“A quienes lo conocemos bien a Martín, no nos sorprende lo que está haciendo. Toma decisiones fuertes, sobre todo en el arranque de sus gestiones”, argumentó un llaryorista puro sobre las últimas movidas del próximo gobernador, Martín Llaryora.
Error del funcionario peronista: Llaryora comenzó a tomar medidas fuertes antes de suceder al gobernador Juan Schiaretti el próximo 10 de diciembre.
Y algunas de sus primeras decisiones generaron el revuelo político. Por ejemplo, la de sumar a su futura gestión a nuevos dirigentes del PRO que le podrían dar una mayoría propia en la Legislatura. O la de impulsar una sorprendente extensión del plazo para convocar a las elecciones provinciales, que se realizarán… ¡dentro de cuatro años! Parece política ficción, en un país donde no se sabe qué pasará el lunes próximo.
Para bien o para mal, esta polémica decisión marca lo detallista y previsor que es el futuro gobernador.
Para bien es que no deja nada al azar y siempre trata de adelantarse a los acontecimientos.
Para mal es que se aprovechó de la mayoría automática de la que goza el gobernador Schiaretti en la Legislatura para esta decisión de carácter electoral de cara al futuro.
En lo institucional, lo más difícil de defender fue la decisión de disminuir al mínimo las atribuciones de control del Tribunal de Cuentas provincial para el próximo período, en el cual la oposición tendrá mayoría en ese cuerpo.
Con el argumento de la modernización, la próxima gestión tendrá menos controles. Una mancha para las instituciones, que es responsabilidad compartida del actual gobernador y de su sucesor.
Problemas financieros
Pero antes que las cuestiones políticas, Llaryora tiene una preocupación mayor: las finanzas de la provincia para el año próximo. Para decirlo en otros términos: antes que la rosca política, está la caja.
Bajo esa tónica, Llaryora y su futuro ministro de Finanzas, Guillermo Acosta, confeccionaron el proyecto de presupuesto del año próximo, que fue sancionado en la sesión del pasado miércoles. Contiene algunas medidas de ajuste: el Impuesto Inmobiliario Urbano y el Rural se actualizarán casi al ritmo de la inflación.
El Urbano estará atado a la movilidad salarial que mide el Indec, mientras que el Rural se actualizará en función del índice de precios mayoristas agropecuarios.
Este año, la suba de ambos impuestos tuvo un techo del 50%. Si se hubiera regido con los parámetros del año próximo, el aumento hubiera superado largamente el 100%.
Es una medida lógica para una economía con alta inflación. Pero el año próximo el pago de impuestos pegará más fuerte en los bolsillos de los cordobeses.
Por otro lado, el artículo 59 del presupuesto provincial faculta al próximo gobernador a aumentar hasta dos puntos los aportes personales de los agentes estatales provinciales.
Por ahora es sólo una facultad, que apunta a tratar de moderar el “rojo” de la Caja de Jubilaciones si es que no hay un acuerdo con el próximo gobierno nacional.
El agujero financiero de la Caja puso en alerta a Llaryora. Es lo primero que tratará de negociar con el próximo presidente, sea cual sea el elegido.
La Anses gira mensualmente a la Caja de Jubilaciones de Córdoba 1.070 millones de pesos, una cifra que no se actualiza desde 2019.
Con los números que manejan en el Centro Cívico, la Anses debería estar desembolsando 7.400 millones de pesos mensuales.
Es decir, el Tesoro Provincial está poniendo más de 6.300 millones de pesos por mes, que deberían ser aportados por la Nación.
Si Llaryora toma la decisión de subir los dos puntos de aportes personales que hacen los estatales, tal como se lo permite el nuevo presupuesto, el “rojo” que genera el incumplimiento de la Anses se reduciría a la mitad.
Los gremios estatales aseguran que resistirán “en las calles” esta eventual medida. Aunque, previsor, Llaryora se aseguró por dos años una herramienta legal en el caso de no poder acordar con la Casa Rosada.
Llaryora está convencido de que evitará tomar esta medida de ajuste con los estatales, porque cerrará un acuerdo con el próximo presidente, sea el oficialista Sergio Massa o el opositor Javier Milei.
El futuro gobernador tendrá una herramienta importante de negociación que le dejará Schiaretti: una demanda contra la Anses por más 200 mil millones de pesos.
El juicio está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y lo más probable es que el fallo sea favorable (como en 2015), teniendo en cuenta que el organismo nacional no cumple la ley que garantiza la actualización de los giros a las 12 provincias que mantienen sus sistemas previsionales.
El futuro gobernador también heredará un recorte de recursos que decidió el actual ministro de Economía nacional, Sergio Massa, buscando un rédito electoral para su candidatura presidencial: la devolución del IVA a los alimentos y la virtual eliminación del Impuesto a las Ganancias.
Por estos dos impuestos, Córdoba dejó de percibir unos 5.000 millones de pesos mensuales.
En este contexto, Llaryora generó un fuerte debate político con medidas polémicas como modificar el Tribunal de Cuentas y la Ley Electoral, además de sumar a su futuro gabinete a dirigentes que eran opositores (Pedro Dellarossa y Darío Capitani). Pero su mayor preocupación pasa por las finanzas, que en definitiva marcarán la gestión provincial que iniciará en menos de un mes.
