El pavoroso incendio que el pasado Viernes Santo afectó parte de las instalaciones de la sede de la obra social provincial Apross aguarda por estas horas la finalización de los peritajes. Estos deben determinar cómo se originó el fuego y si hay o no responsables.
La pregunta central para la política doméstica se reduce a un solo interrogante: ¿el siniestro fue causado por un desperfecto técnico, por un accionar negligente o hubo intencionalidad de que algo se quemara, para afectar o encubrir algo? Con matices en los planteos y mayor o menor cautela, según el caso, todo el arco opositor sospecha lo segundo y exige respuestas al oficialismo.
La hipótesis de este grupo es directa: el Gobierno provincial intenta obstruir –vía destrucción de pruebas– las causas abiertas en las que se busca determinar responsabilidades por distintas estafas millonarias contra el seguro de salud estatal. En estas maniobras podrían estar involucrados ex altos funcionarios que tuvieron control sobre la Administración Provincial del Seguro de Salud, y otro personal de menor rango.
Pese a que de la investigación no haya surgido hasta ahora elemento alguno que alimente la sospecha opositora, en la Legislatura hay variados proyectos presentados en los últimos días por bancadas no oficialistas que refuerzan la idea de intencionalidad en el siniestro.
En la administración Llaryora denuncian un “aprovechamiento político” del asunto y aseguran que los cuestionamientos cesarán cuando se conozcan los informes periciales finales que nutren la investigación judicial por el siniestro. Además, remarcan que las denuncias sobre fraudes fueron realizadas por el propio Estado.
La pesquisa del incendio quedó a cargo de la fiscal Celeste Blasco, quien tomó la posta tras una primera intervención de Ernesto de Aragón, fiscal de turno el día del siniestro.
El insumo central que valorará Blasco será proporcionado por peritos de Bomberos y por personal de la Dirección de Investigación Operativa (DIO), que depende de la Policía Judicial y “no de la Policía”. Esta no intervención policial es remarcada en el Centro Cívico, que busca despejar el señalamiento de la oposición sobre una posible injerencia de la fuerza. También aportará su opinión un perito externo contratado por el Ministerio Público Fiscal.
Se sabe que el fuego se inició en el segundo piso, donde las pérdidas fueron casi totales. Las llamas se propagaron rápidamente al tercer piso, donde funciona el área de Sistemas, recientemente mudada a ese sector. Allí, los daños fueron menores. Los servidores quedaron a salvo, remarcan desde la investigación.
En el piso donde todo comenzó funcionaban áreas administrativas y de auditoría, y había documentación –especialmente en soporte papel– que fue consumida por las llamas. Hacia allí apuntan los señalamientos opositores. Rodrigo de Loredo fue explícito al referirse al tema. Luis Juez, en cambio, evitó hablar en público hasta el momento, pero en privado piensa lo mismo que el radical.
Desde un despacho oficial, aseguran con vehemencia que “nada que tenga que ver con las causas judiciales en curso fue dañado”. “Incluso si se hubiera quemado todo el edificio, no se habría perdido nada. La prueba física no estaba allí. Y lo que no es físico está respaldado digitalmente”, resaltan.
En la oposición dudan de esa aseveración y subrayan que se pudo haber perdido documentación que podría ser sensible en líneas de investigación que aún están en etapas preliminares.
Hay un recuerdo nacional aún latente de destrucción de pruebas que vino a la memoria en los últimos días. En febrero pasado, se cumplieron 11 años del incendio en el barrio de Barracas, en Caba, de los depósitos de la firma Iron Mountain, dedicada a almacenar archivos físicos y digitales. En 2015, la Justicia determinó que existieron intenciones de incendiar el depósito de esa empresa para hacer desaparecer documentos vinculados al lavado de dinero. La sospecha es que esas prácticas involucraban a empresarios con conexiones con la gestión macrista de ese entonces.
Volviendo al caso Apross, la pericia final indicaría que no se encontraron en el lugar acelerantes ni combustibles que hayan favorecido la propagación de las llamas. Tampoco hubo, al parecer, puertas ni ventanas violentadas. Sólo una persona, un técnico informático, ingresó el viernes por la mañana. Ese movimiento está asentado en el libro de novedades. Es alguien conocido del director de Apross, Pablo Venturuzzi. “Esa persona no estuvo en el segundo piso, donde se inició el fuego. Sólo en el tercero, en Sistemas”, aportó otra fuente al tanto de la investigación.
Defraudaciones millonarias
Desde 2019, primero bajo la dirección del fiscal José Mana y ahora bajo el control de su colega José Bringas, se abrieron unas 50 líneas investigativas por diferentes irregularidades que constituyen delitos de defraudación contra la obra social. Las maniobras son múltiples: falsificación de recetas para acceder a medicamentos que luego son vendidos en el circuito informal; facturación indebida de prácticas médicas que nunca se realizaron, y retiro de medicamentos en farmacias por afiliados “mellizos”, que obtenían las drogas antes que las requirieran los beneficiarios reales.
Desde 2023, con la llegada de Llaryora al poder, se puso en marcha una Unidad Antifraude, a cargo del vocal de Apross Sebastián García Petrini.
La semana pasada, Apross volvió a ser noticia por la detención de una banda que, según la investigación, defraudó por una cifra millonaria a la obra social mediante el cobro de prácticas inexistentes. Bringas ordenó 13 aprehensiones que se ejecutaron dos días antes del incendio. Entre los detenidos, hay cinco policías, tres de ellos en actividad.
El caso encendió las alarmas otra vez en el Panal. Más policías presos, en una seguidilla que parece incontenible y que tiene a decenas de uniformados en Bouwer, acusados por distintos delitos. Esos exuniformados están al cuidado del mismo Servicio Penitenciario que tiene a toda su anterior cúpula entre rejas por haber hecho todo lo contrario de lo que les demandaban sus funciones.
El gobernador Martín Llaryora fue informado de inmediato del incendio en la sede de Apross. El primer funcionario en llegar fue el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros; el segundo, su par de Salud, Ricardo Pieckenstainer. Llaryora puso el grito en el cielo y pidió explicaciones, porque ni el abogado Venturuzzi, máximo responsable de la obra social, ni el director general de Coordinación Operativa, Carlos María Nouzeret, estaban en el país en el momento del incendio. El fin de semana largo los encontró de viaje.
