La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) emitió un comunicado con su “enérgico repudio” a la decisión de la Justicia de Tucumán de imponer silenciar durante seis meses a una compañía de medios.
A pedido del Ministerio Público Fiscal provincial, el juez subrogante Lucas Taboada dictó una medida cautelar que ordena a la Compañía de Circuitos Cerrados S.A. (CCC), así como a sus periodistas, productores y conductores, abstenerse por ese período de tiempo de difundir contenidos que “injurien, desacrediten, tergiversen o distorsionen la actuación” de fiscales, funcionarios judiciales y magistrados de la provincia.
El pronunciamiento de Adepa
En su comunicado, Adepa recordó que “ninguna autoridad estatal, sea judicial o administrativa, puede disponer la censura previa ni prohibir la difusión de información o de opiniones, en especial cuando se trata de expresiones referidas a funcionarios públicos o a hechos de interés institucional”.
La entidad citó además jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha establecido “con claridad” que toda medida preventiva que limite la circulación de información constituye una restricción ilegítima de la libertad de pensamiento y expresión, con la única excepción de los casos destinados a proteger a niños, niñas y adolescentes.
“Contraria a la Constitución”
“Adepa considera que en un sistema democrático los actos de comunicación y crítica sobre la actuación de los poderes públicos sólo pueden dar lugar a responsabilidades ulteriores, pero nunca a prohibiciones preventivas de publicación o difusión”, según anunció la entidad en el texto publicado.
La asociación concluyó que medidas de este tipo violan el artículo 14 de la Constitución Nacional y “lesionan el derecho de la ciudadanía a informarse y debatir sobre asuntos de relevancia pública”.
