La asunción del juez Horacio Rosatti al frente del Consejo de la Magistratura puso en evidencia, una vez más, la dificultad del Frente de Todos para construir acuerdos con la oposición en temas sensibles. El oficialismo imploró otros 90 días de plazo para sancionar la nueva ley, pero ya no había ninguna negociación posible en el Congreso.
En medio de la crisis interna, la alianza gobernante había logrado cerrar filas frente a un enemigo en común -la Corte Suprema-, pero se topó con el rechazo cerrado de Juntos por el Cambio al proyecto del Poder Ejecutivo y ni siquiera atinó a buscar consensos entre los diputados “anti-grieta”, que fueron espectadores de una fuerte disputa de poder.
En el Senado, el oficialismo no había aceptado que la Corte presida ni integre el Consejo, y tampoco había señales de que fuera a torcer el brazo en Diputados. Sin embargo, el jefe del bloque, Germán Martínez, apostaba hasta último momento a “encauzar institucionalmente el tema” con más tiempo para avanzar en la ley.
“Así como la Corte tuvo 1.577 días para estudiar el expediente sobre la constitucionalidad de la conformación del Consejo de la Magistratura, es de absoluto sentido común que podamos contar con un plazo razonable para poder legislar sobre una nueva conformación”, expresó Martínez en un comunicado que no llegó a transformarse en un pedido formal.
Casi en simultáneo, Juntos por el Cambio presentó un “per saltum” para que la Corte dejara sin efecto la precautelar firmada por el juez federal de Paraná Daniel Alonso, que había frenado las designaciones de los dos legisladores que deben completar la integración de 20 miembros del Consejo.
“Es imposible intentar parar, empantanar y embarrar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura e ir en contra de una sentencia del máximo tribunal del país”, señaló el jefe del bloque radical, Mario Negri, que firmó la presentación junto al jefe del bloque PRO, Humberto Schiavoni.
Si bien el pedido quedó extemporáneo porque fue posterior a la resolución de la Corte, voceros de la alianza sostienen que sirvió para dejar en claro que los dos lugares vacantes le corresponden a los bloques de la segunda minoría (el PRO en el Senado y la UCR en Diputados). Es que temen que el oficialismo se resista a nombrar a los legisladores propuestos, el cordobés Luis Juez y la santacruceña Roxana Reyes.
En ese sentido, el Frente de Todos se guarda un último as bajo la manga: planea poner en funcionamiento esta semana la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de Diputados, con la intención de resolver en ese ámbito el accionar de la Cámara. Sería una manera de diluir la carga que pesa ahora sobre Sergio Massa.
Massa tenía previsto reunirse este lunes con el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez para despejar dudas, pero pospuso el encuentro para ir a Casa Rosada. Durante la jornada intentó mostrarse ajeno al conflicto judicial y recibió en el Salón de Honor a gobernadores del Norte Grande, que pidieron avanzar con leyes para la región.
Por otra parte, está en juego el futuro del juez Alonso, que concedió la precautelar. La Corte lo denunció por mal desempeño y, en paralelo, la Coalición Cívica exigió al Ejecutivo que retire del Senado el pliego del magistrado, propuesto a mediados de 2020 para integrar la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.
“Presidente, cuide el poco decoro que le queda a su investidura y retire del Senado el pliego del juez Alonso para camarista federal. No recuerdo un juez denunciado por la Corte por querer hacerle un favor tan grande al poder político. Este escándalo debe terminar”, sentenció el jefe del bloque de diputados de la CC, Juan Manuel López.
Sin consenso
A principios de diciembre, el Gobierno olfateaba que se aproximaba un revés de la Corte y, diez días antes del fallo que declaró la inconstitucionalidad de la reforma de 2006, envió al Senado su proyecto de ley, que proponía un Consejo de 17 miembros en lugar de 20, sin lugar para el máximo tribunal.
La iniciativa ingresó a la Cámara alta el 6 de diciembre, pero recién comenzó a tratarse a fines de marzo. El oficialismo tuvo la oportunidad de avanzar durante la prórroga de sesiones ordinarias de 2021, o bien en las extraordinarias de febrero. Sin embargo no lo hizo, por falta de acuerdos internos y con la oposición.
“El oficialismo tuvo a su disposición el proyecto y lo dilató al máximo. En el Senado buscaron solamente las modificaciones que le dieran el número, pero no incorporaron nada de lo que los diputados esperaban. El proyecto, tal como venía, no tenía chances”, sostuvo un diputado opositor que reclamaba que la Corte presida el Consejo, lo que finalmente ocurrió.
