El cordobesismo que edificó durante las últimas dos décadas el peronismo provincial puede adoptar el nombre de fantasía que imagine y diseñe el consultor de turno. Es un detalle irrelevante. La evolución de ese concepto político, simbólico y electoral está en pleno proceso de construcción. La aspiración final tiene un solo nombre: partido único.
Se trata, en definitiva, del rótulo bajo el cual se camufla una manera de llevar adelante el ejercicio del poder.
Su objetivo público es sumar dirigentes opositores supuestamente incomprendidos en sus espacios de origen, bajo el pretexto de adoptar nuevos puntos de vista, enriquecerse. En las próximas horas, habrá sorpresas por la designación de más opositores en cargos del próximo gabinete.
Por ahora, esa pluralidad sólo se ha manifestado como una efectiva herramienta para dividir a no oficialistas, lo cual no es reprochable per se. Salvo que, como se exhibe sin cuidado por estas horas, los servicios incluyan, además, orientar voluntades dispuestas a ser funcionales cuando el poder necesita retocar para sí aspectos sensibles del funcionamiento institucional de Córdoba.
Antes de que expire la mayoría de Schiaretti
El miércoles, la Legislatura provincial mostró sin pudor qué riesgos asociados trae consigo el llamado “partido único”.
Sobre la hora, sin debate alguno y en medio de una sesión de por sí polémica por el tratamiento acelerado de temas sensibles que modifican normas que afectan el control del Estado, el oficialismo cordobés expuso su pragmatismo una vez más: decidió ampliar el plazo de discrecionalidad con el que contará el Ejecutivo a partir de ahora para fijar la fecha de elección dentro de cuatro años.
El apuro es obvio. Desde el 10 de diciembre, la composición legislativa podría ser de paridad, fruto del escaso margen por el que se impuso Martín Llaryora sobre Luis Juez en los comicios provinciales de junio. Igual ese equilibrio podría verse afectado por realineamientos en el bloque opositor.
Igual, el gobernador electo decidió no correr riesgos futuros. Avanzó con una ley hecha a su medida y de la que será el único beneficiario hasta 2027.
Con la mayoría legislativa de Juan Schiaretti, Llaryora logró lo que no pudo a comienzos de este año, cuando batalló sin éxito para que el actual mandatario modificara la norma que regía hasta ayer, en línea con su objetivo no conseguido de adelantar los comicios que luego terminó ganando.
Ahora, un expositor, que será funcionario importante del gobierno de Llaryora, le facilitó la tarea. Orlando Arduh, recientemente autodesafiliado al radicalismo, le ofrendó a su nuevo jefe una muestra de lealtad invalorable.
En soledad, el próximo secretario o viceministro de Gobierno provincial firmó el proyecto que va en contra del reclamo de expertos y de especialistas que vienen pidiendo por la instauración de un sistema de fecha fija en Córdoba. Llaryora hizo todo lo contrario: privilegió ampliar el margen de maniobra futura.
Ahora tendrá una ventana de 280 días –sumó 100 días– para fijar la fecha de la elección. Así, podrá extender aún más el juego de intrigas que ya ensayó a mediados de este año y que incluyó, en tándem, los comicios capiltalinos, de los que también fue protagonista.
Aun sin saber quién gobernará el país desde el 10 de diciembre, hay dirigentes llaryoristas que imaginan adelantar al máximo los comicios dentro de cuatro años, lograr la reelección y, una vez asegurada esa conquista, ir por la ambición mayor de Llaryora: la presidencia de la Nación.
Aunque a esta altura parezca ciencia ficción, en cabezas de allegados íntimos del gobernador electo se proyecta esa jugada.
Obra mata institucionalidad
En esta larga estadía en el poder, al peronismo le ha sido inocuo el destrato institucional. En materia de fecha electoral, ha ido y venido en función de sus intereses. Los resultados electorales favorables le han quitado incentivos para cambiar.
Hay otra Córdoba menos exportable detrás de esa de los memes que tuvieron su explosión de popularidad en las redes, tras los debates presidenciales en los que Schiaretti fue descubierto por quienes no viven en la provincia.
Ese costado objetable de las gestiones peronistas volvió a corporizarse ayer en la Unicameral con otro cambio significativo y de gran impacto.
En contra de la voluntad de la mayoría de los cordobeses, Llaryora también decidió que su gestión no puede depender del arbitrio de dos tribunos de cuentas opositores elegidos por el voto popular y que dejaron en minoría al oficialismo por primera vez desde que ejerce el poder.
Bajo el argumento de modernizar y agilizar el funcionamiento del principal órgano de control del gasto provincial, el futuro gobernador desguazó una serie de facultades que hoy ejerce la mayoría oficialista del cuerpo, pero que les estarán vedadas a los opositores desde el mes que viene.
Es obvio: menos control es un retroceso; nunca puede ser un avance.
