Lejos de la tranquilidad que debería tener un lugar tan pintoresco de las Sierras de Córdoba, Anisacate atraviesa uno de los veranos más movidos que se recuerde desde el punto de vista político. Ocurre que los más de 8.500 habitantes que tiene esa localidad del Valle de Paravachasca están movilizados por el inicio de un complejo proceso judicial que podría derivar, incluso, en la destitución de la actual intendenta Natalia Contini que acusa a la oposición por la movida.
Claro que para que eso ocurra deberían darse una serie de pasos jurídicos previstos en la Ley Orgánica Municipal N° 8102, que entre sus artículos establece la posibilidad de una “revocatoria popular”. Para que ello mínimamente sea analizado, un grupo de vecinos autoconvocados dio el primer paso cuando el 31 de enero formalizó un pedido de revocación de mandato en contra de la actual intendenta, como así también de los cuatro integrantes que el oficialismo del PRO tiene en el Concejo Deliberante de Anisacate. De abrirse este proceso sería inédito para la provincia.
Para cumplir con los requisitos de ley, la presentación debía tener la firma de unos 200 vecinos, cifra que se superó.
La presentación, a donde se acusa a Contini y a sus concejales de “incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y actos de corrupción”, se hizo ante el juez de paz Pablo Contreras, quien luego se fue de vacaciones por lo que el expediente quedó en manos de Marisa Ocampo, Presidenta Subrogante de la Junta Electoral Comunal de Anisacate.
La funcionaria, además de admitir que el escrito no está en su poder sino que continúa en el despacho del juez Contreras, resolvió que a partir del martes 11 de febrero –y por 15 días – comience el proceso de “certificación de firmas del 10% del padrón”.
El dato es clave en virtud de que si efectivamente ese número de personas certifica su firma ante el juez de paz, la Junta Electoral estaría obligada a convocar a una consulta popular donde la comunidad de Anisacate deberá votar si revoca o no el mandato de Natalia Contini.
Denuncias cruzadas: Contini le apunta Ramón Zalazar
Como se recordará, la llegada de Contini al cargo estuvo marcada por la incertidumbre ya que en 2023 ganó por sólo 19 votos una elección que terminó judicializada por la gestión saliente, representada por sectores del PJ y del kirchnerismo.
Por eso, para la intendenta referenciada en el PRO este presente no la sorprende. “Nosotros éramos conscientes de esto desde que tomamos la decisión de combatir el sistema corrupto de Anisacate y denunciar al exintendente Ramón Zalazar. Sabíamos que ellos iban a hacer esta movida porque la venían anunciando desde el día dos que asumí”, dijo en diálogo con La Voz.
Incluso, sobre el proceso judicial en curso sostuvo que el municipio “aún ni ha sido notificado”. “No se nos ha corrido vista. Estamos esperando que lo hagan porque queremos verificar que quienes firmaron (el pedido de revocatoria) estén en el padrón y hayan votado”, dijo Contini, quien dice haber “recibido llamados de vecinos preocupados porque se enteraron que están en ese listado sin su consentimiento”.
Además, a la intendenta de Anisacate le llama la atención que “ninguna de las cosas que dicen en el pedido de revocatoria tiene una denuncia judicial previa”.
“La gestión anterior estuvo casi tres décadas. Nosotros llevamos apenas 14 meses ¿y ya nos hacen esta movida? Parece raro. Nos critican por la crisis hídrica, como si fuéramos la única localidad que tiene ese problema. Nos critican porque cobramos los servicios en las bajadas al río. Anisacate tiene 17 accesos al cause y sólo cobramos en tres, donde brindamos servicios de guardavidas, personal de voluntariado que da asistencia a los visitantes y disponemos de una ambulancia para las emergencias”, finalizó Contini.
Ahora el proceso está en manos de la Justicia, que desde el martes 11 deberá empezar a certificar cada una de las firmas de quienes se presenten con la intención de darle curso al pedido de revocatoria de la jefa comunal y sus concejales. En 2023 el padrón utilizado tenía habilitadas 6.380 personas para votar. Con sólo el 10% de esa cifra podría destrabarse un proceso que, en caso de producirse, sentaría un proceso casi inédito en la provincia.
