazo la Coalición Cívica, el socialismo, la izquierda y algunos radicales que se rebelen como lo hizo Martín Lousteau. El partido se define con los votos de un amplio espectro de partidos provinciales como los que gobiernan Córdoba, Misiones, Salta, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz.
En paralelo, los bloques se encuentran abocados al análisis del último borrador de la ley “bases”, que llegó a manos de los diputados el jueves. La primera impresión en la oposición dialoguista fue positiva; según sostienen, buena parte de los artículos respeta los últimos acuerdos que se habían alcanzado antes de que el proyecto cayera.
Entre los cambios principales, se reducen a cuatro las emergencias (administrativa, económica, financiera y energética), por el plazo de un año y sin prórroga. También se acota el listado de empresas a privatizar y se establece una nueva fórmula jubilatoria con ajuste por inflación desde abril, reconociendo parte de la pérdida de enero.
Paralelamente, el Ejecutivo propone un paquete de medidas fiscales que incluye la restitución del impuesto a las Ganancias (resistida por gobernadores), la moratoria, el blanqueo y cambios en monotributo y Bienes Personales.
