En un nuevo revés judicial para el expresidente Alberto Fernández, la Corte Suprema de Justicia rechazó este jueves la recusación que había presentado contra el juez Julián Ercolini en el marco de la causa Seguros. Esta decisión ratifica fallos anteriores de la Cámara Federal y la Cámara de Casación.
La medida de la Corte llega en un momento clave, ya que Ercolini ya no se encuentra al frente de la investigación; fue reemplazado en febrero pasado por el juez Sebastián Casanello.
Precisamente, la semana pasada, Casanello procesó a Fernández por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y le impuso un embargo sobre sus bienes por más de $ 14.600 millones.
Detalles de la recusación y los argumentos de Fernández
Alberto Fernández había solicitado el apartamiento de Ercolini alegando “temor de parcialidad” cuando este último aún dirigía la causa. Como prueba, el expresidente había aportado unos chats fechados entre octubre de 2017 y marzo de 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri.
En una audiencia ante la Cámara Federal, Fernández había expresado enfáticamente: “Ercolini me quiere preso. Estoy seguro de que es parcial. Lo ha demostrado en las dos causas (la de seguros y la de violencia). Salgamos de los formalismos y veamos lo que ha ocurrido”. También añadió: “No estoy paranoico, Ercolini me detesta y me quiere cobrar venganza”.
Sin embargo, el camarista Roberto Boico rechazó la recusación, argumentando que los chats se presentaron de forma tardía y objetando la falta de datos del teléfono donde supuestamente se captaron las imágenes, la ausencia de conocimiento sobre el titular del aparato y la omisión de acompañar el teléfono para ser peritado. Estas objeciones fueron ratificadas en las instancias superiores.
El procesamiento y las acusaciones centrales
El cambio de juez en la causa de los Seguros se produjo a principios de febrero, tras vencerse la subrogancia de Ercolini en el juzgado federal 11. Esta transición ocurrió justo cuando el juez debía decidir sobre el procesamiento o sobreseimiento de los imputados.
La acusación central contra el expresidente se basa en el decreto 823/21, que obligó a todos los ministerios y organismos del Estado nacional a contratar con Nación Seguros.
Además, se cuestiona la designación de María Cantero como su secretaria privada. El fallo de Casanello sostiene que “existen fuertes sospechas de que construyó una oficina de Presidencia que pasó a ser asiento de los negocios del grupo empresarial de los cuales él mismo había participado”.
El juez Casanello también procesó al empresario Héctor Martínez Sosa y a María Cantero, la secretaria de Fernández. Respecto a Cantero, el juez determinó que su nombramiento en la Casa Rosada generó una “confusión de intereses”, creando un “riesgo objetivo que exigía mecanismos de mitigación proporcionales a la amenaza” debido a la sensibilidad de sus tareas y su contacto inmediato con la agenda del primer mandatario.
