Poco importa discernir si el discurso presidencial ante la Asamblea Legislativa fue la consumación de la ventriloquía que viene ejerciendo Cristina Kirchner con la investidura de Alberto Fernández.
El Presidente esperaba inaugurar las sesiones del Congreso con dos anuncios: el avance del plan de vacunación y un acuerdo encaminado con el Fondo Monetario. Pero llegó con el escándalo de los vacunados de privilegio y el diálogo con el FMI en veremos. Y con un clima social alterado por la malversación de las vacunas escasas y la promesa de un rebrote pandémico que aleja el horizonte de regreso a la normalidad.
Según un sondeo de 800 casos de la consultora D’Alessio Irol, la mayoría de la población cree que el beneficio de la vacunación quedó sujeto a la manipulación partidaria. Más de un 70% opina que eso equivale a corrupción política.
Otro estudio –de la consultora Trespuntozero, con una muestra de mil casos– refleja ese estado de opinión pública. Más de la mitad de los encuestados cree que Alberto Fernández manejó mal lo que vino después de la salida indecorosa del exministro Ginés González García. Y que el Presidente todavía sigue tratando de ocultar la verdad.
En ese contexto, la corrupción trepa con más de 40 puntos como el principal problema percibido en el país. Le siguen la inflación, con 28,4%, y la pobreza, con 12%. Si se suma la preocupación por el desempleo, hay un 80 por ciento de aflicciones dentro del combo “salud y economía”. Aquello que el Gobierno delineó como prioridad ante la pandemia. Y lo curioso es que la indignación por la corrupción permea entre quienes votaron a Alberto Fernández. Lo admite el 26% de ese sector.
Esta variación explica que la gestión del Gobierno nacional coseche un 66,7% de rechazos. Un 35% de ese universo se identifica como votante de Alberto y Cristina Fernández. El Presidente tiene un diferencial de imagen (saldo entre opiniones favorables y desfavorables) de casi 30 puntos negativos. La vice se arrima a los 40, también en rojo. Apenas por debajo de Ginés, el despedido.
Si se evalúa el trazo grueso de la perspectiva electoral, el universo de quienes quieren votar por un cambio es de 57,5%. Contra un 35,2% que prefiere apoyar la continuidad del rumbo político.
Con ese fracaso en la mano, el Presidente decidió su discurso. Se resignó a abandonar por completo la idea de proponerle al Congreso una agenda propia y se refugió en la de Cristina. El complemento de esa claudicación es que ahora es el programa de Cristina el que debe probar su eficiencia.
Ese programa no se agota en la búsqueda de impunidad. Aspira a un disciplinamiento social amplio, que no se puede concretar sin someter al Poder Judicial a una conducción política; a los medios, a la reproducción de su relato, y a la oposición, a una operación de equiparación simbólica: su prontuario debe ser igualmente malo.
¿Funcionará ese plan de control social? El Gobierno se lanzó a agredir personalmente a jueces de la Corte Suprema, camaristas y fiscales. No tiene los dos tercios requeridos para enjuiciarlos. Piensa en una comisión bicameral de persecución para suplir esa falencia, y en un tribunal paralelo a la Corte para sustraerle las causas de mayor interés. Nada en condiciones de atravesar con éxito un control de constitucionalidad.
El programa de Cristina es todavía más audaz en la relación con el Fondo Monetario. A la vuelta de un año, Alberto Fernández decidió aceptarle a su vice el plan que ella enunció en aquella última disertación en Cuba: querella criminal contra los funcionarios del FMI que gestionaron préstamos para el país durante la gestión de Mauricio Macri.
Ese diseño implica abandonar la idea de un acuerdo en el corto plazo y tirarse el lance de que –en medio de una bravuconada judicial inviable– el FMI decida emitir derechos especiales de giro para los países miembros y asignarle a la Argentina un monto –equivalente a los vencimientos de deuda de este año– para no entrar en default. Una apuesta de quiniela.
Y, mientras tanto, mantener el dólar, las tarifas y el resto del esquema de precios relativos en la olla a presión de congelamientos, controles y sanciones.
Como si después de las elecciones legislativas asumiera el gobierno un opositor.
