Más allá de los pronunciamientos respecto de la revisión de legalidad del decreto presidencial 681 que a comienzos de semana suspendió la ejecución de la Ley de Emergencia en Discapacidad, ratificada por el Congreso, este jueves se presentó en Córdoba una acción de amparo colectivo en contra del artículo 2 de ese decreto que indica al Poder Legislativo que determine la partida presupuestaria para aplicar la norma.
Ante el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, los abogados Marta Lastra, José Roque y Diego Bustos presentaron el escrito cuya admisión deberá analizar el juez Carlos Ochoa, previo dictamen del fiscal Carlos María Casas Nóblega.
Además de patrocinante del recurso, Lastra es una de las amparistas por tener un hijo con condiciones especiales. Comentó a La Voz que “la acción de amparo colectivo solicita la inconstitucionalidad y la inconvencionalidad del artículo 2 del decreto presidencial” y añadió: “Pido la cautelar porque la no ejecución de la ley perjudica a mi hijo”.
“Se invoca que el Congreso debe determinar la partida presupuestaria, siendo que el presidente tiene un presupuesto prorrogado”, explicó la abogada. “En este caso, el presidente puede disponer discrecionalmente a través de sus decretos en qué gasta y en qué no gasta”, agregó.
Lastra sostiene que Milei invoca el Artículo 5 de la Ley 24629 que se refiere a un “presupuesto vigente”, no a uno “prorrogado” como el actual. “Con presupuesto prorrogado, el que decide es el presidente, no el Congreso”, concluyó.
Razones de la emergencia
Para referirse a los perjuicios que los discapacitados vienen sufriendo sin una ley para que el Estado nacional se ocupe de ellos, Lastra explica que la Ley de Emergencia en Discapacidad regula las prestaciones destinadas a la rehabilitación de estos individuos, como así también las pensiones no contributivas.
Señaló que la ley contempla un rescate fiscal a las instituciones, una actualización de aranceles (muy atrasados) y un reconocimiento retroactivo de esos aranceles. Ejemplificó que a raíz de que desde noviembre de 2024 no hubo más que una actualización del 0,05%, un profesional que actúa en rehabilitación cobra 12 mil pesos por hora y un transportista especial percibe 540 pesos por kilómetro recorrido.
Con relación a las pensiones no contributivas, Lastra pidió la suspensión de las auditorías a personas que además de sufrir una discapacidad son pobres o indigentes. Se quejó porque se dan de baja o suspenden esos beneficios excediéndose en controles innecesarios.
Por otra parte, sobre esto último agregó que “ningún sistema de salud provincial (de esta y otras jurisdicciones) se ha preocupado de acompañar” a estas personas. “Ninguna provincia tiene una ley de discapacidad”, remató la abogada que también defiende la situación de un hijo adolescente con una condición dentro del espectro autista.
Trámite
El recurso presentado por Lastra, Roque y Bustos, ingresó en la secretaría fiscal del Juzgado Federal N° 1. Una vez que se pronuncie el fiscal Casas Nóblega, el juez Ochoa debe cursar una consulta a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para determinar si es esta la primera acción colectiva que se presenta en el país en contra de la constitucionalidad del decreto de Milei.
En caso de admitirse, luego el juez deberá pronunciarse sobre el fondo de la cuestión: si es inconstitucional el Artículo 2 que tanto irritó porque suspendió una ley del Congreso.
