Los ex secretarios de Energía Daniel Montamat y Jorge Lapeña salieron a cuestionar el esquema que lanzó el gobierno nacional para segmentar las tarifas de gas y de electricidad porque, advirtieron, no evitará que este año se tengan que destinar más de 15.000 millones de dólares para subsidiar el consumo de energía.
“A fin de año veremos cómo resultó, cuál fue el ahorro y cuáles son los cumplimientos de los compromisos que el país ha adquirido para reducir esos subsidios que son exorbitantes, que este año van a ser de 15.000 millones de dólares y que son insostenibles”, dijo Lapeña.
El también ex presidente de YPF se refirió al acuerdo que la administración de Alberto Fernández firmó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para reestructurar la deuda por alrededor de 45.000 millones de dólares, en el que se fijó como objetivo reducir el déficit fiscal al 2,5% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2022.
Hasta los integrantes del directorio del Fondo se encargaron de manifestar su preocupación sobre los desafíos que afronta la Argentina y pidieron esfuerzos adicionales, entre otras cuestiones, para acelerar la “reducción de los subsidios energéticos costosos y no focalizados”.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, prometió conseguir una reducción del 0,6% del PIB en subsidios a la energía para 2022, aunque aclaró que ese objetivo estará sujeto a “la gran incertidumbre en los mercados energéticos mundiales”, sobre todo, tras el fenómeno inflacionario que instaló la guerra en Ucrania.
El último informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso expuso la dimensión de los obstáculos, porque indicó que el Gobierno gastó $539.689 millones en subsidios económicos en el primer cuatrimestre, lo cual representó un salto anual del 131% en términos nominales y del 50,3% en términos reales. Y el 77,8% de esos recursos (unos $419.901 millones) fueron a parar a las tarifas energéticas.
Lapeña, en declaraciones a radio Continental, remarcó que “los subsidios deben reducirse de una forma gradual porque son un elemento que distorsiona la economía y necesitan ser puestos en orden después de tanto atraso”.
Por su parte, Montamat cuestionó con dureza el mecanismo que puso en marcha el Gobierno nacional y que contempla que perderán los subsidios los sectores de mayores ingresos, que inicialmente serán los que sumen ingresos por encima de los 334.000 pesos,
“El tema este es un eufemismo para seguir aumentando las tarifas. Vamos a los datos concretos: con los aumentos tarifarios que han hecho, uno en marzo y otro en mayo, más o menos las tarifas de gas y de electricidad han aumentado entre 35 y 40%, pero llevaban retraso de los años anteriores”, dijo.
Seguido, agregó que si se contempla la evolución de la inflación desde diciembre de 2019, el atraso de las tarifas de luz y de gas es cercano al 100%. Por ello, Montamat calculó que el mecanismo de segmentación no servirá para revertir este año el alto nivel de los subsidios.
“Los subsidios energéticos no son un paga Dios, se vienen financiando con papel pintado, con emisión inflacionaria. El año pasado fueron de 12.000 millones de dólares y este año, según las últimas cuentas que tenemos con estos aumentos ya incluidos, van a ir a 17.000 millones de dólares, eso es 3,05% del PBI”, indicó en declaraciones a CNN radio.
En ese sentido, Montamat se sumó a las advertencias que realizó Lapeña respecto a los desafíos para cumplir con las metas que se asumieron ante el FMI. “Sólo los subsidios energéticos te comen el compromiso de 2,5% de déficit primario que tenés”, lamentó.
Al margen de las dudas que expusieron los especialistas en temas energéticos, la segmentación de tarifas para comenzar a reducir la asistencia del Estado nacional sobre el consumo de gas y de electricidad generó expectativas, tal como lo manifestaron los titulares de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, y de la Unión de Usuarios y Consumidores, Claudio Boada.
Funes de Rioja destacó la posibilidad de avanzar con un esquema de subsidios para beneficiar “a sectores de mayores necesidades”, pero pidió “evitar una deformación o mal uso de este beneficio”, sobre todo, ante los “muy altos porcentajes de informalidad que no en todos los casos implica pobreza”.
Y Boada dijo que “es justo” que se avance en la segmentación y hasta se mostró entusiasmado ante el cruce de datos que se realizará, y en el que incluso colaborarán la Anses y la AFIP, para identificar a las distintas categorías de usuarios.
