A horas del presunto tratamiento de la “ley ómnibus” en el Congreso no aparecen certezas definitivas aún sobre los cambios que generará en materia de legislación ambiental.
Un punto seguro es que no serán los mismos cambios que proponía el texto original del gobierno de Javier Milei: en el camino de la discusión algunos han sido descartados y otros fueron modificados. De todos modos, no hay seguridad sobre la instancia de votación en particular para saber si cada punto propuesto tendrá el aval de la mayoría de los diputados en esta instancia, y de los senadores luego.
Los cambios discutidos en materia ambiental apuntaban fundamentalmente a las leyes de bosques nativos y de glaciares.
Desde las organizaciones ambientalistas han reclamado “eliminar todo el capítulo ambiental” de la megaley al considerar que representa “un retroceso” y que no se observa “ninguna relación con las urgencias y necesidades de la situación económica”. Más de 150 ONG de todo el país firmaron un petitorio en esa línea.
Desde el oficialismo se argumenta que las reformas se vinculan a facilitar el desarrollo productivo del país, retocando trabas legales con ese fin.
En bosques nativos pega en Córdoba
Para Córdoba, la política sobre bosques nativos impacta directamente.
El punto que generó la mayor alarma en el proyecto original fue retirado: era el que eliminaba el artículo 26 de la ley nacional de bosques nativos, sancionada en 2007, y su redacción parecía hacer lugar a lo que la norma más protege: la prohibición de desmontar zonas ya calificadas como rojas y amarillas. Ese punto crítico ya no figura en el texto.
Otro aspecto clave se vincula con el financiamiento de la protección de bosques: el proyecto planteaba derogar el artículo que establece que el 0,3% del presupuesto nacional debía destinarse a fondos para pagar a dueños de tierras con montes nativos a cambio de preservarlos. En realidad, ese criterio nunca se cumplió: desde 2007 el Estado solo destinó entre el 3% y el 15%, según los años, de ese monto estipulado por ley. Ahora, tras los reclamos, se admitió establecer un aporte para 2024 similar al de 2023 con ese fin. Pero subsisten dudas sobre la garantía de cumplimiento y, sobre todo, sobre la evolución hacia los años siguientes. Sin financiamiento, el sentido de la ley se resquebraja.
Otros dos puntos se vinculan a los incendios de zonas rurales. Por un lado, se propuso que cuando un propietario pide permiso para quemar su campo por razones productivas, el Estado tenga un plazo de 30 días para responderle y si no lo rechaza en ese plazo quedaría autorizado de hecho. En el texto que se sometería a votación sólo se estiró ese plazo: de 30 a 90 días.
La última reforma quedaría en pie tal como fue propuesta: la derogación de la ley de 2022 que establecía que un campo que resultó quemado no puede cambiar de destino de uso de suelo por 60 años. Esa norma surgió tras los enormes incendios en la zona de los deltas de Entre Ríos y Santa Fe.
En Córdoba, una ley provincial ya establece que los predios calificados como zona amarilla o roja de bosques no pueden cambiar de uso de suelo después de un incendio. Pero se viene cuestionando que ese punto es de relativo cumplimiento real en la provincia por la escasez de control.
Córdoba conserva en buen estado de conservación menos del 3% de los bosques nativos que supo tener hace un siglo. Esa cobertura vegetal es clave como reguladora del clima, como sostén de los recursos hídricos y como fuente de biodiversidad.
Glaciares, punto clave en la Cordillera
Otro capítulo relevante del proyecto oficial también plantea una modificación en la Ley de Glaciares a fin de habilitar actividades económicas en la zona periglaciar. No se trata solo de las zonas en los alrededores de un glaciar, sino áreas de montañas más significativas. “En Argentina hay muchos ambientes periglaciares en zonas de montaña donde no hay glaciares”, advierte Daniel Taillant, del Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Cedha).
Ese punto ya generó una fuerte discusión cuando se aprobó la ley hace 15 años. La nueva norma habilitaría inversiones productivas (mineras) en zonas ambientalmente sensibles, en tiempos de glaciares en un retroceso que genera alarma. Mantendría la ley la exigencia de un estudio previo de impacto ambiental y el texto se modificó ahora para precisar lo que se considera área periglaciar, pero mantiene de todos modos un criterio de mayor flexibilización que el actual.
Ese punto es de alto interés en las zonas cordilleranas. En Córdoba no genera conflicto por ausencia de glaciares.
Desde el ambientalismo piden que no se avance en ninguna de estas reformas. “Estábamos por discutir una ley de humedales. Pero no solo que nada de eso ocurre sino que retrocedemos y lo que estamos rediscutiendo ahora son las leyes de bosques y de glaciares que se lograron aprobar hace 15 años”, señaló Santiago Viale, abogado ambientalista, en representación de las 150 ONG que cuestionan el proyecto, entre las que hay varias con sede en Córdoba.
