Bajo una fuerte presión opositora y sin número suficiente para imponerse, el Gobierno empieza a reconocer que la única salida para el avance de la “ley bases” en el Senado será aceptar cambios al texto con media sanción, con la esperanza de que la Cámara de Diputados revierta las modificaciones en la segunda revisión.
La “ley ómnibus” recortada acumuló más críticas en la segunda reunión informativa de las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto, de la que participaron el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y los secretarios Julio Cordero (Trabajo) y Eduardo Rodríguez Chirillo (Energía).
El debate se extendió durante casi diez horas y se reanudará este jueves, en pleno paro de la CGT. También se empezará a discutir el paquete fiscal en Presupuesto. La Libertad Avanza define si apura los dictámenes (una jugada riesgosa porque podrían no reunir las firmas) o si los posterga para la semana próxima en busca de consensos.
“Queremos que si hay ley, sea una buena ley, no una mala ley. Estamos dispuestos a trabajar para perfeccionar todas las cosas que haya para perfeccionar, siempre y cuando haya voluntad para hacerlo”, remarcó el titular de la UCR, Martín Lousteau, quien logró que Chirillo admitiera que “no fue feliz” la redacción de un artículo del RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones).
El bloque radical, que preside el correntino Eduardo Vischi y es clave para el éxito de la ley, recibió este martes por la noche a los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes) y Carlos Sadir (Jujuy) para trazar una estrategia conjunta. Acordaron hacer un punteo de las modificaciones que pedirán.
Sin embargo, en la bancada ven con alarma que nadie entre los libertarios avanza en el “poroteo” de cara a la votación. “El oficialismo no gestiona la ley”, advierten. Es la misma observación que hacía en Diputados la oposición dialoguista. El agravante en el Senado es que La Libertad Avanza solo tiene siete votos propios sobre un total de 72.
Una de las lecturas que hacen en el radicalismo es que, a esta altura, “el Gobierno solo quiere que se apruebe la ley”, sin importar su contenido. “Necesitan tener el título. Necesitan tener una victoria legislativa para mostrar”, analizó ante este medio un senador de peso que busca que la UCR consiga cambios y se lleve algún triunfo para mostrar en el Pacto de Mayo.
La “ley bases” suma cuestionamientos en varios frentes. Además de las críticas al RIGI, en las que coinciden Lousteau y Guadalupe Tagliaferri (PRO), otro radical “rebelde”, el fueguino Pablo Blanco, avisó que no votará las facultades delegadas ni tampoco la privatización de Aerolíneas Argentinas, empresa clave para la conectividad de su provincia.
Al mismo tiempo, la cordobesa Alejandra Vigo, que responde al gobierno provincial, está en contra de eliminar la moratoria previsional; propone dejar que culmine su vigencia el año próximo y mientras tanto rediscutir integralmente el sistema.
Dentro del paquete fiscal, Blanco y la rionegrina Mónica Silva, que responde al gobernador Alberto Weretilneck y tiene en sus manos otro voto clave, están en contra de un artículo incorporado a último momento en Diputados (el 111) que permite revisar el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, al instar al Poder Ejecutivo a que envíe, en un plazo de 60 días, un proyecto para suprimir o modificar gastos tributarios e incrementar la recaudación en un 2% del PBI.
A eso se suman las críticas a la reposición del impuesto a las Ganancias (no tiene garantizados los votos por el rechazo de toda la Patagonia) y el blanqueo de capitales (según advirtió Lousteau, podrían acogerse hermanos de los funcionarios).
Reforma laboral
En la segunda jornada de debate, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, rompió el silencio y defendió la reforma laboral que fue incorporada al proyecto en Diputados. El funcionario aseguró que “las modificaciones que se plantean son mínimas” y que buscan generar “los cimientos” para una modernización más amplia.
Cordero sostuvo que la reforma laboral tiene dos objetivos: la “generación de empleo, que no crece en el sector formal desde hace muchos años”, y la “seguridad jurídica a los contratos, ya sean autónomos o en relación de dependencia”.
Ante una catarata de críticas por parte de los camporistas Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti, el funcionario defendió los puntos más controvertidos del proyecto, como la eliminación de multas por trabajo no registrado. Sobre el tema dijo que “las normas hoy fomentan la informalidad” porque “un trabajador informal, con las multas que están, cobra tres veces la indemnización que un trabajador formal”.
“Lo que se busca es que la denuncia de la informalidad suceda en el momento en que está trabajando, desde el principio; que el trabajador no tenga que romper el contrato para cobrar tres veces la indemnización”, explicó Cordero, pero Sagasti le salió al cruce: “No creo que ningún trabajador pida estar en negro especulando con una doble indemnización”.
Cordero además respaldó que los trabajadores independientes podrán contar con hasta cinco “colaboradores”, bajo una relación autónoma. “La del trabajador autónomo es una figura muy útil y muy sana para generar trabajo”, destacó, y agregó que “la propia Corte tiene dicho que el trabajador autónomo existe, y se deja perfectamente claro (en la ley) que se trata de trabajadores independientes”.
Por último, el secretario de Trabajo apoyó la ampliación del período de prueba a seis meses, que podrá extenderse a ocho meses o hasta un año dependiendo del tamaño de la empresa. “Lo que pasa hoy es que, fruto de la falta de formación, la persona a los tres meses todavía no aprendió a funcionar o no se adaptó a la realidad del contrato de trabajo”, justificó.
Desmentida
En otro pasaje del debate, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, desmintió estar cobrando $70 millones como director de YPF en nombre del Gobierno. Ante una acusación del jefe del interbloque Unión por la Patria, José Mayans, el segundo de Nicolás Posse aclaró que había que “dividir por 22″ esa cifra y que recibe lo mismo que un secretario de Estado, “$3,2 millones”.
