“Acto de justicia” o “intento de proscripción”: de uno y otro lado de la grieta brotaron las reacciones al pedido de condena contra la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa donde se la acusa de liderar una asociación ilícita para beneficiar con obra pública al empresario Lázaro Báez en perjuicio del Estado.
Minutos después de conocerse el pedido del fiscal Diego Luciani para castigar a Cristina con 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer la función pública, el presidente Alberto Fernández se solidarizó con la vicepresidenta y condenó en nombre del Gobierno nacional la “persecución judicial y mediática” contra ella.
“Hoy es un día muy ingrato para alguien que, como yo, se ha criado en la familia de un juez, se ha educado en el mundo del derecho y enseña Derecho Penal hace más de tres décadas”, expresó Fernández en Twitter, y agregó: “Vuelvo a transmitir mi más profundo afecto y solidaridad a la vicepresidenta @CFKArgentina”.
En el comunicado difundido por el presidente, el Gobierno consideró que “ninguno de los actos atribuidos a la expresidenta ha sido probado y toda la acusación que se le carga se refiere únicamente a la función que ejercía en ese período, lo cual degrada lastimosamente los más elementales principios del Derecho Penal moderno”.
El exministro de Planificación Federal Julio De Vido, para quien el fiscal pidió una pena de 10 años, salió al cruce del mensaje de Fernández. “Señor presidente, su nota es extemporánea. Si fuera cierto lo que usted manifiesta, nunca hubiera designado a Marcela Losardo como ministra de Justicia. Su nota es como el título del libro de Soriano: triste, solitaria y final”, lanzó.
Apoyo a Cristina Kirchner
En el Frente de Todos no hubo fisuras: tanto el presidente como el ministro de Economía, Sergio Massa, el resto del Gabinete, gobernadores, intendentes y legisladores cerraron filas en torno a la defensa de Cristina. Incluso se sumaron integrantes del círculo íntimo de Fernández, como los secretarios Julio Vitobello y Vilma Ibarra.
En las redes sociales, el hashtag #TodosConCristina unió a la coalición gobernante. El ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, y el gobernador bonaerense Axel Kicillof fueron algunos de los que buscaron marcar la cancha desde temprano, con denuncias de “lawfare”, de “persecución” y de intentos de “proscripción”.
Massa se alineó al repudio oficial una vez que finalizaron los alegatos. “Es absurdo plantear que el jefe de la administración es responsable por cada uno de sus dependientes. Cambia el Derecho Penal y el encuadre del principio de responsabilidad. Estamos ante un peligroso antecedente para la política, empresarios y aquellos que tienen dependientes”, opinó.
Cristina también recibió apoyo desde el sindicalismo. A través de un comunicado, la CGT rechazó la “absurda calificación jurídica acusatoria” contra la titular del Senado, sostuvo que “no hay una sola prueba material” en su contra y habló de un “show mediático” para “dañar la imagen” de la vice “y de todo el peronismo”.
Por su parte, la CTA liderada por Hugo Yasky advirtió que “no dudará un instante en volcarse a las calles para acompañar a la vicepresidenta en caso de que este proceso proscriptivo siguiera su curso y atentara contra la libertad de Cristina y contra la plena vigencia de la Constitución”.
También se sumó el dirigente Juan Grabois (MTE). “Doce años... un año de prisión por cada año de gobierno. No es una coincidencia numérica sino una amenaza mafiosa del poder real. Y la amenaza no está dirigida a Cristina, sino a todos los demás, para que nadie se les anime nunca más”, alertó.
Causa Vialidad: la oposición celebró
En la vereda contraria, los referentes de Juntos por el Cambio celebraron el pedido de condena. “No hay golpe de puño, amenaza e insulto de la vicepresidenta que tuerza el valor que tiene la Justicia independiente para los argentinos”, expresó la presidenta del PRO, Patricia Bullrich.
Desde la UCR, el jefe del bloque de diputados nacionales, Mario Negri, resaltó que “Cristina Kirchner, quien se cree por encima de la ley, acaba de escuchar las palabras más temidas: 12 años de prisión”, y calificó ese pedido como “ejemplar”.
Alfredo Cornejo, titular del interbloque de senadores de Juntos por el Cambio, dijo que la actuación del fiscal Luciani fue “excelente”, “contundente” e “implacable”, y comparó esta investigación con el juicio a las Juntas Militares. “Habrá un antes y un después”, pronosticó.
Por su parte, la fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, compartió imágenes y videos de cómo siguió el cierre de los alegatos desde su domicilio, y escribió un breve mensaje: “Será justicia. Amén”.
Los libertarios también celebraron el pedido de la Fiscalía. El diputado José Luis Espert llamó “chorra” a Cristina, mientras que el también legislador Javier Milei habló de “un momento bisagra para la historia del país, en el que por fin la justicia se empieza a imponer sobre los corruptos”.
Sin embargo, la reacción más fuerte fue de un diputado neuquino del PRO, Francisco Sánchez, quien directamente pidió la pena de muerte para Cristina. “Doce años por robar impunemente es casi nada. El año pasado presenté un proyecto de ley para que este tipo de delitos sean considerados traición a la Patria. Merecen la pena de muerte, no una liviana prisión domiciliaria”, aseveró.
