En medio de uno de los escándalos que envuelve a Alberto Fernández, y que fue derivado de otra causa que sigue su curso en la Justicia, precisamente sobre esta última, hay novedades de peso este lunes que podrían complicar aún más la gestión del expresidente.
Cabe recordar que están bajo la lupa judicial las maniobras, las negociaciones, y el tráfico de influencias detrás del decreto 823 promulgado en 2021 que posibilitó que intermediarios de seguros pudieran hacer negocios millonarios con las pólizas que contrataba el Estado durante el gobierno de Fernández.
La última revelación tiene que ver con la eliminación de un artículo del borrador de ese decreto que podría haber limitado el accionar de los brokers.
Escándalo de los seguros: los nuevos chats que complican a Alberto
En uno de los tantos teléfonos secuestrados por orden judicial se encontraron conversaciones entre el extitular de la Oficina Nacional de Contrataciones, Roberto Gilbert, y el presidente de Nación Seguros. Alberto Pagliano, previas a la promulgación del decreto que estableció la obligatoriedad de los ministerios y agencias de contratar sus seguros con esa empresa pública.
En esos intercambios, publicados por La Nación, aparece mencionado un artículo del proyecto original, el tercero, que fue eliminado de la redacción final.
Ese artículo “desaparecido” podría haber limitado la injerencia de productores como Héctor Martínez Sosa -el esposo de María Cantero, la secretaria de Alberto Fernández- que fue uno de los mayores beneficiados con estos negocios con el Estado.
El mencionado artículo señalaba que “en caso de que se considere que la complejidad o volumen de los riesgos a asegurar amerita la participación de la figura de un Productor Asesor de Seguros en el marco de lo establecido por la ley 22.400, ello y la correspondiente designación deberá formalizarse mediante el correspondiente acto administrativo del organismo, o entidad asegurable según corresponda, el cual deberá presentarse a Nación Seguros S.A. al efecto”.
Un mes antes de que se publicara, el decreto estaba frenado en Jefatura de Gabinete. Pagliano le manda un audio a Gilbert en el que afirma hablado con el Presidente: “La realidad que se clavó el decreto allá en el jefatura de m... Igualmente, ya hablé con Alberto y me dijo se iba a ocupar del tema. El presidente me dice que se va a ocupar de un tema mío, pero, me da casi vergüenza decirlo, pero este.. bueno, eso quería más que nada. Chusmear un rato. Nada del otro mundo”.
Días después, finalmente el decreto sigue su avance y llega a la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de Vilma Ibarra. Pagliano le manda por Whatsapp a Gilbert el borrador del texto con el artículo 3°, que seguía reflejando la limitación a los brokers para casos particulares.
A fines de noviembre, Pagliano envía una nota de voz a la titular de Legal y Técnica: “Hola Vilma. Buen día. Mirá, la realidad no quiero molestarte, pero lo estoy haciendo. Ayer me llamó Hecker que tenía una duda con el decreto del artículo tres, donde dice algo así que se permite un asesor de seguros, de acuerdo a la Ley de Asesores de Seguros”.
“A ver, yo no tengo problema que ese artículo lo saquen -continúa el audio-. Lo que sí, ese artículo está para que cada uno que pide meter un asesor, que no siempre es lo que uno piensa. Los asesores de seguros tienen su función en el medio. Pero que no lo hagan todo en la sombra como se está haciendo”.
Ibarra le contestó que era mejor “no legalizar la figura”. Tras la escueta respuesta, Pagliano insistió: “Creo que si desaparece el art. 3 y la intención es la no participación de los productores, el art. 1 debería volver a su forma original y decir... de su gestión ‘en directo’... Es para evitar interpretaciones ambiguas”.
Ibarra respondió que lo analizaría con su equipo, pero finalmente la palabra “directo” nunca apareció en la redacción final del decreto.
Días después de la publicación del decreto en el Boletín Oficial el 2 de diciembre del 2021, Pagliano vuelve a comunicarse con Gilbert y le pregunta: “Para vos, ¿Puede haber productores a pesar de los considerandos?”.
Gilbert responde que no encuentra nada que lo impida. “La reglamentación la tiene que sacar Jefatura de Gabinete, ahí se podría incluir o no. Igual, lo que no está expresamente prohibido, se podría hacer. Es mi humilde opinión”, argumenta.
