Para la legisladora radical Alejandra Ferrero, el peronismo en Córdoba tiene “una forma perversa de ejercer el poder, que empobrece la discusión y aleja cualquier solución sustentable en el tiempo”.
Se refiere a lo sucedido con la última reforma previsonal, que casi no pudo ser debatida por los legisladores opositores, y que impactará en sueldos y jubilaciones de los trabajadores estatales.
—La oposición hizo distintos cuestionamientos. Uno muy fuerte tuvo que ver con la discrecionalidad de los cambios que aplicó el Gobierno, porque queda mucho librado a la decisión del Ejecutivo: qué descuento aplicar, sobre qué universo de empleados.
—Se declaró la emergencia de la Caja de Jubilaciones por cinco años, prorrogable por otros cinco, en una coyuntura en la que se trata de una caja cerrada con candados desde hace 27 años y que está intervenida. Es decir, ya vienen gobernando con discrecionalidad y la profundizan con un proyecto ambiguo, difuso, poco certero, que no cuantifica montos. Se habla de hasta un 8%, pero no se sabe el escalonamiento ni bajo qué criterios se va a aplicar ese porcentaje sobre el aumento de los trabajadores activos. Respecto del artículo 58, escucho decir que lo eliminan, pero en realidad no lo eliminan: se mantiene. Lo único que hacen es elevar el piso para el recorte, sin que se conozca el monto. Para mí es gravísimo, incluso más grave, porque se reservan de manera discrecional la facultad de minorar, agravar alícuotas o incluso duplicarlas. Lo mismo pasó con el presupuesto: no es una delegación absoluta, pero sí una práctica reiterada de gobernar sin rendir cuentas. Este proyecto es tan ambiguo que ni siquiera se sabe con certeza cuántos jubilados van a ser beneficiados con este 82% que, además, es irreal. Lo único que hace es compensar la deducción del aporte personal que hoy se aplica para jubilarse: al promedio de los últimos diez años se le descuenta el aporte personal, y ahora lo reincorporan. Es decir, el 82% termina siendo ficticio y en la práctica se traduce en el 67% que hoy cobran los jubilados respecto de lo que percibían en actividad. El 82% genuino era el proyecto que trajeron los jubilados, con enorme esfuerzo, con 38.000 firmas, en una iniciativa popular que no se presentaba desde hacía cuatro décadas. Ese proyecto fue manipulado, manoseado y reemplazado por uno “compatibilizado” que no tiene nada que ver con las intenciones ni con las aspiraciones originales de los jubilados.
—El Gobierno sostiene que el espíritu del cambio es hacer más solidario el sistema: que quienes ganan más, unos 20.000 trabajadores, según dicen, hagan un esfuerzo mayor. ¿Qué responde la oposición? ¿Están en contra de esa idea?
—Quienes ganan más ya aportan en proporción a lo que ganan: el porcentaje se aplica sobre la totalidad de sus sueldos. Estamos en un sistema de reparto, un sistema de solidaridad contributiva. Los equivocados son ellos, que pagan sumas no remunerativas dentro de un sistema contributivo. Además, sostienen un Estado con más de 10.000 trabajadores en negro, precarizados, monotributistas, becarios, con distintas figuras, pero que no aportan al sistema previsional. La invisibilización de la informalidad laboral genera desamparo previsional, y todas estas medidas fiscales, que dicen ser responsables, son parches que profundizan el problema estructural de la Caja. No veo voluntad política de sentarse a discutir seriamente, puertas adentro, más allá de las transferencias nacionales, con los verdaderos involucrados: jubilados, gremios y el propio Gobierno. Se les pide sacrificio a los jubilados y a los trabajadores activos. La pregunta es cuál es el sacrificio que hace el Estado, cuando se duplicaron todas las partidas de los gastos centralizados. Todas las estructuras del Estado se ensancharon y duplicaron sus presupuestos.
—El oficialismo plantea que, al menos, buscan que el esfuerzo lo hagan quienes están dentro del sistema y no todos los cordobeses, que no deberían pagar con sus impuestos estos beneficios.
—Ese es un relato que construyen. Hoy la Caja de Jubilaciones no la sostienen todos los cordobeses: la sostienen los propios jubilados y los activos. Con el 20% del aporte solidario de jubilados y pensionados que cobran dos beneficios, con el 4% extraordinario de los activos, que ahora eliminan, que recauda alrededor de 196.000 millones de pesos, y con los intereses financieros que se obtienen de trabajar los fondos de los jubilados, más de 30.000 millones. Claramente queda un rojo por cubrir, y esa es la discusión que hay que dar. Pero el relato de que son los impuestos de todos los cordobeses no se condice con la realidad. Además, ni siquiera está claro si las transferencias nacionales que corresponden llegan efectivamente a la Caja.
—Milei debe transferir los fondos que le corresponden para financiar el déficit de la Caja, algo que hoy no ocurre en la magnitud debida. En Córdoba, el oficialismo le reprocha al radicalismo y al Frente Cívico que no se quejen con la misma fuerza por ese incumplimiento. ¿Qué responde?
—Desde nuestro bloque adherimos a un beneplácito solicitando a los diputados nacionales que exijan la transferencia de esos fondos, que surgen de distintos convenios de armonización. Eso se votó durante el año: hubo varios proyectos en la Legislatura reclamando esos recursos y jamás ningún bloque votó en contra. Reconocemos que hay una transferencia pendiente, pero también que hay una mala administración. En 2002, De la Sota incorporó 24.000 pasivos con jubilaciones ordinarias reducidas y regímenes diferenciales docentes en condiciones desiguales, lo que desfinanció la Caja. Luego vinieron tres leyes que licuaron el poder adquisitivo de los jubilados. A eso se suma la precarización laboral y decisiones fiscales irresponsables de este peronismo, que explican el desfalco actual. Hay que delimitar responsabilidades. Reconocemos que la Nación debe transferir los fondos, pero acá también hay que achicar el gasto, revisar prioridades y dar una discusión abierta. No atropellar con un proyecto que no conocíamos, que se modificó dentro del recinto. Llegamos a votar sin saber exactamente qué votábamos. Es una forma perversa de ejercer el poder, que empobrece la discusión y aleja cualquier solución sustentable en el tiempo.
Los impuestos de Llaryora
—Usted analizó el Presupuesto 2026. ¿Será “histórica”, como dice el Gobierno, la baja de impuestos?
—Sigo sosteniendo que es un proyecto engañoso. Anuncian rebajas impositivas en algunos segmentos del impuesto inmobiliario y de Ingresos Brutos, pero al mismo tiempo aplican un revalúo fiscal de hasta el 3.000% sobre las bases imponibles. Eso va a generar una cascada de aumentos en tasas y tributos. Terminan sacándote por otro lado lo que dicen aliviar por uno. Lo mismo va a pasar con los jubilados: hasta que el dinero no llegue al bolsillo, no se va a saber de qué estamos hablando. No hay claridad, no hay transparencia. Hoy pasa con el cedulón: el contribuyente no sabe cuánto va a pagar, no hay previsibilidad ni seguridad jurídica. Además, el presupuesto refleja recortes sensibles en educación, desarrollo humano, salud, salud mental y gasto social. Se recortó más del 50% la conectividad estudiantil gratuita. Hay un doble discurso que genera desconfianza sobre la veracidad de los anuncios. La gente está en alerta, esperando a ver qué pasa. Yo, sinceramente, no les creo: metieron la mano en el bolsillo cada vez que pudieron. Ahora habrá que esperar los cedulones y la reglamentación del sistema jubilatorio para conocer la letra chica. Todo indica que será un verano movido.
