El ARI-Coalición Cívica de Córdoba y el partido Encuentro Vecinal apelaron al ministro del Interior de la Nación, Wado de Pedro, para tratar de evitar que se produzca la re-reelección de un centenar de intendentes vía que, según esa agrupación política, sería habilitada en forma inminente por el Gobierno provincial.
Mediante una carta, distintos representantes y dirigentes políticos de ese espacio afirmaron que resulta “inminente” la “violación de la Constitución Nacional” por parte del Gobierno provincial.
Los firmantes aseguraron que es posible el “tratamiento y aprobación en la Legislatura provincial de un proyecto de ley que efectiviza un pedido formal realizado por alrededor de 100 intendentes y jefes comunales del interior cordobés, que busca aprobar la rehabilitación de la re-reelección para ellos, legisladores provinciales y tribunos de cuentas”.
“Lo expuesto, si bien quiere ser comunicado por el poder como una modificación normativa sin mayor trascendencia, representa en realidad una degradación del sistema democrático provincial y que tiene como objetivo perpetuar a los caciques dueños del estado en sus puestos de privilegio y, además, pareciera constituirse como un primer paso en la búsqueda de la reelección indefinida”, recalcaron.
Cabe señalar que algunos de los intendentes que buscan la continuidad de los mandatos pertenecen a Juntos por el Cambio, alianza de la cual el ARI y la Coalición Cívica forman parte.
El pedido a De Pedro lleva la firma de Leonor Martínez Villada, diputada nacional y presidente de la CC-ARI Córdoba; Juan Manuel López, presidente de la bancada de Diputados de la Coación; Cecilia Irazuzta, legisladora provincial; Aurelio Garcia Elorrio, exlegislador de Encuentro Vecinal, Gerardo Grossoy María Rosa Marcone, legisladores de ese espacio.
Tras alertar que esta situación impacta en la calidad de la democracia y perjudicaría “la protección de derechos humanos”, los partidos le reclaman a De Pedro que de permitir este paso, “el Estado argentino podría incurrir en responsabilidad internacional”.
Por estos motivos, “es que en virtud de la competencia establecida por la Ley de Ministerios por la cual es responsabilidad del Ministerio del Interior entender en las cuestiones institucionales en que estén en juego los derechos y garantías de los habitantes de la República”, entre otras, le solicitan la intervención.
Esta gestión debe tener por objeto, intimar al gobierno provincial “a los efectos de que cese los intentos de hacer efectiva esta iniciativa, desista de sus pretensiones y convoque al diálogo a las demás fuerzas políticas de la democracia”.
