Las conclusiones de la reunión de Medio Año de la Sociedad Interamericana de Prensa, que este viernes concluyó cuatro días de debates virtuales, ubica al gobierno argentino entre los cuatro que más hostigan al periodismo, junto con los de El Salvador, Brasil y México.
Destaca que en nuestro país se introdujo en el relato oficialista el concepto de “lawfare”, con el cual el poder político plantea la existencia de una connivencia conspirativa entre sectores del periodismo, la política y la Justicia, y que se llegó al extremo de que el Gobierno presentó un proyecto en el Parlamento del Mercosur para tipificar esas presuntas acciones como delito y sancionar a periodistas que investigan hechos de corrupción.
El informe preparado por el representante de La Gaceta de Tucumán, Daniel Dessein, menciona el ataque contra el diario Río Negro por manifestantes de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), los avasallamientos al trabajo periodístico en Formosa y el acoso judicial contra los periodistas Daniel Santoro, Diego Cabot e Irene Benito.
El caso Santoro, quien ayer apeló el procesamiento en su contra, fue luego uno de los ejes de la presentación del periodista Adrián Ventura en un panel sobre “Medios versus poder político”.
La sesión de ayer fue presidida por el director de La Voz, Carlos Jornet, en su condición de presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.
Las conclusiones de la reunión destacan que la estigmatización del periodismo genera un clima hostil que puede degenerar en acciones violentas concretas contra medios y periodistas, como ocurrió en al menos 12 países del continente, Argentina entre ellos.
Agrega que también en Bolivia, Venezuela, Cuba y Nicaragua los gobiernos utilizan los medios gubernamentales y las redes sociales para desacreditar a los periodistas.
En el encuentro se rindió homenaje a los más de 500 periodistas y personal de medios de comunicación que fallecieron desde marzo de 2020 a causa de la pandemia, así como a los ocho periodistas muertos en el último semestre: cuatro en México y uno en Colombia, Ecuador, Guatemala y Honduras, respectivamente, a los que se suma un desaparecido en México.
Asimismo, se expresó preocupación por la prescripción de tres casos de asesinatos de periodistas en Colombia.
Reclamos a los gobiernos
Se insistió a los gobiernos de Brasil, México, Ecuador, Guatemala y Honduras a que cumplan con la responsabilidad de determinar responsables materiales e intelectuales en casos de asesinato o desaparición de periodistas, y se criticó la decisión del gobierno de Estados Unidos por negarse a sancionar al príncipe Mohammed bin Salman de Arabia Saudí, por el asesinato en 2018 del columnista Jamal Khashoggi de The Washington Post.
Asimismo, se alertó sobre los riesgos que enfrentan las mujeres periodistas y los constantes ataques que sufren, relacionados con estereotipos y roles.
Se destacó que el acoso judicial continúa siendo un arma de censura para gobiernos autoritarios que buscan controlar los contenidos de la prensa independiente. Durante la reunión, tuvo especial tratamiento la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que obliga al diario El Nacional a pagar 13,2 millones de dólares al diputado Diosdado Cabello, por presunto “daño moral”.
Los intentos de coartar la libre expresión se expresan también en proyectos de ley, acciones administrativas y demandas judiciales que violan estándares internacionales de derechos humanos; trabas injustificadas al acceso a la información pública, con el agravante de que varios gobiernos instalaron el secreto para temas vinculados con el manejo de la pandemia y la compra de insumos médicos; inequidades manifiestas en la distribución de publicidad oficial, y falta de protección a periodistas que debieron realizar coberturas en situaciones de peligro creciente, por cuestiones sanitarias o por protestas callejeras.
Se agregan presiones administrativas y fiscales contra medios críticos; retiro de licencias a emisoras de radio y TV, sin fundamento alguno o, peor aún, con el único argumento de que sus propietarios denuncian irregularidades del poder político.
En este escenario, el presidente de la SIP, Jorge Canahuati, y la asamblea, reconocieron los avances positivos que se dieron en Colombia para impulsar el ejercicio de un periodismo independiente, autosustentable y con garantías a la integridad de sus empresas y profesionales.
