Hace un año, Martín Guzmán empezó a plantearlo en soledad. Fue recogiendo apoyos. Primero de académicos heterodoxos. Luego de países amigos de América Latina. Después de Europa. Y este fin de semana, en Roma, el Gobierno culminó la tarea con una victoria política: el G20 le ordenó al FMI revisar los sobrecargos de interés que le cobra a países súper endeudados como la Argentina.
Es la primera noticia trascendente y positiva que la cúpula de la geopolítica en pleno le da al país desde que asumió Alberto Fernández en la presidencia.
Para esto, trabajaron en tándem –y gran parte en silencio- Guzmán, el embajador en Estados Unidos, Jorge Argüello; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz.
La figurita que le faltaba al álbum era la más difícil: Estados Unidos. Por eso, el Gobierno trasladó a Washington la “rosca” de su política internacional en los últimos dos meses. Hubo un pleno a conseguir que la gestión Biden acepte apoyar los pedidos que el país le hace al FMI, organismo multilateral al que se le deben 45.000 millones de dólares.
El mensaje del G20 no es inocuo. Para la Argentina podría significar una reducción en el costo del crédito -que firmó Mauricio Macri- de U$S 1.000 millones por año.
Pero hay un plus: el Fondo también acelerará la creación de un fondo de resiliencia internacional con los Derechos Especiales de Giro (DEGs) que resignen los países desarrollados. Y ahí podría haber un desembolso para la Argentina; esto, claramente, no será inmediato.
En este último caso, el desembolso no generaría más deuda porque ya inyección de DEGs (la “moneda” del FMI) son parte de la emisión por el equivalente a U$S 650.000 millones que hizo el Fondo en agosto pasado.
De esa manera, los vencimientos de capital e intereses por más de U$S 4.000 millones que se pagarán hasta fin de año, serían reembolsados.
A partir de ahora, la pelota está en el campo de juego del Fondo. La Argentina es quien está urgida. Y en el Gobierno se esperanzan, con inocultable incertidumbre, para que las gestiones se aceleren y se destraben las definiciones en torno a lo que ahora pidió el G20. En diciembre habrá una reunión de la Junta Ejecutiva del Fondo. Allí estará la atención del Gobierno.
Guzmán, en Roma
Guzmán se quedó en Roma tras el G20 para reunirse este mismo lunes con la subdirectora del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Julie Kozsack.
El sábado, los funcionarios ya se habían reunido a solas para avanzar en cuestiones técnicas, mientras Fernández dialogaba en términos políticos en otra sala de la Embajada argentina en Roma con Kristalina Georgieva, titular del organismo.
Georgieva está de acuerdo, hace varios meses, en avanzar en el sentido que le pide la Argentina. Pero al directorio del FMI lo dominan los duros, la mayoría liberales de derecha que resisten dar concesiones, y más a un país con defaults sucesivos.
Y por afuera opera David Lipton, el exnúmero dos del Fondo que hoy es el asesor financiero principal de Biden, y, además, quien conoce a la Argentina desde 1985 cuando llegó a Buenos Aires para negociar el apoyo del organismo a lo que luego sería el fallido “Plan Austral”.
El reloj corre. El país no tiene el dinero para pagar los vencimientos por un total U$S 19.100 millones en 2022 y, mucho menos, para los U$S 19.300 millones de 2023.
Esto lo reconoce el propio Presidente. Por lo que es crucial que el FMI se mueva rápido para que Argentina evite un default que sería nocivo para su estropeada economía.
Fernández y su comitiva viajaron el domingo desde Roma hacia Glasgow, otro punto de la gira, con optimismo. Se llevaron de la cumbre lo que fueron a buscar.
