El Gobierno nacional expuso que una de las herramientas para alcanzar el equilibrio presupuestario en 2025 es el recorte de fondos destinados a la seguridad social.
En ese sentido, precisó que no actualizará por inflación el bono que complementa a las jubilaciones mínimas, ni tampoco las asignaciones familiares, y además no prorrogará la moratoria que vence en marzo de 2025.
La política sobre la seguridad social fue descripta por el titular de la ANSES Mariano de los Heros, durante su presentación en la Cámara de Diputados en el marco de la discusión en comisiones del proyecto de Ley de Presupuesto 2025.
En ese ámbito De los Heros puso la cara para ratificar lo que es un hecho de la realidad pero que ningún funcionario de Gobierno se había animado a decir: el bono de $ 70.000 no será actualizado y por lo tanto se licuará con una inflación que se prevé de 18% para 2025, a la que se le debe sumar cerca de un 10% que puede acumularse en el cuarto trimestre de 2024.
“Está proyectado para mantenerse, pero sin ajuste por inflación”, admitió el jefe de la ANSES ante los diputados.
Esto implica una reducción real de los haberes de bolsillo de los jubilados y pensionados que cobran la mínima y una ampliación de la brecha con aquellos que tienen retribuciones por encima del piso.
En octubre, un jubilado de la mínima cobró $ 314.320, producto de la suma de $ 244.320 de base y $ 70.000 del refuerzo (representa el 22% del total de su ingreso).
El aumento de noviembre es de 3,5% (correspondiente a la inflación de septiembre) y por lo tanto pasarán a cobrar $ 322.871 millones, por la suma de $ 252.871 de haber más $ 70.000 del bono. De esta forma, el ingreso real en los bolsillos habrá aumentado 2,7%, muy por debajo de la inflación.
En cambio, un jubilado que en octubre cobró $ 400.000, el mes próximo cobrará $ 414.000, ya que el 3,5% impactará sobre el total de su remuneración y no sólo sobre una parte.
El Gobierno insiste con su posición que las jubilaciones “le están ganando a la inflación”, pero en el caso de los beneficiaros de la mínima entra en discusión.
De los Heros subrayó que la partida destinada para ANSES en el proyecto “tiene un incremento (real) de 1%” con lo cual el 45% del total del presupuesto nacional está afectado a este organismo.
Por otra parte, ratificó que las pensiones por Discapacidad “tienen movilidad” atada a la inflación por IPC, en tanto que calculó que el universo de beneficiarias del Plan 1000 Días aumentaría 10% en volumen “porque hay 590.000 beneficiarios y se estiman 60.000 embarazadas más”.
Las partidas destinadas a jubilaciones tienen la cláusula automática de actualización por inflación y no serán afectadas en caso que los ingresos sean menores a los previstos.
El proyecto del Ejecutivo contempla que en caso de una merma en los ingresos se recortarán partidas asignadas a lo que se denominan “gastos discrecionales”.
Pero la contracara de esta medida es que las jubilaciones no tendrán incrementos reales, o sea un mayor poder de compra con relación a los que tienen en la actualidad.
Respecto a las Asignaciones Familiares, De los Heros confirmó que se des indexarán y pasan de ser “un gasto automático” a uno “discrecional”, cuya cláusula de ajuste aún está en discusión.
Fin de la moratoria.
De los Heros también confirmó que el Gobierno no prevé prorrogar la moratoria previsional cuyo vencimiento está programado para 23 de marzo del 2025.
“La moratoria finaliza el 23 de marzo del año próximo y no está previsto en el presupuesto, ya que no está contemplado ni ese gasto ni ingreso, con lo cual estimamos que no es voluntad del gobierno su prórroga”, dijo de los Heros.
El funcionario señaló que “la situación de la población vulnerable que no puede jubilarse queda cubierta por la PUAM. O sea, todas aquellas personas mayores de 65 años acceden a la PUAM, que representa el 80% de la jubilación mínima”.
Cuando se discutió la ley Bases se eliminó el artículo que derogaba la moratoria previsional y se establecía una renta proporcional de acuerdo a la cantidad de aportes que habían acumulado en su vida laboral. Ahora, el proyecto de Presupuesto no propone su prórroga y por ende pierde vigencia.
La moratoria sancionada en 2023 permite completar aportes a hombres y mujeres que no alcanzaron los 30 años de trabajo registrado, que es el mínimo que se requiere para acceder al beneficio previsional.
