La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Córdoba contrató a un asesor legal en materia previsional y el jueves pasado, tras la aprobación de la ley 11.087 de Emergencia Económica, Financiera y Administrativa del sistema jubilatorio provincial y del presupuesto 2026, la Junta Ejecutiva presidida por Silvana Chiappero convocó a los expresidentes de la entidad para debatir “las estrategias jurídicas y políticas a seguir” ante las medidas que impactan especialmente en ese sector.
Tras la reunión, informó a sus asociados que se había analizado la situación con el asesor legal y que se aguarda la reglamentación de la emergencia para determinar los alcances y el impacto entre los integrantes del Poder Judicial.
Las facultades que la Legislatura le concedió al gobernador Martín Llaryora abren la puerta para un ajuste generalizado en el agrupamiento “magistrados y funcionarios del Poder Judicial”. Son algo más de 3.000 activos que tienen salarios están equiparados con los de la Justicia federal y 1.533 pasivos cuyo haber bruto promedio en noviembre fue de 5,4 millones de pesos.
Los magistrados y funcionarios judiciales en actividad ya realizan un aporte previsional de 22%, que desde este mes se irá al 26%, el máximo de la escala. Además, como todos los estatales, tendrán una suba de 1 punto porcentual en el aporte al Apross, con lo que los descuentos llegarán al 32,5%.
Así, el Gobierno de Martín Llaryora abrió un frente hasta ahora inesperado con un Poder Judicial ya convulsionado por internas que parten del propio Tribunal Superior de Justicia, se extienden hacia buena parte del sistema e incluyen también un tenso clima gremial con los trabajadores judiciales, que durante todo el año protestaron por el atraso salarial y expusieron las enormes diferencias entre los magistrados y los empleados.
La actual gestión provincial es act¡va en la creación de nuevos espacios de poder dentro de esa estructura judicial. Integró el Ministerio Público de la Defensa y todo indica que en los próximos días –intentan que sea en la sesión del 30 de diciembre– también designará a los integrantes de la Procuración Penitenciaria, además de avanzar con las designaciones en la nuevas Fiscalías de Flagrancia.
Antes de que se conocieran los términos de los cambios a nivel previsional, la entidad que representa a jueces, fiscales y funcionarios judiciales expresó su rechazo al proyecto de Código Tributario que se aprobó también en la madrugada del jueves último. Puntualmente, la Asociación de Magistrados cuestionaba el artículo 63 de esa norma, que facultaba al Poder Ejecutivo a incrementar las alícuotas de aportes personales hasta un 4%. Aunque luego se redactó de otra manera para incluir gradualidad en esa imposición, el porcentaje de aumento para los aportes del sector de los magistrados será el máximo.
Esos descuentos impactan en el bolsillo de los activos, pero también en la base de cálculo de los pasivos, que al menos disminuirá en un 5% cuando se considera también la suba de aportes a Apross. “El firme rechazo se funda en su ilegalidad, por violar el Convenio de Armonización Previsional 83/2002 aprobado por ley provincial 9075″, decía ese comunicado de la Asociación de Magistrados.
Hace 10 días, la entidad había rechazado también el proyecto de creación de la Procuración Penitenciaria, otra inicitiva de Llaryora tratada casi sin debate en la Legislatura de Córdoba. El rechazo, en ese caso, obedecía a la creación de cargos vitalicios a designar sin concursos públicos de oposición y antecedentes: “Conspira contra la idoneidad e independencia que deben ostentar quienes sean designados en tan alta función”, señalaron.
