Alberto Fernández obvió, una vez más, decir de frente una de las verdades que han signado la política económica de la Argentina: nos gustan las fiestas, enloquecemos cuando son gratis, pero renegamos cuando, por las buenas o las malas, llega la hora de pagar el festejo. Incluso anunció que sigue el “baile”, al menos para la mayoría.
Ejemplo de esto son las tarifas de servicios públicos. Se refirió como un “martirio” a los aumentos de luz y de gas aplicados entre 2016 y 2019, sin admitir, ni siquiera elípticamente, que esos aumentos son los que permitieron mantener congelados los servicios en el año de la pandemia sin que el sistema colapsara, como pasaba hasta 2015. Es más, dijo que no hubo inversiones y que las prestatarias embolsaron “cuantiosas ganancias”.
Es lógico. La suba de las tarifas quizá haya sido la principal razón por la que el votante castigó a Mauricio Macri. Al argentino promedio le encantan las cosas baratas o regaladas, bañadas en épica nacionalista, aunque tenga sobradas muestras de que en otros países los servicios pesan con fuerza en la economía familiar.
El argentino promedio se enamora de la boleta congelada del gas o de la luz y no conecta en ningún momento que parte del salto de la carne, la leche, el arroz o la yerba está justamente ahí. La inflación que no cede se debe a que el Estado imprimió en 2020 alrededor de 2,4 billones de pesos y un tercio de esa plata fue a financiar la compra de electricidad y gas que los usuarios consumen pero no pagan: 60% de la boleta la paga el Estado.
Los caminos que no tenemos, los hospitales en el interior que nos faltan y las inversiones que no llegan obedecen en parte a que el Estado destina bolsones de plata a financiar, muchas veces con poca transparencia, la prestación de servicios públicos a tontas y a locas. En 2020 fueron 630 mil millones de pesos a esa cuenta: tres veces el ATP que sostuvo el empleo privado.
Así, el Gobierno presiona a las prestatarias y hasta logra que sus dueños se las vendan a hombres más afines al oficialismo, como pasó con Edenor.
Alberto dijo que, de continuar el sistema de revisión integral vigente que dispuso la administración anterior, el gas debería haber aumentado 80% en octubre de 2019 y 130% en abril de este año. De la electricidad, dijo que en abril debería aumentar 168%.
“Me comprometí en campaña a poner fin a semejante despropósito. Desde el día que llegué y hasta hoy mismo, he ordenado el congelamiento de tarifas”, afirmó.
Los expertos dicen que no son los números reales: en el gas, el atraso completo de dos años (se congeló en abril de 2019) es del 85% y en la luz, ronda el 77%.
De todos modos, habló de “regularizar” la situación, pero que se hará de acuerdo a la “capacidad patrimonial” de cada usuario, nada que toque mucho al argentino promedio que en algunos meses tiene que votar.
No dijo una palabra del esfuerzo realizado por todos los argentinos en sostener las tarifas congeladas: todos, aun los que no tienen gas natural, financiaron la fiesta. Incluso es debatible también el aumento según la capacidad patrimonial: puede pasar que alguien viva en una propiedad cara y consuma casi nada y otro, en una vivienda estándar, puede ser desaprensivo y gastar el triple que el promedio.
Al segundo ejemplo de las fiestas que nadie quiere pagar hay que buscarlo en el FMI. El Gobierno de Macri informó que dos tercios de los 44 mil millones de dólares que llegaron del Fondo se destinó a pagar deuda heredada, que se refinanció al 4%. Este Gobierno se armó un mini FMI en la Casa de Moneda, que trabaja 24 horas imprimiendo billetes de mil pesos que van a financiar el déficit del Tesoro que el anterior financiaba con deuda. En realidad, con sus acusaciones, lo que buscó Fernández es avisarle el Fondo que está dispuesto a jugar fuerte, lo que incluye un default al organismo.
La fiesta se pagó con plata prestada y ahora el relato pasa por iniciar una querella criminal al gobierno que pidió esos fondos. ¿Y el que imprime? ¿Y el que regala vacunas a las propios?
Las tarifas congeladas, la AUH, las jubilaciones de amas de casa, Aerolíneas, YPF y tanto más forman parte de un déficit estructural que al argentino promedio le parece normal y que este Gobierno ensalza. Lo peor es que cree que está bien: las fiestas deben ser gratis para la Argentina. Y que Dios las pague.
