En 2003, con la primera de sus tres gestiones jaqueada por denuncias de presunta corrupción, el entonces gobernador José Manuel de la Sota anunció una medida que –dijo– pondría a Córdoba “en la vanguardia de la lucha contra los delitos ‘de guante blanco’”.
Obediente y entusiasmada, la Legislatura provincial aprobó semanas después dos leyes: la 9.181 y la 9.182. La primera creó el fuero "en lo Penal Económico", en la circunscripción judicial que abarca la ciudad de Córdoba y sus alrededores, con el fin exclusivo de investigar todas las denuncias por corrupción. La segunda estableció que quienes resultaran imputados y llevados a juicio por este tipo de delitos debían ser juzgados por jurados populares.
NOTA RELACIONADA. El Tribunal Superior dice que ahora va a tener la información
OPINIÓN. Una experiencia de profunda frustración
Trece años después de la entrada en vigencia de esas normas tan prometedoras, sólo siete de las causas que pasaron por el fuero llegaron a condenas efectivas. Sólo dos exfuncionarios políticos de envergadura fueron condenados (un exintendente y un secretario municipal). Y sólo un exfuncionario judicial cumplió en prisión la sanción impuesta.
Los restantes condenados apelaron las sentencias y esperan resolución, o directamente recibieron penas de ejecución condicional o simples inhabilitaciones.
Germán Kammerath, el único político importante llevado a juicio por el fuero, fue investigado por un presunto negociado impulsado durante su gestión como intendente de esta capital, cuando ya se había distanciado de Unión por Córdoba y de la hegemonía política que expresa el tándem De la Sota-Juan Schiaretti.
En resumen, el fuero Anticorrupción no logró llevar a condena a ningún funcionario que permaneciera fiel al poder político que lo creó. El archivo, la desestimación, la prescripción y el sobreseimiento fueron los destinos de las más de 60 denuncias que se presentaron en estos 13 años de su actuación (Ver página 6 ).
Caso por caso
No resultó sencillo acceder a los resultados políticos de la actuación del fuero. El Tribunal Superior de Justicia no tiene catalogada la información de funcionarios políticos condenados. Hubo que rastrear las sentencias de los jurados populares para individualizarlos. El reclamo de esa información ayudó a apurar una decisión institucional (Ver El Tribunal Superior... ).
Estos son los casos de corrupción que terminaron en condena:
Inspectores coimeros. El 20 de mayo de 2006, inspectores de Habilitación de Negocios de la Municipalidad de Córdoba le pidieron 300 pesos al dueño del local ubicado en Humberto Primero y Sucre a cambio de obviar una clausura. Harto, el comerciante los denunció, y el 20 de diciembre de 2010 la Cámara del Crimen de 4ª nominación condenó a Héctor Daniel Ana, Alejandro José Farías, Hugo Alberto Givaudant y Juan José Quevedo por exacciones ilegales. Les impuso entre dos años y seis meses, y tres años de prisión condicional e inhabilitación.
Robó gasoil. El 15 de octubre de 2015, la Cámara 11ª del Crimen de Córdoba condenó por peculado a Luis Alberto Distéfano, empleado de la Policía Judicial, y le impuso dos años de prisión condicional e inhabilitación absoluta. El hombre robó 20 litros de gasoil de un vehículo oficial.
Desobediente. A fines de 2010, la Cámara 5ª del Crimen de Córdoba condenó al expresidente de la comuna de La Serranita, Carlos Alberto (Adolfo) Guzmán Prósperi, a 11 meses de inhabilitación para ocupar cargos públicos y a pagar una multa de siete mil pesos por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El caso Kammerath. En octubre de 2015, tras un proceso iniciado en noviembre de 2003 por una denuncia del entonces intendente Luis Juez, la Cámara 2ª del Crimen condenó al exintendente de Córdoba Germán Kammerath a tres años y seis meses de prisión e inhabilitación perpetua por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. Su excuñado (ya fallecido) Alejandro Rodríguez de la Puente fue condenado a dos años y seis meses por ser partícipe necesario. La denuncia fue por la contratación directa, en 2001, del servicio de control de la flota municipal a la empresa Radio Aviso, compañía que había sido comprada por Rodríguez de la Puente, entonces cuñado de Kammerath, luego del triunfo electoral del ucedeísta. Como la sentencia no está firme porque fue apelada, Kammerath no fue a prisión.
Fiscal I. El 13 de mayo de 2008, la Cámara 6ª del Crimen condenó a Gustavo Daniel Ibar Nievas a cinco años de prisión porque, mientras se desempeñaba como fiscal de Instrucción, incurrió en exacciones ilegales y defraudación con el pretexto de supuesta remuneración a los jueces. Se comprobó que había recibido dinero de un familiar de un detenido a cambio de la libertad de un preso. Es el único que cumplió su condena en prisión.
Fiscal II. El 21 de noviembre de 2016, la Cámara 2ª del Crimen condenó a tres años de prisión efectiva al exfiscal de Instrucción de Río Segundo Luis Marcelo Nazar por el delito de exacciones ilegales, concretado en la exigencia del pago de una coima para liberar a un preso. Con Nazar, fue condenado el abogado Ernesto José Serafini como copartícipe necesario.
Fiscal III. El año pasado, la Cámara 7ª del Crimen condenó por cohecho activo agravado al exfiscal de Instrucción Roberto Matheu y a los abogados Carlos Morelli y Marcos Juárez. Matheu fue condenado a seis años de prisión, inhabilitación perpetua y 50 mil pesos de multa. Ya había sido destituido por el Jury de Enjuiciamiento en 2011. No está preso, porque apeló la sentencia.
Embudo y presión
Lo que ocurrió en el fuero en estos 13 años puede entenderse desde la física. Cuando se creó la por entonces única fiscalía del fuero, a cargo de Hugo Amayusco (ahora hay dos), se le adjudicó una competencia exclusiva en 27 tipos de delitos (algunos muy comunes). Eso, sumado a la falta de personal técnico y el enrarecido clima político y electoral (estaba al rojo vivo la pelea entre De la Sota y Luis Juez), complicó el trabajo.
Además, las causas que sorteaban el taponamiento eran trabadas por la presión política y judicial. Cuando no eran los operadores judiciales los que llamaban al despacho del fiscal (algunos de los cuales hoy ocupan cargos en el Ministerio Público), eran los jueces de alzada los que frenaban los avances.
La Cámara de Acusación, el tribunal que resuelve las apelaciones, le volteó a Amayusco (con argumentos muy polémicos) varias causas importantes elevadas a juicio, como la que tenía imputada a casi toda la cúpula del entonces Ipam (hoy Apross).
Algunos fiscales son piadosos con Amayusco, quien se está por jubilar. Dicen que es “buen hombre”, pero que le faltó “carácter y audacia jurídica”.
El actual gobernador Schiaretti admitió el colapso. Creó otra fiscalía, con Gustavo Hidalgo a la cabeza, pero ni el esquema ni los resultados se modificaron. El premio para Hidalgo llegó el año pasado, cuando el oficialismo lo promovió a juez de Control del mismo fuero. En Tribunales dicen que la falta de “delicadeza” política en este nombramiento también es jurídica: Hidalgo se va a tener que apartar de las causas en las que intervino como fiscal.
De la situación del fuero Anticorrupción y de sus siete condenados en 13 años, se toma real conciencia con una comparación. En casi la mitad de tiempo, la Unidad de Casos Complejos que encabeza el fiscal Enrique Gavier mandó a prisión a 104 personas, 10 de ellos funcionarios del Registro de la Propiedad.
