La suba de tarifas prevista en el entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) tiene un problema doble: es la principal objeción del oficialismo más duro, cuyo piso de tolerancia estaba en no más del 20%, pero están lejos, muy lejos, de colaborar con la reducción del déficit fiscal.
Son una piedra en el zapato, el problema más difícil y complejo de resolver por una razón tan sencilla como contundente: el Gobierno entiende que es ahí donde se jugará la elección del 2023.
Por el contrario, quienes siguen las cuentas públicas saben que en los subsidios energéticos está la parte del león del gasto público y en la oposición también la cuenta es simple: el ajuste que no se haga ahora se tendrá que hacer después del 2023, cuando aspiran a ser gobierno. Fue justamente la actualización del atraso acumulado hasta el 2015 la principal razón por la que el macrismo perdió la elección.
Es más, la consultora Equilibra –fundada por el economista Diego Bossio, ex titular de Anses durante el cristinismo– entiende que aún con una suba promedio del 59% de la tarifa de gas y luz a todo el universo de usuarios, los subsidios sumarían 12.898 millones de dólares, 17% más que los 11.043 millones de subsidios desembolsados en el 2021. Y a eso le falta agregar la escalada de los combustibles derivada de la invasión rusa a Ucrania.
“Las perspectivas del costo de la provisión de electricidad para 2022 no son auspiciosas, ya que esperamos incrementos levemente superiores a la inflación promedio anual esperada”, dice el informe.
Lo prometido
Veamos. En los documentos que el Gobierno presentó ante el Congreso se habla de un “escenario base” que supone reducir en 0,6% del PIB los subsidios energéticos. Ese escenario, que no contempla los efectos de la crisis en Ucrania, es bastante moderado: en el 2021 los subsidios energéticos representaron 2,3% del PIB y explicaron el 75% del déficit fiscal, que fue del 3,1%.
La suba tarifaria propuesta implica achicar 26% la cuenta de subsidios energéticos, que son la única ancla para recortar el déficit, que debe ir del 3,1 al 2,5% este año.
La ecuación tiene sus interrogantes: sin el impuesto a la riqueza y la súper soja el rojo hubiese estado en 4%. Este año no está ese impuesto y habrá que ver si la suba del trigo y la soja compensan la baja de producción por culpa de la sequía.
En resumen: hay muchas dudas respecto de que se pueda lograr ese recorte del 0,6% porque los costos de generar la energía este año crecerán mucho más que la inflación y las tarifas irán bastante por debajo.
La gran dificultad que atraviesa la Argentina está en la suba de costos de producción. Pasó en el 2021 y se repetirán este 2022.
16 años de subsidios a los servicios públicos
Es más, el informe de consumo de combustibles de Cammesa para el 2022-25 es lapidario: se espera que continúe la sequía en las cuencas del Comahue y el Litoral, con aporte bajo de todos los ríos; temperatura superando la media histórica; menos disponibilidad de gas de Bolivia, por lo que quedan imposibilitadas de operar las centrales eléctricas combinadas de alto rendimiento y se recurre al uso del gasoil.
El informe concluye en que con el equipamiento actual “no sería suficiente para abastecer la demanda” y sugiere contar desde marzo con buques regasificadores en Escobar y ampliar la disponibilidad en Bahía Blanca. Y ahí está el problema: el mundo se está disputando ya el GNL por efecto de la guerra en Ucrania. Rusia es la gran abastecedora de gas de Europa y sus compradores están buscando alternativas.
En 2021 el barril de petróleo pasó de 41,8 dólares a 70,6: una suba del 69,1%. Ahora ya está arriba de los 100 dólares. En el país, el 60% de la generación es térmica, es decir, funciona en base a combustibles.
El más económico y eficiente es el gas, pero no hay suficiente: a Bolivia se le paga el doble que a los locales pero así y todo prefiere venderle a Brasil que le paga mejor y el GNL viene en alza. A inicios del 2021 se importó a 5,4 dólares el millón de BTU y a fin de años estaba en 13 millones de dólares. Se espera que trepe a 45 y es probable que no haya disponibilidad.
El combo del 2021 fue complejo: la generación hidroeléctrica se redujo 17% y se incrementó 5,1% la demanda de energía, por lo que hubo que recurrir a fuentes más caras. Como gas hay cada vez menos, hubo que recurrir al GNL, que cuesta el triple que el gas.
¿Consecuencia? Los subsidios a la electricidad treparon 128%: 848.200 millones de pesos, 8.910 millones de dólares. Ese escenario no sólo persistirá este año sino que se agravará por la guerra en Europa, con lo cual, aun con esta suba de tarifas comprometidas en el acuerdo con el FMI, los subsidios demandarán más dólares.
¿De cuánto será la suba tarifaria?
Para este 2022, el aumento de la electricidad será desdoblado en dos. Una suba ocurrirá ahora, se aplicará desde marzo, y la segunda regirá desde junio, una vez que se realice la audiencia pública ante los organismos de control.
En esa audiencia se propondrá un mecanismo de actualización que servirá para los años 2022, 2023 y 2024.
Según lo que ya explicó el Gobierno, la referencia para mover las tarifas estará puesta en los salarios: se tomará el Coeficiente de Variación Salarial del año anterior que publica el Indec (que combina sueldos registrados y no registrados) y que para 2021 arrojó 53,4%.
Los usuarios de tarifa social tendrán un aumento equivalente al 40% del CVS, es decir, una suba del 21,36% para todo el año.
Los residenciales actualizarán con el 80% de CVS, es decir, el 42,72% y el 10% de la población de mayores ingresos dejará de recibir el subsidio. En el 2021, en dólares, el costo de producción de un mega estuvo en 76 dólares, según un informe de la Subsecretaría de Energía con datos de Cammesa, los residenciales pagaron 26 dólares, es decir, el 35% del costo real.
En pesos, los usuarios residenciales pagaron 2.507 pesos frente a un costo de producción de 7.564 pesos, 201% más.
La suba de marzo se tomará a cuenta de la de junio, según explicó el Gobierno. Sin embargo, a los aumentos acordados ante el FMI habrá que agregarle la actualización de la tarifa a las distribuidoras.
Cuenta compleja
Las tarifas tienen tres componentes: el costo de la energía pura, que regula Nación; el costo de llevarla hasta cada hogar, que lo dispone la Provincia de Córdoba para Epec y la Nación para Ecogas y los impuestos, cargos y tasas, que son un porcentaje sobre la suma de lo anterior y por lo general lo aplican los municipios.
En el caso de Epec, desde marzo rige una suba del 12% en la tarifa final por efecto del aumento del Valor Agregado de Distribución. Hay que esperar los números oficiales, pero el 21,36% de aumento de la energía a los usuarios de tarifa social (190 mil en toda la provincia) implicaría una suba final del 4,5%, más el 12% de Epec: 16,5% total.
Para los residenciales, el pass-trough del 42,72% de la energía a la tarifa final, antes de impuestos, estaría en el 12,4%. En Córdoba, por el momento, no está prevista la segmentación tarifaria: empieza en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba). Si así fuera también en Córdoba, los de mayores ingresos tendrían un aumento en torno del 50%, más impuestos.
Para el caso del gas, Ecogas tiene autorizado por el Enargas una suba del 36% de la tarifa de distribución (más el 60% de los transportistas), lo que impactaría en un 20% final al usuario.
Pero con esas subas no se reducen subsidios: hay que sumarle la actualización del gas con los porcentajes acordados según sean tarifa social, residencial o sin subsidio.
No está claro si los topes atados al CVS incluyen la suba del transporte y distribución o se refieren sólo al precio del gas. En energía no es así, pero en gas la Nación regula el precio en toda la cadena.
Si estuvieran incluidas, la baja de los subsidios sería irrelevante. Si no, los aumentos del gas serían mucho más significativos que los de la luz.
Subsidios desde 2002
Los subsidios económicos aparecen en el Presupuesto del año 2002, cuando la emergencia económica congeló la tarifa de los servicios públicos y el Estado pasó a pagar parte del costo de esos servicios para hogares e industrias. Según un trabajo del centro de estudios Equilibra, en 2021 los subsidios económicos representaron 3% del PIB, alcanzando 14 mil millones de dólares.
El récord, con Cristina Fernández. El pico de subsidios estuvo en 2014, cuando treparon hasta U$S 26.500 millones y escalaron hasta un máximo de casi U$S 27.600 millones en 2015, significando 4,7% del PIB en 2014 y 4,3% en 2015.
El peso de los subsidios energéticos. En 2000, los subsidios energéticos representaban el 40% del total y subieron al 75% durante el segundo mandato de Cristina Kirchner. De los 14 mil millones erogados en subsidios durante 2021, más de 11 mil millones se destinaron al sector energético (2,3% del PIB), siendo la electricidad la que se llevó la mayor porción (1,9% del PIB). El transporte, en tanto, recibió subsidios por el equivalente a 0,7 puntos del producto (3.200 millones de dólares).
