Cuando un trabajador gana un juicio en contra de una empresa, ya sea por una demanda por despido, mala registración o cuando la ART le debe pagar para compensar un accidente laboral, se genera un crédito a favor del empleado. Como estos procesos tardan en resolverse, fácilmente podemos hablar de que entre que sucedió el hecho (el despido o el accidente, por ejemplo), pasen varios años.
En un país inflacionario como Argentina, es vital plantear la actualización de esos créditos, ya que de otra manera quedarían reducidos a monedas. Es por ello que la Justicia tiene mecanismos para hacerlo y reconoce tasas que buscan actualizar esos montos.
La discusión sobre cómo se actualizan los créditos laborales volvió a quedar expuesta por un caso reciente de un juicio por despido en un restaurante. El fallo reconoció que el empleado tenía 26 años de antigüedad, incorporó el concepto de propinas como parte del salario y además multiplicó la indemnización por la prohibición al despido decretada en la pandemia. Con todo eso, el valor determinado en 2020 rondaba los $9,4 millones. Pero aplicando el esquema de actualización que definió el actual gobierno, que combina IPC (inflación) con un adicional anual del 3%, la cifra llegó a los $250 millones.
El punto crítico es que la fórmula mantuvo una lógica propia de épocas estables para un período en el que la inflación fue excepcionalmente alta. Esa desproporción es lo que hoy vuelve inmanejable a miles de expedientes similares. Y ese mecanismo es justamente el que debe revisarse si se busca que las sentencias puedan pagarse sin quiebras ni cierres de actividad.
Cuál es la magnitud de estos casos
La acumulación de juicios laborales es enorme. Entre demandas por accidentes del trabajo y por despido hay más de 637 mil expedientes abiertos. Es un volumen equivalente a cerca del 10% del total de trabajadores registrados del sector privado.
Cada causa que envejece en el sistema se vuelve más costosa porque combina inflación alta, tiempos judiciales largos y a lo que se suma la incertidumbre por criterios poco homogéneos entre provincias. El resultado de esta dinámica es un ambiente que perjudica enormemente a quien quiere producir y contratar.
Qué mecanismo de ajuste sería oportuno
El Código Civil y Comercial permite que el Banco Central establezca una tasa de interés de referencia para actualizar deudas. La consulta pública que se abrió para definir una Tasa de Intereses Moratorios (TIM) va en esa dirección, pero el esquema propuesto está pensado para normalizar el futuro en un país con inflación baja a moderada, no para desactivar la bomba de los pasivos heredados. La propuesta involucra que se tome un promedio entre la tasa pasiva (que pagan los plazos fijos) y la tasa activa (que pagan los préstamos personales) y se establezca un techo y piso definido por la tasa CER (inflación) más/menos 3% anual.
Para las deudas acumuladas, un índice menos agresivo es indispensable. Una alternativa es usar hasta diciembre de 2025 la fórmula de la Comunicación BCRA 14.290, que ya funcionó como mecanismo de emergencia tras la hiperinflación de fines de los 80. A partir de 2026, sí, empalmar con un esquema como el del Decreto 70/2023 (IPC más 3% anual). Este enfoque reconoce la excepcionalidad del período reciente sin desproteger derechos laborales a futuro.
Sin un criterio excepcional para un contexto excepcional, el riesgo es para todos
La litigiosidad masiva, la falta de reglas únicas para actualizar sentencias y la heterogeneidad de criterios entre provincias están empujando al sistema a un punto donde la deuda se vuelve, de hecho, impagable.
Actualizar de manera razonable no es licuar derechos. Es impedir que un expediente que originalmente valía 9 millones termine multiplicándose por 25 veces sin una lógica económica que lo acompañe. Sin un índice de transición, las empresas pierden viabilidad, las ART pierden solvencia y el mercado laboral pierde previsibilidad.
Un esquema de actualización excepcional, por un período acotado, es la única forma de ordenar un pasivo acumulado que no se generó en condiciones normales. No hacerlo implica seguir trasladando el costo a empleadores, trabajadores y al propio sistema de aseguramiento, que ya muestra señales claras de agotamiento.
*Economista de Idesa.
