El acuerdo sobre la deuda entre el Gobierno y el FMI enviado al Congreso que empieza a definir un “plan económico” para la Argentina deja en claro que habrá una mayor presión impositiva para algunos sectores y reducción de tasas y alícuotas para otros, con cambios que pretenden darle progresividad a la estructura tributaria actual, en línea con lo que se viene haciendo desde 2020.
El espíritu de lo acordado es que el que más tiene, más paga. Esto de ninguna manera descarta que la clase media se vea afectada por una mayor presión impositiva dado que habrá ajustes que sí la afectarán. No obstante, faltan innumerables detalles. A juzgar por lo expuesto ante el Congreso, todo lo que falta surgirá del trabajo cotidiano que realizarán la Casa Rosada y el Fondo de aquí en adelante.
Hasta diciembre habrá novedades sobre el revalúo inmobiliario en todo el país, lo cual elevará la presión fiscal vía Bienes Personales; crecerá la persecución para combatir la evasión; y se intentará reducir la brecha fiscal del IVA, que es multimillonaria.
Además, se elevará el impuesto a los combustibles al modificarse su fórmula de cálculo, lo que ejercerá una mayor presión sobre los precios en el surtidor (afectando a toda la población). Y se realizarán reformas administrativas para mejorar la eficacia en el cobro de los impuestos.
Por otro lado, el FMI dijo basta a los “blanqueos” y las amnistías impositivas, que en forma cíclica regresan a la Argentina para premiar –principalmente a los más acaudalados- incumplidores, independientemente del sello partidario del presidente de turno.
En las 137 páginas del texto enviado al Congreso no hay definiciones ni precisiones sobre los derechos de exportación. Sí hay una aclaración: pagarán menores alícuotas aquellos productos con mayor valor agregado.
Esto deja en un limbo a las retenciones agrícolas, lo que genera suspicacias sobre todo respecto del maíz y el trigo, porque la soja está pagando el tope que habilitaba la ley que cayó el 31 de diciembre pasado.
El revalúo de casi 600 mil propiedades
El acuerdo enviado al Congreso precisó que están previstas algunas “mejoras” en el sistema tributario federal para garantizar que las tasaciones de las propiedades reflejen mejor los verdaderos valores, es decir, más cercanos a los de mercado.
Nación y los gobiernos provinciales concluirán en septiembre próximo el proceso de actualización de los valores de las propiedades a nivel federal, de forma que puedan empezar a entrar en vigor para el ejercicio fiscal 2022.
Los rendimientos de esta iniciativa, descontada la coparticipación, podrían ascender a 0,1% del PIB en el ejercicio fiscal 2022 y a un 0,2% del PIB adicional en los próximos años, dice el acuerdo con el Fondo.
Sobre ello, el ministerio de Economía precisó que espera que este proceso pueda alcanzar a 400.000 contribuyentes, o cerca de 597.000 propiedades urbanas sujetas al impuesto anual sobre los bienes personales. Del inmobiliario rural nada dice el acuerdo.
Retenciones
El acuerdo dice que se buscará profundizar la política iniciada en 2020 de ir hacia un esquema progresivo que contemple menores alícuotas para aquellos productos que contienen un mayor valor agregado local, a medida que las condiciones lo posibiliten, para incentivar exportaciones.
No dice nada el acuerdo sobre las retenciones que el Gobierno le cobra a productos primarios como la soja, el maíz y el trigo, donde está el grueso de los ingresos que genera el campo. Pero el hincapié sobre una progresión impositiva sobre el valor agregado genera suspicacias.
Para el Gobierno, la clave está en “reducir aún más” (siempre que ya no esté en cero) los impuestos sobre exportaciones de valor agregado como la economía basada en los conocimientos, agroindustria, automotrices, economías regionales, los servicios, los productos orgánicos y sectores pymes.
“Son la principal fuente genuina de divisas que tiene el país y que, por tanto, determina en gran medida el potencial de crecimiento que Argentina puede tener conservando estabilidad en la balanza de pagos”, asegura el Gobierno.
Impuesto al Cheque y amnistías
Se evitará aplicar nuevos impuestos a las transacciones financieras que afecten los ahorros domésticos o las inversiones productivas. Seguirán siendo necesarios los planes de pago de impuestos, pero se evitarán amnistías fiscales que puedan deteriorar el cumplimiento tributario.
El Gobierno hizo hincapié en que no está prevista la creación de nuevos impuestos sobre las transacciones financieras y tampoco aumentar los que ya se aplican (el Impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios).
Impuestos a los combustibles
El gobierno dará marcha atrás a los cambios introducidos a través de la Ley 27.430 e impulsados por el macrismo en 2017, por los cuales se estableció que el impuesto a los combustibles se paga a través de montos fijos en pesos por unidad de medida.
Si bien el monto fijo contempla un mecanismo de actualización trimestral de acuerdo a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), la aplicación de este esquema generó una “sensible pérdida” en la recaudación del impuesto, que pasó de 1% al 0,7% del PIB.
Por ello, se volverá a un esquema “ad valorem”, es decir, a que el impuesto sea un porcentaje fijo del precio de la nafta y el gasoil. Esto, dijo Economía, “representa una medida de defensa de la recaudación de estos impuestos, tanto a nivel nacional como provincial, dado su carácter de impuesto coparticipable”.
Mayores controles y persecución
A fines de marzo, la AFIP presentará un Plan Estratégico hasta 2025 con el objetivo de enfrentar los “altos niveles de incumplimiento” en el pago de impuestos y aduaneros, mejorar la prestación de servicios a los contribuyentes y fortalecer las capacidades informáticas para la pesquisa.
El producto de estas reformas administrativas podría ascender a 1% del PIB a mediano plazo, y podría empezar a rendir fruto el próximo año (0,3% del PIB, descontada la coparticipación), evaluó el Gobierno.
Junto al FMI se elaborará un modelo integral de gestión del riesgo (que supere la fragmentación entre impuestos internos, de la seguridad social y aduaneros en los esquemas tradicionales) y en la aplicación de metodologías validadas internacionalmente para estimar la brecha de cumplimiento del Impuesto a las Ganancias.
El último dato calculado por AFIP respecto a la brecha tributaria del Impuesto al Valor Agregado (IVA) indica que alcanzó un 34,3% de la recaudación potencial de ese impuesto para el año 2019, aunque con la pandemia es posible que haya superado el 38% en el año 2020.
No es un dato menor. El fisco recaudó 3.243.608 millones por IVA en 2021. Si se extrapolara una brecha fiscal del 38% a esos resultados, el fisco estaría en condiciones de salir a buscar hasta 1.2 billones más sin tocar ninguna alícuota y sólo mejorando la performance de cobro.
Datos de la AFIP consultados por este medio indican que en 2021 el IVA neto fue el de mayor participación en la estructura de la recaudación (29,5%), seguido por Ganancias (21,3%) y Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social (20,9%).
En el acuerdo, el Gobierno dijo que dados estos niveles de incumplimiento en el impuesto de mayor peso en la recaudación tributaria nacional y buscando ser realistas en la fijación de metas alcanzables, se espera que las mejoras en la eficiencia de los procesos de la administración tributaria pueda generar un 0,3% del PIB de recaudación adicional para el Sector Público Nacional durante el 2023, llegando hasta un 1% en el período 2023-2025.
Para agosto de 2022, el Gobierno y el FMI elaborarán un plan de acción detallado y sujeto a plazos que se centrará en detectar brechas de cumplimiento y en mejorar la gestión del riesgo de cumplimiento de los principales impuestos internos y derechos aduaneros.
Impuestos provinciales
En materia de administración tributaria nacional, se promueve el intercambio de información entre la AFIP y las provincias con el fin de mejorar las capacidades de gestión y el cumplimiento tributario de los tres niveles de gobierno.
También se avanza en la armonización del funcionamiento de regímenes de retención, percepción y recaudación, y de los procedimientos de devolución del Impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB), dice el acuerdo.
En cuanto a medidas de política tributaria provincial, se persiguen los objetivos de coordinar y homogeneizar la carga tributaria de los IIBB, sellos e inmobiliario, sin desatender las necesidades de recaudación provincial.
