Mientras el paquete de leyes del Presupuesto 2026 comenzó a desandar el camino en las comisiones de la Unicameral, Rodrigo Agrelo, legislador provincial por Encuentro Vecinal Córdoba, cuestionó el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.
El dirigente puso el foco en dos aspectos que la oposición, en sus diferentes variantes, vienen criticando desde más de una década: la amplitud de facultades extraordinarias solicitadas por el Gobernador para endeudarse y fijar impuestos, y la utilización de agencias y empresas con mayoría accionaria estatal para ejecutar obras sin pasar por los mecanismos de control preventivo.
“El gobierno está pidiendo un cheque en blanco. Quiere endeudarse más allá de los límites legales, modificar alícuotas y exenciones por decreto, y ejecutar gran parte de la obra pública sin el control del Tribunal de Cuentas”, alertó Agrelo a La Voz en Vivo.
Según explicó, el monto global previsto, que es un 19% superior al de 2025, “oculta recortes graves” en áreas sensibles como salud mental, programas sociales y empleo.
El legislador señaló que el Presupuesto prevé un superávit equivalente a unos 303 millones de dólares. Sin embargo, sostuvo que ese resultado se logra a costa de “recortar partidas esenciales”. Entre los ejemplos, mencionó una reducción del 14% en el Programa de Obras de Reparación, más del 40% en programas de empleo y menos fondos para asistencia en salud mental.
“Estos ajustes muestran que el gobierno administra según el calendario electoral. En años no electorales, recorta. Y en años de elecciones, gasta más en programas sociales”, criticó. Agrelo también cuestionó la lógica detrás del cálculo oficial de que la Provincia resignará 600 millones de dólares por la rebaja de impuestos. “Hay rubros que ya estaban exentos el año pasado, como la producción de pan, por ejemplo. No se puede contar como pérdida algo que no ya se recauda”, remarcó.
Impuestos
Uno de los puntos polémicos, según el legislador, es el artículo 6 de la Ley Impositiva, que impide que el impuesto Inmobiliario sea inferior al del año 2025, argumento que el Gobierno ofrece como eje principal del proyecto. “Aunque se hable de una baja, la ley fija un piso. Además, topea el incremento en un 29%, cuando la inflación proyectada es de 10,1%”, dijo. “El 29% ya fue aplicado este año. Es decir que estaríamos pagando dos veces el mismo ajuste. El impuesto Inmobiliario, en términos reales, ya subió un 70% respecto del año anterior”, afirmó.
Desde la Provincia dijeron que si bien ese artículo dice que “el monto del impuesto para cada inmueble calculado de acuerdo con lo establecido en el presente artículo no podrá ser inferior al generado para el mismo para la anualidad 2025”, aclararon que en esos montos no están incluidos los descuentos. En efecto, el artículo 117, inciso “a”, dice que el Ejecutivo podrá “adecuar exenciones, mínimos, impuestos fijos, disposiciones, escalas y alícuotas en Sellos, Inmobiliario, a la Propiedad Automotor, sobre los Ingresos Brutos y demás tributos legislados en el Código Tributario Provincial (...)”.
En esto, Agrelo ve un “cheque en blanco”, ya que aunque la ley dice que “en todos los supuestos es necesaria la posterior ratificación por parte de la Legislatura”, se le otorga al Centro Cívico un poder absoluto sobre temas impositivos. “Se viola el principio de legalidad tributaria; los impuestos deben ser establecidos por ley, no por decreto”, advirtió.
Endeudamiento
Otro eje central de las críticas fue el endeudamiento. “El Gobierno pide autorización para emitir letras por $ 400 mil millones y endeudarse por U$S 2.570 millones a través de la Agencia de Financiamiento. Pero también solicita eliminar los topes que impone la Ley de Administración Financiera”, explicó.
Además, mencionó que Epec y Caminos de las Sierras solicitaron endeudamientos extra por U$S 50 millones cada una, también sin topes. “Todo esto representa un peligroso margen de discrecionalidad que compromete el futuro financiero de la provincia”, expresó.
Asimismo, denunció que dos tercios de la obra pública provincial prevista para 2026 se realizará por fuera del control preventivo del Tribunal de Cuentas, a través de agencias estatales o empresas con formato societario. “Casi U$S 1.200 millones estarán comprometidos en obras de las cuales el 25% pasará por agencias y un 36% por empresas del Estado”, dijo.
Afirmó que estas entidades no están sujetas a la Ley de Obras Públicas ni al sistema de certificación exigido a la administración central. “Es ideal para el sobreprecio”, advirtió.
