En un duro comunicado, Juntos por el Cambio cuestionó la decisión de la Oficina Anticorrupción (OA) de dejar de ser querellante en las causas contra Cristina Fernández de Kirchner, y afirmó que "Alberto Fernández consagra la impunidad de la corrupción".
La nota, firmada por Alfredo Cornejo (presidente UCR), Patricia Bullrich (presidenta PRO) y Maximiliano Ferraro (presidente CC-ARI), se asegura que el presidente Fernández "ordenó – a través de Julio Vitobello, secretario General de la Presidencia y extitular de la OA durante los gobiernos de Cristina Kirchner-, que la OA se retire de las causas contra la expresidente, luego de la reunión de tres horas que mantuviera con la vicepresidenta Cristina Fernández".
Y además, aseguran que "el compromiso de Juntos por el Cambio siempre ha sido y sigue siendo la lucha contra la impunidad" pero "esta decisión del gobierno del presidente Alberto Fernández va en contra de la inmensa demanda ciudadana por castigar a los corruptos y recuperar lo robado".
La nota
"Se consagró el pacto de impunidad firmado en mayo de 2019 cuando Alberto Fernández aceptó ser el candidato del Frente de Todos. La Oficina Anticorrupción, por orden de la Presidencia de la Nación, se retiró de las causas “Hotesur” y “Sauces” que involucran directamente a Cristina Kirchner y sus hijos, sin terceros. Ya en diciembre, habíamos marcado que un decreto presidencial llevaba a la OA a la órbita de la Casa Rosada restringiendo mucho más su autonomía.
El Presidente Fernández ordenó – a través de Julio Vitobello, secretario General de la Presidencia y ex titular de la OA durante los gobiernos de Cristina Kirchner-, que la OA se retire de las causas contra la ex Presidente, luego de la reunión de tres horas que mantuviera con la vicepresidenta Cristina Fernández.
El titular del organismo, Felix Crous, fundador y militante de Justicia Legítima, no fue acompañado por la planta profesional del organismo y firmó una resolución en soledad.
Sin aval de los equipos legales, Crous efectuó el pedido presidencial.
Esto va en sintonía con las gestiones de la vicepresidente para obtener la rápida administración de sus bienes.
Lograr la impunidad va acompañado de la posibilidad de volver a administrar sus hoteles, propiedades y millonarias cuentas bancarias que en su momentos fueron intervenidas por la Justicia.
Lo que estamos viendo no pude ser leído en forma aséptica, estamos frente a un plan sistemático para garantizar impunidad para aquellos que son investigado por corrupción. Durante el gobierno de Cambiemos, las querellas de la Oficina Anticorrupción colaboraron con jueces y fiscales con profesionalismo y rigurosidad.
Se alcanzaron avances históricos como la condena del exvicepresidente Amado Boudou (hoy con detención domiciliaria) y la de Julio de Vido por la tragedia de Once (también con prisión domiciliaria).
Además se inició el juicio por la obra pública de Vialidad dirigida a Lázaro Báez que llevó a declarar como procesada a Cristina Kirchner, a principios de diciembre, antes de que asumiera el nuevo gobierno. Allí, ella sostuvo que la absolvería la historia.
Sin embargo, esta decisión demuestra que busca una absolución judicial a través de los buenos oficios de una Oficina Anticorrupción, complaciente con los pedidos de la Casa Rosada.
En 2015, la Oficina Anticorrupción estaba desmantelada y participaba en investigaciones irrelevantes a pesar de que, por años, la oposición parlamentaria venía denunciando la corrupción de la familia Kirchner y de otros altos funcionarios como Boudou, De Vido y Ricardo Jaime.
Desde diciembre de 2015 y hasta 2019, la Oficina Anticorrupción participó en decenas de causas relevantes, incluso querellando a la empresa del primo del entonces ex Presidente Macri en una de las causas Odebrecht y también contra el titular de la Agencia Federal de Inteligencia.
Siempre actuó con autonomía, profesionalismo y rigurosidad siguiendo los reglamentos.
El compromiso de JxC siempre ha sido y sigue siendo la lucha contra la impunidad. Sin embargo, esta decisión del gobierno del Presidente Alberto Fernández va en contra de la inmensa demanda ciudadana por castigar a los corruptos y recuperar lo robado".
