Por primera vez en su historia, la Administración Provincial del Seguro del Salud (Apross) previsionó para este 2024 una suma destinada a cubrir los amparos judiciales. Son 8.142,7 millones de pesos, una cifra que equivale al 23% de lo que en el 2023 se pagó en concepto de prestaciones médicas.
Ese monto supera, por ejemplo, lo que se gastó el año pasado en pagar las prestaciones bioquímicas, odontológicas, de salud mental y de fisioterapia.
Es, lejos, uno de los problemas más graves que hoy aqueja a la obra social provincial y a buena parte de los financiadores de la salud.
El número surge de los estados contables correspondientes al 2023, que acaba de girar el titular del Apross, Pablo Venturuzzi al Tribunal de Cuentas. Se avanza así en un camino de normalización de la información contable del organismo: lo último publicado data del 2020, aunque todavía faltan desagregar el detalle de los grandes ítems.
El dato de la previsión por amparos revela dos puntos: primero, que el ordenamiento de los números para este año permitieron “hacer un fondo” para afrontar el costo de los tratamientos que están fuera de la cobertura que ofrece la obra social provincial.
Previsionar juicios era un reclamo que le hacía el propio Tribunal de Cuentas incluso cuando tenía mayoría oficialista. Pero no había forma dada la extrema debilidad de los números del Apross.
Segundo, la creciente y preocupante cuenta de esas contingencias no previstas, que sacan de escuadra hasta los cálculos más holgados. Hoy, hay un stock permanente de 700 amparos atendidos y en el organismo aseguran que el promedio de ingreso es de uno por día.
Es más, hay 11 afiliados cuya cobertura demanda 898 mil dólares por mes.
El caso más costoso es el de un afiliado que reclamó la provisión del medicamento Vimizin, una terapia de reemplazo enzimático para tratar el síndrome de Morquio: cuesta $420,9 millones de pesos la droga para dos meses. Se necesita el aporte de 8.900 afiliados que no usen la obra social dos meses para cubrir sólo este tratamiento.
Hay otras drogas que cuestan entre 40 mil y 140 mil dólares por mes, como el Blincyto, que se usa para tratar la leucemia linfoblástica aguda.
“Apross es un seguro de salud, que tiene definido qué cubre y qué no cubre, como sucede con el seguro del auto. No es una obra social, que está obligada a cubrir el Programa Médico Obligatorio. Es una administradora de seguros de salud no regida por el PMO. A esto hay que entenderlo, sino se desvirtúa este subsistema de salud”, dice Venturuzzi.
Y da los ejemplos de Estados Unidos o Europa, donde la Justicia no hace lugar a ninguna prestación no contratada en la canasta prestacional. “Pero en nuestro país periódicamente se van incorporando nuevas prestaciones o medicamentos de alto costo vía normativa o a través de amparos judiciales y es muy difícil planificar cuántos recursos se necesitan”, agrega.
El ordenamiento interno al que apunta la nueva gestión arranca con un salvavidas enorme que les concedió el gobernador Martín Llaryora: el reconocimiento de una deuda de hace casi dos décadas de aportes y contribuciones que la Caja de Jubilaciones retuvo –en medio de una de las tantas crisis del sistema previsional- pero no giró al Apross.
Esa deuda fue actualizada por Ipim (precios mayoristas) y arrojó a diciembre 35.592,3 millones de pesos. Fue incluida –a sugerencia del auditor, no como ingreso sino como un “resultado por tenencia”- que mejora sustancialmente el balance del organismo. El convenio fue firmado el 20 de marzo pasado y la deuda será abonada en 36 cuotas mensuales, a pagar el último día hábil de cada mes desde mayo.
Cada cuota es de casi 1.000 millones al mes y aportará casi lo mismo que se recauda por el punto adicional de aportes personales que Llaryora les aplicó a activos y pasivos, el segundo salvavidas que avaló el Ejecutivo.
Los números de Apross
En el 2023 el Apross tuvo ingresos ordinarios por 245.366,9 millones y los gastos sumaron 289.540,9 millones. Eso significa que los ingresos que le faltaron equivalen al 15% de su gasto; un desvío de 44.173 millones.
En el estado de recursos y gastos que firma el contador público Vicente Dutto, el rojo se achica en el Excel a 8.581,8 millones, dado que se computa como ingreso futuro (bajo la figura de “resultados financieros y por tenencia”) los 35.592,3 millones adeudados que la Provincia aportará en cuotas durante tres años.
Aunque el propio Llaryora es renuente a admitir que el Tesoro provincial pone plata en la obra social, el pago en cuotas es un auxilio ante el cuadro calamitoso en el que se encontró a la entidad provincial.
¿Y cómo se cubrió ese agujero del 15% en el 2023? Pedaleando el pago a la industria farmacéutica y a los prestadores, a quienes les demoraron las transferencias y les pisaron los honorarios. Quedaron flotantes 35.519 millones del 2023, que se está buscando normalizar. La batalla más relevante está en el terreno de la industria farmacéutica, que subieron, lejos, por encima de la inflación.
“Esta ampliación cada día mayor de la cobertura, más la diferencia existente entre el aumento de los medicamentos y la inflación de los costos respecto del aumento del salario, hace que los financiadores de salud se desfinancien. En los últimos cuatro años los medicamentos aumentaron al 3.500% de inflación, mientras que los salarios y las cuotas apenas superan el 1.500 aproximadamente. Son algunos datos fatales del sistema”, dice Venturuzzi.
Las prestaciones médicas, que incluye internaciones y cirugías, representan el gasto más importante del Apross: 99.755,9 millones de pesos, el 41% del total del gasto ordinario.
En segundo lugar están los medicamentos HIV y especiales, que saca de eje las cuentas del Apross: este ítem medicamentos demandó 71.491,8 millones de pesos, 16,6% más que lo gastado en el 2023 y el 29% del total del gasto corriente. Además del HIV, acá están los tratamientos de hemofilia, esclerosis múltiple, piel de cristal y hasta cirugías por reasignación de género, que cuestan más de $20 millones.
Y hay sillas de ruedas que cuestan 20 mil dólares.
Algunas de estas prestaciones están previstas en las leyes que el Congreso fue agregando en los últimos años y otras, que no están contempladas, ingresan por orden judicial.
En tercer lugar está la atención de la discapacidad, que le lleva el 10% de los recursos, un tercio a instituciones de discapacidad, otro tercio a prestadores individuales y el resto a transporte. A diferencia de las obras sociales sindicales y prepagas, a quienes Nación les cubre este tratamiento mediante el Fondo Solidario de Distribución dado que maneja un porcentaje del aporte del trabajador, las entidades provinciales deben asumir el 100% de la cobertura.
Le sigue el gasto en medicamentos corrientes, con el 7% del total. En este rubro se abonaron 17.224,1 millones de pesos, 12,4% más en términos reales de lo que se había pagado en el 2022. La suba responde, según explican las autoridades, a una suba de costos y no a un uso extraordinario de medicamentos.
Se acordó con la industria un plan de pagos de la deuda del 2023 y el acuerdo del pronto pago, que da lugar a descuentos si se paga el 20 de cada mes.
Según un trabajo de la economista Marina Dal Pogetto, de la consultora Eco Go, entre diciembre del 2018 y febrero del 24, los medicamentos aumentaron en el período 3.477%, en segundo lugar detrás de los automóviles, que treparon 3.579%, cuando el nivel general fue del 2.519%.
Luego le sigue el gasto en prótesis, órtesis y similares y lejos, el resto de las prestaciones profesionales específicas, como bioquímicos, fisio y salud mental. No cubrió fonoaudiología en el 2023.
La pregunta del millón es si se han enderezado los números y la respuesta es que no. En el 2024, pos devaluación y fogonazo inflacionario, el rojo corriente llegó al 20% del gasto.
Las autoridades aseguran que en el primer trimestre se revirtió el rojo a cero, aunque todo es de corto alcance.
El acuerdo con la industria farmacéutica, el punto adicional que se le cobra al activo (que pasó del 4,5 al 5,5%) y al pasivo (que fue de 5 a 6%), más el aumento significativo que se les aplicó a los voluntarios y al fondo de enfermedades catastróficas dieron oxígeno, pero el Apross sigue corriendo de atrás: la inflación IPC del primer trimestre fue del 51,3% y la paritaria con los gremios pagó 31%.
En julio hay acuerdo con los gremios para aplicar el Fosaet, un fondo específico para atender las enfermedades emergentes que se creó este año, que será de 3.800 pesos fijos para los sueldos brutos por debajo del 1,6 millón y de 6.800 para los que superen ese monto.
Se pretendía aplicar en marzo y pasó para julio. El Fondo de Enfermedades Catastróficas, que se cobra hace muchos años, se ajustará por salarios y no por inflación, como se pretendía.
El telón de fondo está en la macro: en la medida en que persista la inflación, todo el sector de salud es castigado porque la inflación específica del sector (medicamentos, prótesis) sube por encima de los costos generales y los salarios van por detrás incluso del promedio general. Es clave, como en todos los sectores, que se estabilice la economía.
