La suba de los aportes personales para la Caja de Jubilaciones y la Apross fue una primera batalla ganada por el gobernador Martín Llaryora, en la disputa que le declararon los gremios estatales. La próxima pulseada será en dos semanas, cuando deban negociar el aumento salarial para el mes de enero.
Esta nueva negociación se pronostica áspera porque la inflación de diciembre estaría por encima del 25% en Córdoba, y además, los estatales quedaron con la “sangre en el ojo” por la suba de los descuentos a los empleados públicos.
En este contexto, Llaryora se guardó dos cartas que pondrá en la mesa de discusión salarial que se avecina: otra suba de dos puntos en los descuentos para la Caja de Jubilaciones y el diferimiento del cobro de los incrementos de haberes del sector pasivo respecto de los activos.
Con la ley sancionada el miércoles pasado, que elevó en 4 puntos los descuentos (2 para la Caja y dos para el Apross), el gobernador quedó con la potestad de subir otros dos puntos los aportes para el sistema previsional.
La ley se lo permite y sólo se trata de una decisión que debe tomar Llaryora.
La otra carta que se guardó el nuevo gobernador tiene que ver con el sector pasivo.
Hasta el 31 de diciembre pasado rigió una decisión del anterior gobernador Juan Schiaretti, quien postergó el diferimiento por 60 días del cobro por parte de los jubilados provinciales de los aumentos que perciben los activos.
La postergación del diferimiento alcanzaba a los jubilados que percibían hasta $ 500 mil de haberes, al 31 de agosto pasado.
De este modo, Schiaretti decidió sacar del diferimiento a gran parte de los jubilados, especialmente los docentes.
El diferimiento sólo se mantiene para las altas jubilaciones, que corresponden al Poder Judicial, Luz y Fuerza, municipales capitalinos (Suoem) y cargos políticos.
En conversaciones informales con algunos de los referentes estatales, el gobernador Llaryora habría prometido –según la versión de los gremialistas– mantener sin diferimiento a gran parte del sector pasivo.
Aunque el conflicto “a largo plazo” que le declararon los gremios estatales puede revertir esa situación.
“Es una potestad que tiene el gobernador. La idea era mantener postergado el diferimiento para gran parte de los jubilados, pero los estatales deben entender que todos tenemos que aportar algo en esta situación de crisis. Si se ponen intransigentes, a Llaryora no le temblará el pulso para habilitar el diferimiento para todo el sector pasivo”, advirtió un ministro de plana confianza del nuevo gobernador.
¿Paritaria caída?
Los estatales firmaron con el anterior gobernador Schiaretti una pauta salarial que se extendía hasta el 31 de enero. Ese acuerdo indicaba que para los meses de noviembre, diciembre y enero, la inflación en Córdoba que mide la Dirección de Estadísticas y Censos Provincial pasaba automáticamente como suba salarial para los estatales.
La administración llaryorista presentó un pedido ante la secretaría de Trabajo provincial dando unilateralmente por “caído” aquel acuerdo, con el argumento del desmadre de la inflación.
Los gremios rechazan esta decisión y aseguran que se debe cumplir lo acordado con Schiaretti.
Para el salario de diciembre, lo consiguieron en parte. La Provincia aceptó pagar como aumento la inflación de noviembre (12,9%), pero les descontó cuatro puntos por la suba de los aportes.
Es decir, que los agentes públicos están cobrando los salarios de diciembre, con un incremento real del 8,9%.
Por lo bajo, los gremios admiten que es “imposible” que el aumento de enero vaya en línea con la inflación de diciembre, que será altísima.
Los estatales se resisten a perder mucho en la carrera contra la inflación. Por eso se declararon en “estado de conflicto permanente”.
Del otro lado, Llaryora los espera con dos cartas sobre la mesa: la suba de aportes y el diferimiento para jubilados.
El receso veraniego complica a los gremios
La administración pública provincial se paraliza en enero, por lo cual, los gremios estatales provinciales tienen pocas chances de implementar su plan de “conflicto permanente” que le declararon al Gobierno provincial.
Los docentes ya adelantaron que “peligra” el comienzo del ciclo lectivo desde febrero, en caso de mantenerse la tensión con el Centro Cívico.
Mientras que los empleados de la administración pública provincial recién volverán en febrero.
En este contexto a partir del 15 de enero (sin fecha determinada), los funcionarios llaryoristas convocarán a los gremios para discutir el aumento salarial del corriente mes, que comienza a cargarse en los recibos a partir del 22 de cada mes.
La Provincia y los estatales se sentarán a negociar ya conociendo el índice de inflación de diciembre, que podría superar el 25%.
Como ya lo adelantó el intendente capitalino Daniel Passerini, para los municipales, el gobernador Martín Llaryora aspira a que los aumentos salariales tengan que ver más con los ingresos, que con la inflación. Hay que decir que la recaudación viene en caída libre.
En este contexto, todo indica que las negociaciones y las posibles medidas de fuerza de los gremios pasarán para el mes próximo.
