Como estaba previsto en el convenio “provisorio” firmado en mayo pasado, representantes del Gobierno nacional y del Gobierno de Córdoba llevaron ayer a la Corte Suprema de Justicia de la Nación un nuevo acuerdo por la deuda que la Anses mantiene con la Caja de Jubilaciones, correspondiente al período 2017-2021.
Ambas administraciones habían asumido el compromiso de incluir también el año 2022. Sin embargo, por las dificultades administrativas que planteó la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), se pactó que, antes del próximo 17 de diciembre, será elevado finalmente el monto nominal correspondiente a ese año. Antes de marzo próximo, la auditoría deberá llegar hasta el año 2024.
La comitiva del Gobierno provincial ingresó al Palacio de Tribunales encabezada por el ministro de Economía y Gestión Pública, Guillermo Acosta, y por el fiscal de Estado, Jorge Córdoba, acompañados por los abogados del estudio porteño de Alberto Manuel García Lema, que asesora a la Provincia en esta demanda ante el máximo tribunal de Justicia nacional.
Desde el Centro Cívico informaron que no estaba prevista la presencia del gobernador Martín Llaryora, ya que se trataba de una instancia eminentemente técnica, en la que desde hace meses vienen trabajando funcionarios nacionales y provinciales para precisar los números de la deuda previsional.
El origen del reclamo es conocido. En 2022, el entonces gobernador, Juan Schiaretti, presentó dos demandas ante la Corte Suprema por los incumplimientos de la Anses con la Caja de Jubilaciones. El organismo envió fondos hasta 2023, pero sin actualizar.
El máximo tribunal convocó luego a una audiencia de conciliación, realizada el 14 de mayo pasado. En aquel encuentro, Nación y Provincia firmaron un acuerdo provisorio “a cuenta”, mientras avanzan las auditorías cruzadas entre técnicos de la Anses y de la Caja de Jubilaciones, bajo la supervisión directa de los titulares de Economía de ambos gobiernos.
A partir de aquel entendimiento -“provisorio”-, la Caja de Jubilaciones recibe actualmente $ 5 mil millones mensuales, hasta completar los $ 60 mil millones en marzo del próximo año.
Flujo y deuda
Las auditorías determinarán la deuda total que la Anses contrajo con el sistema previsional cordobés, especialmente durante la gestión nacional de Alberto Fernández.
Aun así, ni el gobernador Llaryora ni el ministro Acosta se hacen ilusiones respecto de un pago inmediato o en cuotas: saben que, una vez fijado el monto, la deuda ingresará al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas entre el Estado Nacional y las Provincias y/o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), herramienta creada por el Gobierno nacional para negociar con los mandatarios provinciales.
La apuesta de Llaryora, entonces, no está puesta en el cobro de la deuda, sino en mejorar el flujo mensual que actualmente envía la Anses.
Los $ 5 mil millones fijados en mayo resultan insuficientes para la administración provincial, que espera reabrir esa discusión en abril próximo, cuando expire el vigente convenio.
El objetivo de la gestión llaryorista es ambicioso: llevar ese monto a $ 15 mil millones mensuales, un salto del 200%.
El optimismo del Centro Cívico se basa en un antecedente reciente. Entre Ríos, que recibía $ 2 mil millones mensuales, pasó a percibir $ 6 mil millones en un acuerdo firmado hace apenas dos meses.
Sin embargo, pesa un dato político imposible de soslayar: el gobernador entrerriano, Rogelio Frigerio, referente del macrismo, fue aliado de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del 26 de octubre.
Si la negociación por la deuda previsional no prospera, Llaryora está dispuesto a insistir ante la Corte Suprema en que dicte sentencia.
En la Provincia, creen tener la ley de su lado. Ya ocurrió en 2015, cuando el máximo tribunal falló a favor de Córdoba en una causa impulsada por el entonces gobernador, José Manuel de la Sota, que obligó al gobierno de Mauricio Macri a acatar ese revés judicial.
