La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), organismo que preside el cordobés Osvaldo Giordano, prorrogó por dos años la suspensión del pago de los retroactivos por prestaciones de expresidentes y exvicepresidentes que fue dispuesta a mediados de 2020.
De esta manera, la medida impide que Cristina Kirchner y Mauricio Macri cobren un retroactivo por sus jubilaciones de privilegio.
La medida fue publicada este viernes a través de la resolución 601 firmada por el director ejecutivo del organismo previsional.
Qué decidió la Anses y a quiénes afecta
De acuerdo con la decisión, la Anses no realizará pagos retroactivos por esos beneficios mientras rija la “emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social” fijada por el DNU 70 que firmó el presidente Javier Milei y su gabinete. Así, los jueces, presidentes y vicepresidentes que finalizaron su cargo no podrán recibir pagos de este tipo hasta finales de 2025.
En junio de 2020, durante la gestión de Alberto Fernández, el mismo organismo determinó a través de la resolución 230 “suspender mientras dure la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley 27.541 ampliada por el Decreto 260/20, el pago de los haberes retroactivos en el alta de las prestaciones otorgadas en los términos del artículo 1° de la Ley 24.018″.
La medida de la Anses también alcanza a los exvicepresidentes Amado Boudou y Gabriela Michetti, por los montos de los beneficios vitalicios que se hayan acumulado desde el momento en que cada uno obtuvo el derecho -según dicta la ley 24.018- y el mes en que se empezó a cobrar la prestación.
Así, el gobierno de Milei decidió prorrogar por dos años esta normativa hasta que finalice la “emergencia en materia económica” fijada hasta el 31 de diciembre de 2025, según indica el DNU 70.
La prórroga se da debido a que el país “se encuentra atravesando una situación de inédita gravedad, generadora de profundos desequilibrios que impactan negativamente en toda la población, en especial en lo social y económico”, según argumenta la resolución.
Además, remarca que existe “una situación de enorme gravedad social, como consecuencia de una economía que no crece desde el año 2011, con altísimos índices de pobreza e indigencia -con especial impacto en la niñez-y deterioro de los salarios reales, ayudas sociales y haberes previsionales”.
