Es un tema urticante para el Gobierno y exaspera al kirchnerismo duro, pero el acuerdo con el FMI obliga a una paulatina normalización de los precios relativos, por lo que el Estado nacional irá “soltando” las tarifas y con ello reducirá subsidios para bajar el déficit fiscal.
Para el 2022, el Gobierno había previsto un déficit fiscal primario de 3,3% del Producto Interno Bruto (PIB), pero ahora acordó con el FMI que será del 2,5%. Pasaron cinco meses de aquella primera proyección y en el medio el crecimiento de la economía fue mayor al esperado.
Señal de lo que viene y del disgusto que esto le genera a la pata cristinista del Frente de Todos es el silencio que sus exponentes hicieron notar tras el anuncio del presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; y el ministro de Economía, Martín Guzmán.
¿Qué pasará con los subsidios a la energía?
¿Ministro Guzmán, prevén algún tipo de cambios en la política de subsidios energéticos respecto de lo anunciado a fines de 2021?, consultó el diario Clarín en la conferencia de prensa de este viernes. “No, se sigue con lo anunciado”, fue la respuesta escueta del funcionario.
Minutos después, el Fondo Monetario emitió un comunicado en el que señala: “Acordamos que una estrategia para reducir los subsidios a la energía de manera progresiva será fundamental para mejorar la composición del gasto público”.
En concreto, lo que se acordó fue avanzar con la reducción de subsidios por la vía de la segmentación de tarifas de gas, electricidad y agua, para lo que el Gobierno ya cruzó datos de 17 millones de personas.
El Gobierno había anunciado que en 2022 aplicaría aumentos del 20% en las tarifas eléctricas. Lo que no se dijo en ese momento es que ese es el techo para los sectores vulnerables. Los hogares y sectores más pudientes afrontarán alzas mayores.
También habrá un sinceramiento más acelerado del que hubiera querido el kirchnerismo de las tarifas del transporte. Pero se sostendrá el programa de “Tarifa Social”, que hoy otorga un descuento de hasta el 55% para viajar a los sectores vulnerables.
Esa tarifa social beneficia a más de diez millones de personas en todos los distritos donde funciona la tarjeta SUBE: Área Metropolitana de Buenos Aires y casi 60 grandes aglomerados urbanos. Entre esas jurisdicciones aparen Mendoza y San Rafael.
En enorme peso de los subsidios
Para tener una dimensión del peso que tienen los subsidios estatales: representan el 99,55% del déficit fiscal primario que registra el Sector Público Nacional. Es decir, si se eliminaran los subsidios, se borraría casi por completo el agujero fiscal.
La idea de borrar la cuenta de un plumazo no es políticamente sostenible para el gobierno de Fernández, que viene de sufrir una derrota en las legislativas de 2021 en un contexto de 40% de pobreza, con inflación del 50% anual y una lenta recuperación del mercado laboral y el consumo interno.
El informe sobre las cuentas públicas de 2021 que la secretaría de Hacienda publicó este mes señala que el gobierno nacional cerró el año pasado con un déficit fiscal primario acumulado de 1.407.641 millones de pesos (casi 1,41 billones de pesos).
La Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) indicó en su último informe, que los subsidios para gastos corrientes de empresas públicas, fondos fiduciarios y sector privado (familias) sumaron 1.401.355 millones en 2021.
Esos subsidios crecieron nada menos que 93,2% en 2021, respecto de 2020. Fue el esfuerzo fiscal definido por el Gobierno para “propiciar” la recuperación económica pospandemia en un año en el que también hubo un proceso electoral.
Qué se subsidia y cómo se recortaría
Si se pasa la lupa sobre los subsidios, el 74,6% va a financiar al sector energético. El monto alcanzó los 1.046.300 millones de pesos en 2021 y fue 137,7% mayor el de 2020. Al transporte se destinaron 216.523 millones de pesos. En total, el 90% queda en el Gran Buenos Aires.
El ajuste del gasto público general ya había sido contemplado por el Gobierno, que en su proyecto de presupuesto 2022 había indicado una reducción de 1,5% del PIB, ubicando al total de erogaciones en 21,9% del PIB, contemplando los intereses de la deuda.
En 2021, el gobierno había gastado en subsidios económicos unos 1,31 billones de pesos, lo que representó 3,1% del PIB. Y para este año prevé un gasto de 1,35 billones, pero por el crecimiento económico tendrá un peso del 2,2% del PIB (-0,9 puntos anual).
Eso indica que aproximadamente el 60% del ajuste fiscal de 2022 estaría dado solo por la reducción de subsidios económicos, principalmente los de la energía.
En ese proyecto, los subsidios energéticos pasaban del 2,2% del PIB en 2021 a 1,4% en 2022. Esto fue redactado entre abril y agosto del 2021, cuando la previsión de crecimiento económico era del 7% y la realidad marcó un 10%. Ahora, es posible que el impacto del recorte sea mayor.
Otro sector en el que podría pegar el ajuste fiscal es en las transferencias corrientes a las provincias. Es decir: las partidas de dinero que le quedan a Nación después de la coparticipación y se reparten por acuerdos que los gobernadores firman en Casa Rosada.
El gobierno había previsto, en parte, esta situación e impulsó a los gobernadores a firmar la ampliación del Consenso Fiscal para 2022. Se acordó así que puedan subir algunas alícuotas de impuestos locales (como Ingresos Brutos y Sellos) para incrementar la recaudación propia.
